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Iñaki Urdagarín, la guinda de la tarta de la corrupción

Semanas tras semanas, la figura de Iñaki Urdagarín se va transfigurando en un híbrido entre el Pijoaparte, el personaje creado por Juan Marsé en su novela Últimas tardes con Teresa, y el personaje de Toni Montana de la película Scarface dirigida por Brian De Palma con guión de Oliver Stone. La de un hombre de de actitud pícara y algo choricete, atractivo con complexión atlética que conquistó a la chica de bien rebelde con su clase social, en la realidad una princesa “acorde” con su generación, y la del hombre que quiso triunfar a cualquier precio con su ética particular pero sin moral.

Semana tras semana, desde el momento en que en el caso Babel, derivado de la investigación del caso Palma Arena, aparecía una probable imputación por un supuesto desvío de dinero público desde el Instituto Nóos que presidía el Duque consorte de Palma de Mallorca, la gran mayoría de los medios de comunicación van desgranando las supuestas fechorías del Excelentísimo Señor (tratamiento adquirido por su condición de yerno). En el principio a través de las filtraciones del sumario y, posteriormente, por los contenidos públicos de éste. No deja de ser curioso que los medios de comunicación, el pretendido cuarto poder, no tuviesen evidencias de las supuestas fechorías, las cuales se remontan a varios años atrás, dada la extensión de éstas. Un supuesto cuarto poder que, como bien señala David Trueba en su excelente artículo Ornitorrinco, se ha limitado a ser mero voceador de los comunicados de prensa sin la menor actitud periodística, y “resulta ridículo verlos ahora salir a tirar piedras al dragón que ya no echa fuego por la boca y echar mano del hacha para hacerse medallas con la madera del árbol caído”.

Para un ciudadano, no súbdito, como el que escribe esta entrada en el blog, se le hace extraño los intentos de desvincular a la Casa Real, nuestra más alta institución del Estado, el conocimiento de las supuestas fechorías del yerno. Empezando por la propia Infanta Cristina, vinculada jurídicamente y administrativamente en varios de los negocios y en otras actividades como la compra y mejoras del palacete de Pedralbes. La Justicia es igual para todos, nos dijo el Rey en su discurso de Nochebuena. ¡Espero que así sea!. Porque muchos ciudadanos empezamos a estar convencidos que el dorado “exilio” a la ciudad de Washington, estuvo motivada para poner tierra de por medio y correr un tupido velo, que por motivos profesionales.  Fue como la huida de Michael Corleone a Sicilia después del asunto de “El Turco” y McCluskey, mientras se calmaban las aguas. Para los cinéfilos, El Padrino en su esencia. Añoro esos países, como en el caso de los Estados Unidos, donde a la máxima autoridad del país se le permite casi todo, menos mentir: ¡Qué se lo pregunten al difunto Richard Nixon o a Bill Clinton!

Al margen de que el supuesto peso de la ley caiga sobre los culpables de todo el entramado corrupto montado alrededor de los supuestos negocios ilícitos de Urdagarín. Me pregunto: ¿Qué pasará con todas las instituciones, gestores públicos y políticos que financiaron con dinero público las actividades del susodicho y sus socios saltándose los procedimientos administrativos?. Algunos, como el caso del expresidente de la Comunidad Balear, Jaume Matas, está tan pringado por otros temas, que la derivada del Instituto Nóos es una minucia en su abultado expediente. Sin embargo, otros responsables en la Comunidad Valenciana, Baleares y el Tripartito de la Generalitat de Cataluña alimentaron el cazo de Urdagarín con dinero público a cambio de informes fantasmas, búsquedas de patrocinios dudosos o chapuceros estudios por ser el yerno del Rey. Todos estos individuos, por el momento, están “mirando pa’ Cuenca” esperando que los daños colaterales sean los mínimos.

Y es que, el híbrido entre el Pijoaparte y Toni Montana, es como una guinda que destaca en la tarta gracias a que ésta existe. Urdagarín se ha enriquecido presuntamente gracias a la tarta de los corruptos; gracias a los gestores de lo público acuclillados a los intereses particulares del Poder, olvidando sus obligaciones con los ciudadanos -¡Es que era el yerno del Rey!; gracias al cobarde silencio de un presunto cuarto poder, los medios de comunicación, que en nuestro país ejercen de hojas parroquiales de los poderes económicos y políticos; gracias a las grandes empresas que aportaban sus “cotizaciones” en espera de obtener futuros beneficios y favores de las altas instancias;  y gracias al silencio cómplice de la propia familia (gran institución en nuestro país que tapa los pecados de sus miembros) que ahora se despierta con el eufemismo de “conducta no ejemplar” .

