Archivo por meses: Diciembre 2011

La Ley Sinde y los cuatro gatos fascistoides

La aprobación del reglamento de la denominada Ley Sinde o algo similar por el nuevo Ejecutivo estaba cantada. Era cuestión de días o semanas. El propio Gobierno de los Estados Unidos, en defensa de sus majors,  ya le dejo claro a Mariano Rajoy hace un par días de forma imperativa, a través de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en España (AmChamSpain), la urgencia de la aprobación inmediata del reglamento antidescarga.

Obviamente, cuando nombraron a José Ignacio Wert Ortega Ministro de Educación, Cultura y Deporte y a José María Lassalle secretario de Estado de Cultura, defensores a ultranza de la persecución de las descargas de contenidos, estaba claro que sería una de las primeras medidas de la política cultural del Partido Popular. Una medida que, en en el fondo, ha quedado diluida en el tijeretazo histórico de los recortes y las subidas de impuestos que afectan directamente a las rentas del trabajo y a la clase media.

Hasta cierto punto, me extraña la reacción de algunos de los activistas contra la Ley Sinde y su pretendido desconcierto por la aprobación del reglamento si consideramos los indicios que hemos comentado al principio. Sobre todo, los activistas con un cierto protagonismo de evangelizadores de la Red que directamente o indirectamente están promoviendo un boicot comercial a cualquier autor, productor o interprete que figure en la lista negra que han creado alguno de los promotores de #nolesvotes y #redresiste  para que las “masas virtuales” vayan incluyendo a personas físicas que en algún momento manifestaron su simpatía a la Ley Sinde o defensa del copyright. Una actitud que se puede calificar, con suavidad, como infantiloide, pero que en términos políticos es equiparable a los métodos y criterios que aplicaba el fascismo en el siglo XX apelando a  la denuncia y al linchamiento de las personas.

La estigmatización a través de listas negras descalifica a sus promotores y seguidores.  No es la vía para el encuentro entre los creadores e interpretes con los consumidores en la Red. Un debate aún ausente y que será largo en la búsqueda de una verdadera cultura sostenible y de calidad no subordinada a los grandes intereses económicos. Porque los que han propiciado la Ley Sinde, no son las personas que empiezan a figurar en la lista negra, son los intereses de la gran industria del ocio-pseudocultural cuyos principales protagonistas son los majors, es decir, los seis estudios de cine norteamericanos que dominan la industria cinematográfica global y las cuatro compañías discográficas que dominan el mercado internacional de la producción y distribución musical.

Si #redresiste persiste en alimentar la lista del boicot, al final, la exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde pasará a la historia como émula del Cid Campeador, ganando la última batalla después de su muerte política al conseguir la aprobación de “su” ley y que únicamente queden cuatro gatos exaltados en contra del reglamento con un comportamiento fascistoide.

El espíritu inquisidor, tan arraigado en nuestra cultura, no es la vía.

Imagen: Capricho nº 23: Aquellos polvos de Goya, serie Los Caprichos, 1799

Actualización: Según Confucio “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”. Los promotores de la lista negra, después de las numerosas críticas que se han manifestado en los medios sociales han abierto la lista blanca de autores y empresas que están en contra la Ley Sinde. Rectificar siempre es de sabios, lamentablemente la lista negra aún sigue vigente (3/01/2012 14:00). Persistir en el error al establecer la dualidad entre personas “buenas” y “malas” por sus opiniones con respecto a una Ley, acentúa, aún más, el carácter facistoide de la iniciativa.

Reivindicando al empleado público

El chivo expiatorio

Con la crisis económica-financiera que nos azota, el empleado público, es decir todo aquel trabajador por cuenta ajena que está al servicio de la Administración Pública, sea funcionario, laboral o eventual, se está convirtiendo en una especie de chivo expiatorio que debería pedir perdón por trabajar y estar al servicio de los ciudadanos.

