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¿Qué implica introducir el concepto de la Web 2.0 en las Administraciones Públicas?

egovernment.jpgLa respuesta es clara y simple: significa trabajar la sociabilidad. Es decir, establecer el diálogo entre los ciudadanos y la administración pública. Las experiencias en la Red están demostrando que este diálogo es viable.

Si las tendencias en el ecosistema online y el desarrollo del concepto Web 2.0, implica participación de los ciudadanos compartiendo un espacio, generando contenidos, interaccionando con sus AA.PP, con los gestores y los políticos que los representan, podemos constatar que, por el momento, la participación del ciudadano no tiene cabida en los portales institucionales. Y, en mi opinión, será difícil que tenga cabida en el modelo de sociedad democrática actualmente existente, porque implica introducir el concepto de la democracia directa y participativa que colisiona directamente con un modelo de sociedad basado en un culto exclusivo a la economía de mercado y al cultivo del individualismo, donde la esfera pública de acción, es decir, el espacio de participación de la ciudadanía universal y plural tiene poca cabida en un modelo político donde los ciudadanos, únicamente, son convocados a las urnas periódicamente para que puedan ejercer su soberanía.

Por el momento, la participación ciudadana está relegada a unas pocas iniciativas privadas donde los ciudadanos pueden expresar sus quejas y opiniones y compartir inquietudes. Las herramientas existen y están evolucionando rápidamente. El mundo de los negocios está reinventando el Marketing para un mundo cada vez más conectado, colaborativo y una cultura cada vez más hiperinteractiva. Se habla de la era del compromiso donde las organizaciones deben ser más abiertas, auténticas e interactivas. Y, para esto, las organizaciones tienen que transformarse, reinventarse… ¿Se están reinventando las AA.PP.?

No deja de ser una opinión en un mar de retórica y pocas prácticas, porque desde un punto de vista programático, desde hace mucho tiempo, se han ido proponiendo iniciativas con el objetivo de cubrir áreas tales como: la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno o la expresión de sus opiniones; la creación de redes ciudadanas; el facilitar el acceso a las personas discapacitadas; el desarrollo de modelos de ventanillas únicas para la atención a los ciudadanos. Tal como se planteo, a modo de ejemplo, en el informe del G8 “Democracy and Government On-Line Services. Contributions from Public Administrations Around the World” en 1999.

Hacia la e-Administración en España

Con la aprobación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley para el  acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas,  España se situará a la altura de los países más avanzados en esta materia. Actualmente sólo hay cinco países con una ley que garantiza estos derechos: Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e Italia.

Entre otras cosas, la nueva norma garantizará, a partir del 1 de enero de 2010:

  • Acceder a los servicios públicos a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro medio electrónico que pueda aparecer en el futuro.
  • Poder consultar el estado de tramitación de los procedimientos que se tengan en marcha.
  • No tener que presentar papeles que ya estén en poder de las administraciones.
  • Conceder la misma validez jurídica a las comunicaciones electrónicas que a las que se realizan en papel.
  • Realizar un trámite o recibir información a través de Internet o un teléfono tendrá la misma validez que de la forma tradicional.
  • Asegurar todas las garantías de calidad, seguridad y confidencialidad.
  • Poder utilizar los idiomas cooficiales para comunicarse con las Administraciones.

Véase: Proyecto LAECSP

El texto, además, ha incorporado a última hora una enmienda para que el acceso electrónico pueda hacerse a través de un software libre. Se crea también la figura del Defensor del usuario electrónico, que canalizará las reclamaciones.

Aunque la ley obliga a todas las administraciones, sólo compromete a la central, las comunidades y ayuntamientos, responsables en la gestión de muchas de las competencias relacionadas con los trámites administrativos de los ciudadanos,  tendrán que prestar los servicios electrónicos a partir de enero siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. Aspecto que, a nuestro entender y por las experiencias pasadas, planteará problemas de interconexión administrativa y establecerá diferentes velocidades del desarrollo de la Ley.