Archivo por meses: Abril 2012

Recetas y estilos para incrementar la productividad

La semana pasada, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, debió de recibir un par de nuevos collejas de sus jefes (BCE, FMI, Merkel, ….) por su falta de diligencia en las reformas y ajustes para relanzar nuestra maltrecha economía. Sin embargo, las collejas actuaron como mano de santo, porque el viernes ya anunció dos medidas que puede ser considerada de gran calado: la posibilidad de reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo (cotizaciones sociales del trabajo) y, para compensarlo, el incrementar la imposición del consumo  (IVA e impuestos especiales) a partir del 2013.  En otras palabras, una “devaluación fiscal” ya que España, por su pertenencia a la zona euro, no puede realizar una devaluación monetaria (Xavier Sala i Martín explica el concepto de devaluación fiscal con detalle  en su blog).

Si a estas medidas le añadimos el impacto directo e indirecto que tiene la Reforma Laboral en la reducción de los costes de la mano de obra, desde los costes por despidos al efecto perverso de la bajada de los salarios provocado por un mercado del trabajo en depresión con nula fuerza de negociación, el efecto esperado es que se incremente la competitividad (menos costes por recursos humanos) facilitando la reducción del déficit exterior con el incremento de las exportaciones y la reducción de las importaciones. Es decir, nos encontramos con una nueva chapuza para paliar la falta de productividad y competitividad de la economía española. La cuestión clave es,  después de más de una década, que se siguen sin abordar las reformas estructurales necesarias, una responsabilidad de los sucesivos gobiernos del PP con Aznar y de los gobiernos del PSOE con Zapatero, y todo apunta que tampoco figura en la agenda del gobierno actual de Rajoy si nos atenemos a su errante política económica.

El anuncio del ministro De Guindos de subir el IVA ha provocado una conmoción en el seno del Partido Popular, ya que su negativa a cualquier subida de los impuestos indirectos fue bandera durante su etapa de oposición al gobierno de Zapatero y fue uno de los puntos de su programa electoral en las generales del 2011. Obviamente, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la pareja de Luis de Guindos en el área económica, se tuvo que despachar con el eufemismo de “ponderación de impuestos” para no mentar la bicha de “subida del IVA”:  “No vamos a subir impuestos en España, vamos a cambiar la ponderación de los mismos para favorecer el crecimiento y, sobre todo, la creación de empleo”… “los contribuyentes en España no pagarán más impuestos”.

Pues eso, Montoro y De Guindos compiten con Mortadelo y Filemón ya que el comportamiento del tándem  de los dos ministros se parecen, cada vez más, a las barrabasadas de la famosa pareja del tebeo creada por Francisco Ibáñez: Mortadelo y Filemón.  La única diferencia es que  Montoro y De Guindos nos hace llorar, mientras que Mortadelo y Filemón nos hace reír.

La EPA, un indicador de la sutil violencia del Sistema

Los números y gráficas de las estadísticas socioeconómicas, en una primera mirada, muestran con frialdad los datos objetivos de determinadas realidades. En su interpretación y análisis pasamos de los fríos datos objetivos a las complejas realidades de las personas y, en la situación actual, vemos como se evidencia la sutil y efectiva violencia (mobbing) de un Sistema económico, político y social contra los sectores más débiles de nuestra sociedad. Reitero el concepto de violencia, porque estamos delante de una violencia psicológica que implica una coerción, aunque no haya uso de la fuerza física. No debemos olvidar que la coacción psicológica también es una forma de violencia.

El INE acaba de publicar la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2012 y sus datos siguen siendo desalentadores: un persistente deterioro del mercado laboral con un nuevo máximo histórico de 5.639.500 desempleados (24,44%). Un dato global que incluye una tasa de desempleo de los menores de 25 años del 52%; cuatro comunidades que superan el 30% de desempleo: Ceuta (35,50%), Andalucía (33,17%), Canarias (32,28%) y Extremadura (32,05%); o el hecho de que el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro sigue aumentado y asciende a 1.728.400 (10%)  de los 17,4 millones de familias que hay en España.

Una situación socioeconómica que se traduce en el incremento de las ejecuciones hipotecarias. En el periodo 2007-2011, la justicia española ha ejecutado casi 350 mil hipotecas (un dato que no da la “idea real” de todos los inmuebles que se están ejecutando en los juzgados, porque una única petición puede conllevar la subasta de varios bienes) que van acompañadas, la mayoría, de los correspondientes desahucios (58.241 expedientes de desahucios en 2011, según los datos del Consejo General del Poder Judicial). Sin empleo y sin vivienda, dos derechos consagrados en la Constitución (artículos 35 y 47), nos encontramos con cientos de miles de personas condenadas al tránsito de la miseria cuyo único recurso son los Bancos de Alimentos o los comedores de las ONG como Cáritas.