Como escribió Trueba, Urdagarín es ahora “una pieza como carroña nutritiva, pero nadie nos la sirvió desnuda cuando el traje del emperador todo lo cegaba”.

Fuente de la imagen: http://www.flickr.com/photos/azugaldia/4310196504/sizes/o/in/photostream/  bajo la licencia Creative Commons Atribución 2.0 Genérica (13/12/2011)

Reivindicando al empleado público

El chivo expiatorio

Con la crisis económica-financiera que nos azota, el empleado público, es decir todo aquel trabajador por cuenta ajena que está al servicio de la Administración Pública, sea funcionario, laboral o eventual, se está convirtiendo en una especie de chivo expiatorio que debería pedir perdón por trabajar y estar al servicio de los ciudadanos.

Se les recorta el sueldo en nombre de la “solidaridad” con los trabajadores del sector privado,  con el argumento de que como tienen la plaza asegurada por vida, se pueden estrechar el cinturón. Es un argumento tan repetido, últimamente, por los políticos y otros estamentos de los poderes económicos, que está calando en la ciudadanía la visión de que los empleados públicos son una especie de casta privilegiada. Obviamente,  un privilegio que únicamente se les podría atribuir al funcionario de carrera con plaza en “propiedad”, porque el resto, un número significativo, tiene el estatuto de cualquier trabajador.

Ahora, desde la CEOE, la organización de la gran patronal, se dice que sobran funcionarios y empleados públicos que “no hacen bien su labor” o que, debido a las transferencias de competencias, “se han quedado sin trabajo y no tienen nada que hacer“.

En cierta medida, se está elaborando un discurso fácil y demagógico sobre un colectivo profesional cuya inmensa mayoría realiza bien su labor de acuerdo con los márgenes de maniobra que disponen. Algo fácil de visualizar en muchos de los servicios finalista que nos afectan directamente como la sanidad, la educación, la seguridad, la asistencia social, el auxilio en emergencias, y un largo etcétera. Otra cuestión son las políticas y la gestión de estos servicios públicos finales que están secuestradas en manos de los intereses y el cortoplacismo de los partidos políticos con responsabilidad de gobierno en el Estado, las Comunidades Autonómicas o los Entes locales.

Es cierto que hay un número significativo de empleados públicos que están en las AA.PP. en base a las “cuotas” del clientelismo político o el “enchufismo” de parientes y amiguitos del alma. En general, la mayoría de éstos, están ubicados en las estructuras burocráticas de control al servicio de los departamentos y negociados junto con una cohorte de cargos de confianza y asesores, o en las “empresas” públicas de dudosa finalidad para garantizar puestos de trabajos para los allegados. No olvidemos, por ejemplo, que quien decide las estrategias y aplica los criterios en la persecución del fraude fiscal, no son los Inspectores de Hacienda a pesar de sus denuncias,  son los responsables políticos y cargos de confianza del organismo. No son los empleados públicos quienes deciden la adjudicaciones de concursos públicos donde, en determinados casos, abundan las pautas fraudulentas. No son los empleados públicos los que se sentaron con el “yernísimo” Undargarín para sus presuntos tejemanejes corruptos bajo el eufemismo de actividades profesionales a cargo del erario público.

La CEOE, debería empezar por barrer en su casa antes de preocuparse por los problemas del sector público. Empezando por su estructura con un entramado de más 5.000 agrupaciones de base repartidas por todo el territorio con sus miles de asesores, abogados, personal administrativo y profesores dedicados a tareas burocráticas financiadas, en una importante parte, por las subvenciones públicas.  Además, si realmente miran por los interés común, deberían denunciar y perseguir al 80% de las empresas del Ibex-35 que están  presente en paraísos fiscales evadiendo una parte sustancial del impuesto de sociedades. Asimismo, deberían concentrarse para cambiar un modelo empresarial cortoplacista y, en muchos casos especulativo, por un modelo competitivo basado en las nuevas tecnología, en lugar de recurrir a la depauperación de las condiciones y costes laborales de los trabajadores.