Se les recorta el sueldo en nombre de la “solidaridad” con los trabajadores del sector privado,  con el argumento de que como tienen la plaza asegurada por vida, se pueden estrechar el cinturón. Es un argumento tan repetido, últimamente, por los políticos y otros estamentos de los poderes económicos, que está calando en la ciudadanía la visión de que los empleados públicos son una especie de casta privilegiada. Obviamente,  un privilegio que únicamente se les podría atribuir al funcionario de carrera con plaza en “propiedad”, porque el resto, un número significativo, tiene el estatuto de cualquier trabajador.

Ahora, desde la CEOE, la organización de la gran patronal, se dice que sobran funcionarios y empleados públicos que “no hacen bien su labor” o que, debido a las transferencias de competencias, “se han quedado sin trabajo y no tienen nada que hacer“.

En cierta medida, se está elaborando un discurso fácil y demagógico sobre un colectivo profesional cuya inmensa mayoría realiza bien su labor de acuerdo con los márgenes de maniobra que disponen. Algo fácil de visualizar en muchos de los servicios finalista que nos afectan directamente como la sanidad, la educación, la seguridad, la asistencia social, el auxilio en emergencias, y un largo etcétera. Otra cuestión son las políticas y la gestión de estos servicios públicos finales que están secuestradas en manos de los intereses y el cortoplacismo de los partidos políticos con responsabilidad de gobierno en el Estado, las Comunidades Autonómicas o los Entes locales.

Es cierto que hay un número significativo de empleados públicos que están en las AA.PP. en base a las “cuotas” del clientelismo político o el “enchufismo” de parientes y amiguitos del alma. En general, la mayoría de éstos, están ubicados en las estructuras burocráticas de control al servicio de los departamentos y negociados junto con una cohorte de cargos de confianza y asesores, o en las “empresas” públicas de dudosa finalidad para garantizar puestos de trabajos para los allegados. No olvidemos, por ejemplo, que quien decide las estrategias y aplica los criterios en la persecución del fraude fiscal, no son los Inspectores de Hacienda a pesar de sus denuncias,  son los responsables políticos y cargos de confianza del organismo. No son los empleados públicos quienes deciden la adjudicaciones de concursos públicos donde, en determinados casos, abundan las pautas fraudulentas. No son los empleados públicos los que se sentaron con el “yernísimo” Undargarín para sus presuntos tejemanejes corruptos bajo el eufemismo de actividades profesionales a cargo del erario público.

La CEOE, debería empezar por barrer en su casa antes de preocuparse por los problemas del sector público. Empezando por su estructura con un entramado de más 5.000 agrupaciones de base repartidas por todo el territorio con sus miles de asesores, abogados, personal administrativo y profesores dedicados a tareas burocráticas financiadas, en una importante parte, por las subvenciones públicas.  Además, si realmente miran por los interés común, deberían denunciar y perseguir al 80% de las empresas del Ibex-35 que están  presente en paraísos fiscales evadiendo una parte sustancial del impuesto de sociedades. Asimismo, deberían concentrarse para cambiar un modelo empresarial cortoplacista y, en muchos casos especulativo, por un modelo competitivo basado en las nuevas tecnología, en lugar de recurrir a la depauperación de las condiciones y costes laborales de los trabajadores.

El sector público gestionado con criterios de eficiencia, tanto social como económica, sin la rémora del clientelismo político, para un determinado número de servicios, siempre será más económico y eficiente que el sector privado. Por ejemplo, una de las joyas de la corona de los servicios públicos es nuestro sistema sanitario, un modelo de referencia mundial, tanto por su cobertura asistencial, como por sus referencias punteras en muchas de las áreas asistenciales.  No es fruto de la casualidad que entre los días  23 y 25 de Noviembre de 2011, se realizasen 94 trasplantes de órganos en 72 horas, gracias a 39 donantes. Un récord mundial de intervenciones de extracción y trasplante de órganos en un país. Y no es la primera vez. Un modelo español de donación y trasplantes de órganos que es copiado en todas partes del mundo donde convergen el sistema de donación, la calidad técnica de los profesionales, una legislación pionera, y un sistema de coordinación de las intervenciones público y equitativo. Algo que un modelo de sanidad privada, basada en criterios como el margen económico o los beneficios, nunca podrá superarlo. Por motivos como éste, debemos reivindicar al empleado público, el sector público, y exigir a la clase política que no utilice las AA.PP. como reducto para su clientelismo político.