La violencia física produce un traumatismo u otro daño y lo produce inmediatamente. La violencia psicológica actúa en el tiempo. Es un daño que se va acentuando y consolidando en el tiempo. Cuanto más tiempo transcurra, mayor y más sólido será el daño. El Sistema utiliza una violencia psicológica con mil caras.  Practica una manipulación mental de la ciudadanía, desconoce el valor de la víctima como ser humano, en lo que concierne a su libertad, a su autonomía, a su derecho a tomar decisiones propias acerca de su propia vida y de sus propios valores. Quiere convencer a la ciudadanía (es su storytelling) que todos hemos vivido sobre nuestras posibilidades y, por lo tanto, se requiere un extenso tratamiento de reformas, ajustes y recortes que merman derechos laborales (objetivo: una mano de obra más barata y más dócil), y merman servicios básicos como la educación y la salud que afectan a la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, los que realmente se han beneficiado de los excesos de estos últimos años no les afectan las reformas, ajustes y recortes, al contrario, están obteniendo beneficios o esperan obtener beneficios a medio plazo de todas estas medidas. Simplemente porque son el núcleo del poder económico, social y político del Sistema, y como tales van estableciendo las reglas (normas y leyes) según su conveniencia.

Es una forma de violencia que se ejerce sobre la ciudadanía, con una estrategia y un objetivo. Buscan socavar su seguridad, su autoafirmación y su autoestima e introducen malestar, preocupación, angustia, inseguridad, duda y culpabilidad. Su metodología es perversa, va seleccionando grupos de población y pone foco en ellos para determinadas acciones programadas: los funcionarios, los pensionistas, los emigrantes, los estudiantes, los parados …  Los van culpabilizando de los males generales: unos son poco productivos (deben “olvidarse de leer el periódico y tomar el cafelito”); otros consumen abusivamente medicinas; personas sin papeles que hacen turismo sanitario; estudiantes que son unos vagos; parados que trabajan en negro… En la estigmatización de un determinado colectivo de ciudadanos, el Sistema busca la complicidad implícita o el consentimiento del resto de los ciudadanos, que, o bien colaboran, o bien son testigos silenciosos de la injusticia, pero callan por satisfacción íntima o simplemente por egoísmo: “mientras no me toque a mí“.

El Sistema es incapaz de corregir y optimizar su propio funcionamiento en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Le beneficia el despilfarro que se produce en la mayoría de sus estructuras de servicios públicos por una deficiente gestión. Posiblemente porque facilita la corrupción, la especulación y la demagogia en sus proclamas. Además, garantiza a sus más fieles servidores en los puestos públicos, cuando cesan, un puesto en el sector privado. Es una forma para mantener la cohesión en el núcleo del poder.

Tampoco debemos olvidar que el Sistema se reserva el derecho a la violencia y coacción física cuando considere que su sutil y efectiva violencia psicológica no es suficiente para tener dominados al resto de las personas. Porque la violencia física es el último recurso del incompetente (Isaac Asimov) y esta ha sido la constante del Sistema a lo largo de la historia de la humanidad. Espera un mes de Mayo reivindicativo, ya está amenazando: la resistencia pacífica de los ciudadanos será delito; no permitiremos la ocupación de las plazas…

Y más de uno aún se pregunta: ¿Por qué hay tanta gente indignada?…

Andalucía no es Islandia. El acuerdo PSOE-IU es un brindis al Sol

Se acaba de publicar el acuerdo de legislatura entre el PSOE e Izquierda Unida (IU) (descargar aquí). En una primera lectura es un documento que, desde un punto de vista programático, lo suscribo desde una posición política clásica de izquierda en un contexto donde las políticas económicas y sociales del neoliberalismo para superar la crisis están castigando de forma directa a los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía. Sin embargo, en una segunda lectura me plantea una serie de dudas sobre su viabilidad y la credibilidad ideológica que lo sustenta. Porque hemos de considerar la premisa de una situación socio-económica de partida que es la herencia de más de 30 años de gobierno del principal socio de la nueva coalición, y de que la deriva programática del PSOE andaluz a posiciones más de izquierda, según se desprende del acuerdo, está determinada por la necesidad de pactar con Izquierda Unida para seguir gobernando y no de una profunda renovación del partido.