El sector público gestionado con criterios de eficiencia, tanto social como económica, sin la rémora del clientelismo político, para un determinado número de servicios, siempre será más económico y eficiente que el sector privado. Por ejemplo, una de las joyas de la corona de los servicios públicos es nuestro sistema sanitario, un modelo de referencia mundial, tanto por su cobertura asistencial, como por sus referencias punteras en muchas de las áreas asistenciales.  No es fruto de la casualidad que entre los días  23 y 25 de Noviembre de 2011, se realizasen 94 trasplantes de órganos en 72 horas, gracias a 39 donantes. Un récord mundial de intervenciones de extracción y trasplante de órganos en un país. Y no es la primera vez. Un modelo español de donación y trasplantes de órganos que es copiado en todas partes del mundo donde convergen el sistema de donación, la calidad técnica de los profesionales, una legislación pionera, y un sistema de coordinación de las intervenciones público y equitativo. Algo que un modelo de sanidad privada, basada en criterios como el margen económico o los beneficios, nunca podrá superarlo. Por motivos como éste, debemos reivindicar al empleado público, el sector público, y exigir a la clase política que no utilice las AA.PP. como reducto para su clientelismo político.

¿Sobran empleados públicos o carecemos de una economía competitiva y una fiscalidad más justa? Más bien lo segundo, países como Dinamarca, Suecia o Finlandia, el porcentaje de funcionarios sobre la población activa es del 26%, 22% y el 19% respectivamente. En España, sin embargo, el número de empleados públicos es del 13%.

Sí, hay que echar a toda esta rémora corrupta y parasitaria del clientelismo político que mancilla al empleado público y ponen en peligro nuestro estado del bienestar. Pero por favor, no toquéis ni invalidéis al empleado público, al profesional, que trabaja por el bien común de todos los ciudadanos.

Imagen: The Scapegoat (‘El chivo expiatorio’), obra del pintor inglés William Holman Hunt (1854).

Open Data. Costes y beneficios de la apertura de los datos

En estos últimos años se ha ido consolidando una corriente de opinión, o toma de conciencia,  a favor de la apertura de los datos de los organismos públicos y de los datos de las investigaciones financiadas con fondos públicos.  Esta corriente de opinión, en general, busca optimizar las políticas de innovación facilitando que los datos de las Administraciones Públicas (AA.PP) y otros organismos públicos estén disponibles para su uso y reutilización con las mínimas barreras en forma de costes o “molestias” burocráticas para su acceso.

Los criterios que se están aplicando para liberar los datos públicos son diversos: desde una posición política bien definida al voluntarismo de algunos gestores públicos, pasando por el simple mimetismo de replicar las iniciativas de terceros. Sin olvidar que en la mayoría de los discursos están aliñados con la ficción de la transparencia. Sin embargo, la cuestión fundamental es que la decisión política para que los organismos públicos liberen los datos implica que éstos (a) deberán organizar la administración y preservación de los datos,  (b) para que estos sean fácilmente reconocibles y disponibles para su uso y reutilización con el mínimo de restricciones, y (c) suministrándolos gratuitamente siempre y cuando sea posible. Obviamente este enunciado de tres puntos, tiene un impacto económico por los costes que pueden conllevar a los organismos públicos y los beneficios que pueden aportar a la actividad económica y a la sociedad.  

Por lo tanto, ponderar los costes y beneficios es crítico, sobre todo en periodos de restricciones presupuestarias y recortes de servicios públicos.  Un aspecto que, en general, no se ha tenido en cuenta en el momento de decidir una política de apertura de los datos. Es por este motivo, que son necesarios estudios y análisis que contemplen los aspectos económicos y sociales (valor social independiente del valor económico) de forma rigurosa en la toma de decisiones que vaya más allá del voluntarismo o de la intuición benevolente del político de turno. En esta línea, el análisis elaborado por John Houghton, del  Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University (Melbourne),  Costs and Benefits of Data Provision: Report to the Australian National Data Service (PDF), es una nueva contribución científica, desde una perspectiva económica, a la viabilidad de la apertura de los datos realizada mediante el análisis de una serie de estudios de casos para determinar sus costes y beneficios, al mismo tiempo que se analiza la experiencia de los usuarios en el acceso y utilización de los datos y la estimación de los impactos económicos que conllevan.

Muy recomendable la lectura el estudio de Houghton porque, entre sus aportaciones, se propone un método para el análisis coste-beneficio al mismo tiempo que se detectan algunas de las lagunas y dificultades que plantea una política de apertura de datos públicos en términos económicos.