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La masa humana que convulsionó Cataluña y el Estado español

Hay un hecho que nadie podrá obviar aunque de lugar a lecturas contrapuestas de todo tipo, y es que la tarde de la Diada de Cataluña, del pasado 11 de septiembre, cientos y cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en la ciudad de Barcelona detrás de una pancarta que reclamaba de forma unívoca “Catalunya, nou estat d’Europa”, inmersos en un océano de esteladas (la bandera que simboliza la independencia de Cataluña) y con un clamor insistente de “¡in, inde, independència!”.  Es decir, nos guste o no nos guste y al margen de cómo cada uno de los manifestantes interpretaba el concepto de independencia, se estaba reivindicando sin ninguna ambigüedad romper con la tutela de un Estado considerado centralista y de corte jacobino, sustentado en una corriente ideológica nacionalista (el españolismo) articulada en la “unidad de destino en lo universal” que no reconoce la realidad plurinacional que configura el Estado español.

Transcurridas varias semanas, podemos observar que dicha manifestación ha ido más allá de las “algarabías” o “quimeras”, de acuerdo con las calificaciones del Presidente del Gobierno y del Jefe del Estado, y están provocando una gran convulsión política en Cataluña, en el resto del Estado español y, en cierta medida, en la Unión Europea, despertando en los medios de comunicación internacionales un especial interés. En otras palabras, nos encontramos con un fenómeno de masas que está desbordando la política tradicional y, al mismo tiempo, está provocando una crisis institucional en el modelo de Estado que se desarrolló con el inicio de la Transición.

En este punto, la pregunta de rigor sería identificar las características del núcleo organizativo que ha propiciado este fenómeno de masas al margen de los aparatos partidos tradicionales. Posiblemente la respuesta la encontramos en el carácter representativo de una sociedad civil organizada en una plataforma, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), donde participan personas y organizaciones cívicas, profesionales y culturales, estructuradas, todas ellas, en asambleas territoriales y sectoriales, junto con la Asociación de Municipios por la Independencia; y de la amplitud de la declaración fundacional que la define como una plataforma abierta a todos los catalanes y catalanas, sea cual sea su origen y adscripción política o ideológica, y que tiene como objetivo, sin ninguna ambigüedad,  la independencia política de Cataluña mediante la constitución de un estado de derecho, democrático y social. Es decir, nos encontramos con una estructura representativa de la sociedad civil que va más allá, en sus planteamientos, de las estrategias y tácticas coyunturales de los partidos políticos. Posiblemente,  este carácter popular, unitario, plural y democrático de la plataforma es el que ha permitido que la convocatoria fuese masiva con un alto grado de convivencia y cohesión de la sociedad catalana.

Cualquier observador que estuvo presente el día 11 en las calles de Barcelona se encontró (véase las fotos) con cientos de miles de personas de todas las edades y condición socioeconómica con una presencia masiva de las clases medias, un sector social nada proclive a las algarabías y a las quimeras, pero históricamente clave para los cambios y transformaciones sociales. También señalar que, como fenómeno social, en la manifestación las diferencias entre los individuos se diluyeron en pos de la fuerza común: junto a los catalanes de “toda la vida”, por expresarlo de alguna manera, se encontraban los que se sienten catalanes aunque sigan vinculados emocionalmente y familiarmente con otros territorios del Estado por su origen. Para sorpresa de más de uno, en una manifestación por la independencia de Cataluña también se hablaba en castellano.

Asimismo, se debe señalar el carácter multitudinario de la concentración que se traduce, sin lugar a dudas,  en el poder de las masas y su capacidad de desencadenar procesos de cambios sociopolíticos. En efecto, la concentración superó el 15% (asumiendo la media entre las diferentes valoraciones) del total de la población de Cataluña. En términos de movilización social y concentración en el centro de una única ciudad, nos encontramos con un fenómeno sin precedentes históricos. Unos simples datos que muestran, aunque los contextos no sean comparables, el poder de las masas. En la plaza Tahrir del Cairo, las manifestaciones de la primavera árabe que hizo caer a Mubarak no superaron el 2% del total de la población egipcia; o en la marcha sobre Washington liderada por Martin Luther King no superó los 300.000 manifestantes y logró establecer un antes y un después en las reivindicaciones de los derechos civiles de la población afroamericana. Es decir, detrás de una minoría muy activa puede existir una mayoría menos activa que comparte y apoya las reivindicaciones de dicha minoría. Hoy por hoy, ese 15% de ciudadanos catalanes que ocuparon las calles con su presencia física se traduce, según últimas encuestas,  en que más del 50% de los catalanes hoy están por la independencia.