Los ejes centrales del acuerdo, 26 nuevas leyes y 250 medidas, son un plan de choque urgente contra el desempleo, un modelo más sostenible de la economía, el incremento de la participación ciudadana y la profundización de la democracia, la protección social y, por último, la profundización de la autonomía Andaluza y voz propia en la Unión Europea. Hasta aquí, las líneas programáticas que cualquier persona progresista suscribiría, no obstante una parte importante de las medidas propuestas están supeditadas a un presupuesto de ingresos y gastos (no se hace alusión) acorde con el criterio de “estabilidad presupuestaria” fijada con la reforma, en 2011, del artículo 135 de la Constitución y los objetivos de reducción del déficit que se establezcan desde el Gobierno central y la Unión Europea.

El plan de choque incluye el impulso de diversas obras públicas para reducir el desempleo entre los parados más desfavorecidos; el desarrollo de un modelo de economía sostenible donde se apoye a las pymes y autónomos y por diversos sectores estratégicos, como la industria aeroespacial, las energías renovables, la biotecnología, las nuevas tecnologías, la economía verde, o la I+D+i entre otros; o la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz que inyecte liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, todas estas medidas requerirán de la disponibilidad de recursos y capacidad de endeudamiento que, a corto y medio plazo, difícilmente se podrán disponer, aún más, se dispondrá de menos recursos si quieren preservar el modelo social de educación y sanidad de los recortes que le está marcando el Gobierno central, las iniciativas estarán lastradas por una cuestión de prioridades.

En otras palabras, poco dinero para un plan económico y social muy ambicioso. No debemos olvidar que aunque la población andaluza ha mejorado de manera notable su calidad de vida gracias a los ingentes recursos que ha ido recibiendo durante estos años de la Unión Europea y de la solidaridad interna española de otras comunidades, pero la realidad es que Andalucía no ha alterado sustancialmente su posición estructural en la economía española y continua en los veinticinco puntos por debajo del promedio de la riqueza española, exactamente la misma posición que ocupaba en 1982.  Durante 30 años, el principal socio de la coalición ha tenido la oportunidad, en tiempos de bonanza, de alterar la situación y no lo ha hecho, dudo mucho que lo puedan hacer inmersos en una crisis financiera y económica sistémica.

Posiblemente, la única vía de incrementar recursos propios pasa, tal como se propone en el documento, por el gravamen permanente sobre la riqueza que pasa por el Impuesto sobre el Patrimonio, la reforma del Impuesto de Sucesiones, una fiscalidad verde y una ley andaluza contra el fraude. Aunque se tendrá que conocer el alcance real de dichas medidas y su impacto en las arcas públicas. Asimismo, las propuestas de modernización de la Administración pública choca frontalmente con una administración donde el clientelismo político del principal partido de la coalición ha sido dominante durante décadas y una administración sobredimensionada donde 17 de cada 100 personas empleadas trabajan para la administración pública (12 en el País Vasco o menos de 10 en Cataluña).

Sobre la transparencia y la propuesta de un Estatuto para los Altos Cargos de la Administración con un código ético, el problema de partida sigue siendo la trama de los ERE y la forma como lo ha ido gestionando el PSOE durante todo este tiempo, negando comisiones de investigación. En mi opinión, un tema que se debería cerrar políticamente con la mayor transparencia creando, al día siguiente de la toma de posesión, la comisión de investigación pertinente que permita despejar cualquier duda.

Muchas son las dudas sobre la viabilidad del acuerdo y las posibles expectativas que pueda plantear en sectores de la izquierda de una Andalucía como bastión de regeneración de la vida política y modelo alternativo socioeconómico para superar la crisis actual, porque el margen de maniobra político y económico, lo reitero, es muy reducido para un plan tan ambicioso. Me gustaría poder equivocarme y la experiencia del nuevo Gobierno sea un revulsivo contra las políticas actuales que imperan en la Unión Europea. Lamentablemente, Andalucía no es Islandia, no es un país independiente y soberano para aplicar un modelo socio-económico alternativo para salir de la crisis, además está encorsetado por la moneda única y las reglas que está marcando la Unión Europea.

PD: La imagen se corresponde con la frecuencia de términos utilizados en el documento del acuerdo. La nube de palabras ha sido generada a través de aplicación web Wordle.

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