¿Sobran empleados públicos o carecemos de una economía competitiva y una fiscalidad más justa? Más bien lo segundo, países como Dinamarca, Suecia o Finlandia, el porcentaje de funcionarios sobre la población activa es del 26%, 22% y el 19% respectivamente. En España, sin embargo, el número de empleados públicos es del 13%.

Sí, hay que echar a toda esta rémora corrupta y parasitaria del clientelismo político que mancilla al empleado público y ponen en peligro nuestro estado del bienestar. Pero por favor, no toquéis ni invalidéis al empleado público, al profesional, que trabaja por el bien común de todos los ciudadanos.

Imagen: The Scapegoat (‘El chivo expiatorio’), obra del pintor inglés William Holman Hunt (1854).

Perspectivas de empleo para los próximos años (2011-2030)

Ayer presentaron en la Universidad Europea de Madrid el estudio, Creating Jobs in a global economy 2011-2030, un trabajo de investigación realizado por la consultora de empleo Hays en colaboración con Oxford Economics, donde se destaca las principales tendencias del mercado de trabajo global, así como su desarrollo en las próximas dos décadas.

En el estudio se analiza la forma en la que los gobiernos y las empresas se tendrán que adaptarse a un mundo en constante cambio, y cómo los trabajadores deberán afrontar nuevos retos por el cambio global que ya se está produciendo debido a la evolución  demográfica (crecimiento de la población mundial y el envejecimiento); el cambio climático; o los nuevos equilibrios mundiales entre diferentes países y economías y su impacto en la competitividad. Aspectos con una amplia repercusión en el mercado laboral.

Del resultado de la investigación, se propone un plan de cinco puntos que gobiernos, organismos internacionales y empresas multinacionales deberían tener en cuenta en sus políticas:

1. Mantener las fronteras nacionales abiertas para el movimiento de trabajadores cualificados.
2. Establecer acuerdos internacionales para facilitar la migración de los trabajadores.
3. Invertir en formación y educación.
4. Crear oportunidades de empleo en el mundo desarrollado.
5. Mantener a las personas más mayores en el puesto de trabajo.

En el análisis de tendencias, se  destacan aspectos como la necesidad de una mayor cualificación, formación y experiencia para los puestos de trabajo con mayor futuro, considerando que muchos de los puestos de trabajo  intermedios irán desapareciendo al ser sustituidos por las nuevas tecnologías (TIC, robótica y otras).

Por último, destacar la recomendación de que los países desarrollen estrategias sectoriales orientadas a identificar sus sectores punteros y potenciarlos al máximo con el objetivo de consolidar puestos de trabajos locales, al mismo tiempo que se reduce el efecto de externalización de la actividad.

En fin, un análisis de obligatoria lectura para todos aquellos que gestionan y deciden las políticas económicas en nuestro país, porque en su lectura se pone en evidencia, una vez más,  nuestras carencias y los retos que, como país, tenemos planteados. Por el momento, nosotros seguimos en el ojo del huracán de la crisis y  los pronósticos, para el próximo año y los venideros, es que continuemos en la misma situación.

En otras palabras, un panorama desalentador: ofertas de empleo inexistentes; empeorarán las condiciones de trabajo y los beneficios sociales, y, mientras no podamos devaluar la moneda (efecto euro),  la única forma de ganar algo de competitividad será seguir reduciendo los costes de la mano de obra (salarios), dada la escasez de innovación y tecnología en el tejido productivo actual.

 

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