Algunos pueden pensar que es un fenómeno efímero dada la coyuntura de crisis económica y una vez superada ésta el movimiento por la independencia perderá su fuerza. Obviamente, la variable económica está presente, sin embargo, la concentración que hemos vivido es una manifestación más de un movimiento engranado con la historia de las reivindicaciones nacionales de Cataluña. No es algo efímero o coyuntural. Es un movimiento, que desde su origen tiene una meta lejana e invisible, pero que siempre ha estado vivo a pesar de largos periodos de represión e intento de anulación como el caso de la Dictadura franquista. Podríamos afirmar, en cierta medida, que es un movimiento paciente en la persecución de su meta a pesar de los altibajos que ha sufrido a lo largo de su historia. Hoy se puede decir que el movimiento está en uno de sus puntos más álgidos de las últimas décadas.

Transcurrido algo más de un mes, nadie podrá negar que dicha manifestación ha provocado un tsunami político. Sus consecuencias futuras son imprevisibles, porque su dinámica están acelerando la actual crisis institucional del Estado y, sin duda, están traspasando las fronteras del propio Estado español invadiendo el espacio de una Unión Europea en proceso de (re)construcción de la unidad federal de los Estados europeos en lo político, lo económico y lo social, pero que, a su vez, también está en crisis institucional por los efectos de la crisis económica. Ahora el debate es doble, por un lado, la crisis económica y, por otro lado, la crisis de un modelo de Estado autonómico con claras muestras de agotamiento.

Señalar que sería un error, sobre todo para los partidos catalanes, pensar que hoy la meta se reduce a la independencia. Las cuestiones sobre el modelo social y económico, la corrupción política y la salida de la crisis forman parte del debate y su traducción en propuestas políticas podrían ser determinantes.

Nos esperan tiempos convulsos en un contexto donde los grandes líderes políticos brillan por su ausencia. Por el momento, los partidos políticos están desbordados y, en muchos casos, desconcertados por el protagonismo del clamor de las calles que ha roto las clásicas estrategias de control y poder que los gobernantes y líderes políticos suelen utilizar para dirigir a las masas. Está por ver cómo la política, tanto los del ámbito catalán como los del ámbito estatal interpretan la nueva realidad y reelaboran sus estrategias de control y poder. En los próximos meses veremos si los partidos políticos manifiestan la suficiente amplitud de miras que vaya más allá de una confrontación del imaginario “España-Cataluña” o, en el peor de los casos, la búsqueda de la fractura social identitaria, algo inexistente actualmente en Cataluña, y, al mismo tiempo, cómo piensan afrontar los retos de la actual crisis económica y social.

Por el momento, el Partido Popular ha optado por las soflamas en pro de la unidad de lo “indivisible” acompañadas de continuas amenazas y posibles castigos mostrando un talante más acorde con las épocas más oscuras de nuestra historia, eso sí, blandiendo la Constitución como si ésta estuviese grabada en unas tablas de piedra.  El PSOE-PSC está sumido en la duda hamletiana en busca de un perfil propio, sobre todo el PSC, removiendo en el fondo de su baúl ideológico para recuperar su opción federalista, aunque ya esté apolillada por el transcurrir del tiempo. CiU desgastado por su política de recortes sociales y ajustes económicos, y sin programa de continuidad una vez cerrada la puerta de un hipotético pacto fiscal con el Estado, ha reaccionado rápido convocando elecciones anticipadas con el objetivo de iniciar una nueva etapa basada en el derecho a decidir aprovechando el liderazgo in pectore que está asumiendo Artur Mas en el nuevo contexto político. Mientras que el independentismo político afronta esta nueva etapa fragmentado en una constelación de siglas.

Sin embargo, que nadie se equivoque, esta vez no son los partidos políticos los que han establecido la hoja de ruta, ha sido la propia ciudadanía quien está marcando el paso. En las próximas semanas tendremos la ocasión de ver como los partidos traducen en propuestas la demanda de las calles y como la ciudadanía, democráticamente, les otorga su confianza para la nueva etapa política. Ya nada será igual.

 

Las trampas de la teoría de la clase política de César Molinas

El artículo de César Molinas, Una teoría de la clase política española, publicado el domingo en El País y que rápidamente alcanzó una importante notoriedad en Twitter, tiene trampa. Me permito afirmar que mucha trampa, cuando analizamos a fondo su artículo sobre el comportamiento de lo que él domina “clase” política o “élites extractivas” y no nos dejamos deslumbrar por las supuestas “verdades del barquero” que afloran en una lectura en diagonal.

Su propuesta es “una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema electoral para adoptar un sistema mayoritario”. Sus argumentos se centran en descalificar a los partidos políticos, sin matizaciones, y los hace únicos responsables de la decadencia actual de España. Nos dice que “los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias”.  A primera vista, esta responsabilidad es evidente, pero no entra a fondo en el papel que juegan determinados partidos como cabeza visible de los grandes intereses económicos que controlan el país. Se limita a mencionar “una simbiosis de nuestra clase política con el ‘capitalismo castizo’, es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado  cuando se refiere a los dos últimas burbujas.

Su principal argumento que sustenta toda su teoría es de concepto, y hay radica su trampa, cuando introduce la noción de “clase” que aplica a los partidos políticos como si éstos fuesen entidades autónomas de poder en confrontación con otras supuestas “clases”.  Molinas parece ignorar que los partidos políticos, aquí y en cualquier lugar, son estructuras de poder, junto a otros agentes económicos y sociales, que representan y están al servicio de los intereses de determinados sectores socioeconómicos (clase social). Por lo tanto, en su introducción, cuando se pregunta por qué ningún partido político tiene un diagnóstico coherente de lo que le está pasando, o por qué no tienen una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar al país de la crisis; la respuesta es fácil: los diferentes gobiernos del PP y del PSOE, con pequeñas diferencias y matices, siempre han estado al servicio de los grandes grupos económicos que han ido marcando la política económica del país. ¿Cómo pedirle a unos partidos que han facilitado la especulación y la acumulación de una inmensa deuda privada del sector financiero y de muchas de las grandes empresas que den explicaciones de la crisis o que tengan un plan para salir de ésta, cuando su tarea actual, por imperativo de los verdaderos poderes, es convertir dicha deuda en soberana y traspasarla al conjunto de los ciudadanos?

Así mismo, para enfatizar el carácter autónomo de nuestra “clase” política, en el apartado “La historia” de su artículo, nos intenta explicar que la partidocracia de nuestra democracia surgió por generación espontánea y su evolución configuró el actual modelo de representación democrática. Molina omite cualquier referencia al proceso de la Transición que, en cierta medida, fue controlado por las élites del poder económico y político de los evolucionistas del franquismo para garantizar que el paso de un sistema político dictatorial a un sistema político democrático representativo se realizase con el mínimo coste en las estructuras del poder existente. Sin olvidar que el PSOE y el sindicato UGT, un partido y un sindicato testimoniales durante la dictadura, fueron una creación artificial para contrarrestar la hegemonía del Partido Comunista de España y de CC.OO., el único partido de izquierda y el sindicato que contaban con una fuerza organizada y una sólida estructura que se habían ido consolidando durante el periodo de la dictadura y habían liderado la oposición al franquismo. No debemos olvidar que el PSOE de Felipe González fue financiado, fundamentalmente por la socialdemocracia alemana, sin descartar y en duda, a falta de evidencias, una importante “influencia” de los servicios secretos norteamericanos.  No es casualidad que 6 meses después de la Revolución de los Claveles de Portugal y dada la delicada salud de Franco, se celebrase el congreso de Suresnes con la renovación y el lanzamiento del PSOE.  Es decir, la afirmación de Molina de que la generación de políticos de la Transición “no tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo” es una falacia o una falta de conocimiento de la historia de la Transición, la cual, en algún momento, los historiadores la deberán revisar, y a lo mejor descubrimos que no fue tan modélica como nos la han contado hasta el momento. La realidad es que el bipartidismo actual se gestó en la Transición alrededor de dos fuerzas “centristas”, una que recogiera todo el espectro de la derecha hasta el centro y otra que recogiera todo el espectro de la izquierda hasta el centro.

Lo más curiosos es que la propuesta de Molinas no persigue acabar con el bipartidismo dominante, sino todo lo contrario lo refuerza. Plantea pasar de un sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos, a un sistema electoral mayoritario  con cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. ¿Es una mejora que introduce un poco de alegría y color en las estructuras grises de la partidocracia? La respuesta es afirmativo. Sin embargo, en mi opinión, no cambia lo esencial, es decir, que los candidatos de los partidos tendrán que pelear por cada circunscripción y necesitarán el soporte económico y logístico de las estructuras de sus respectivos partidos o de los poderes económicos locales y, obviamente, el que se “mueva” mucho seguirá sin salir en la foto

En resumen, Molinas propone una teoría que parte de unas premisas falsas, no aporta nada nuevo en el horizonte, porque su teoría elude cualquier aproximación a nuevas formas de representación política de los ciudadanos más allá de los ciclos electorales y, lo más interesante por su trasfondo, está alineada con la corriente de opinión centralizadora y de renovación de unos partidos con una orientación técnico-reformistas que, cada vez más, se está imponiendo en nuestro país.