La e-administración sigue siendo una asignatura pendiente

Hace 8 años, para mi tesis de doctorado analicé la e-administración como “modelo de negocio” y , después del tiempo transcurrido, me continuo reafirmando en el diagnóstico que realizaba sobre las barreras que impedían desarrollar la e-administración porque, sin minusvalorar algunas iniciativas que las Administraciones públicas han desarrollado o están desarrollando para facilitar sus relaciones con los ciudadanos en la Red, hemos de ser conscientes que una cosa son las posibilidades que puede aportar ésta y las tecnologías de la información, y otra cosa son la puesta en práctica de estas posibilidades.

La primera barrera para el desarrollo de los proyectos de e-administración es el miedo de los propios dirigentes políticos y gestores de lo público, salvo excepciones, de asumir sus propias responsabilidades y la tentación de abandonar las riendas del proyecto a los expertos informáticos con las limitaciones que conlleva para la globalidad del proyecto: “Delegating to experts is the kiss of death como afirmó, en 1996, Jerry Mechling, experto en el sector público, de la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard.

Una segunda barrera es la dificultad en organizar los servicios y contenidos informativos en las páginas web para facilitar a los ciudadanos una navegación hipertextual cómoda y una localización rápida.

Una tendencia que sigue siendo común, es la de organizar los servicios y contenidos acorde con un modelo conceptual que reproduce la propia organización funcional interna de la Administración Pública sin considerar para nada las posibilidades del nuevo medio, en este punto debemos señalar que últimamente se están planteando otros enfoques para aproximarse a un modelo conceptual más próximo a las personas (modelo basado en hechos vitales y actividades cotidianas).

Una tercera barrera, son los elevados costes de implantación de los servicios de información on-line, teniendo en cuenta la coordinación que se requiere entre los distintos niveles administrativos y los frenos que conlleva la atomización de competencias de las distintas administraciones de cada país.

La coordinación entre las diferentes administraciones se impone cada vez más para garantizar la protección de los datos personales, la seguridad de las redes y la protección de la propiedad intelectual. Con relación a los costes, sigue siendo habitual, por protagonismos políticos y otras actuaciones que van en detrimento del bien general, el no generar sinergias que faciliten el compartir recursos tecnológicos y proyectos. Aunque surgen iniciativas que intentan corregir estas anomalías de la gestión pública, por ejemplo, el caso del proyecto SmartStates iniciado, en 1996, por los gobernadores de los Estados del oeste norteamericano y que sigue vigente con la voluntad de que los Estados puedan coordinar sus esfuerzos en el desarrollo de la e-administración y, así, realizar economías de escala, optimizando sus inversiones y gastos en las tecnologías y aplicaciones  y servir mejor a sus ciudadanos.

¿Qué se puede hacer?. A modo de reflexión podríamos decir que la implantación con éxito de servicios y contenidos en la Red, requiere la elaboración de una estrategia coherente, condición esencial.  Esta estrategia debería considerar la integración de los servicios, única garantía de una economía de escala. Sin esta premisa, el desdoblamiento de  las ofertas de los servicios, y la dinámica de “competición entre administraciones” en las iniciativas, impedirán, sin lugar a duda, una mejora de los servicios o la reducción de los costes, sin olvidar que la fuente de los recursos económicos son los propios contribuyentes, es decir, los destinatarios de los servicios.

Premisa que es el verdadero nudo gordiano de la cuestión, la Red puede ser un elemento de cohesión, de interrelación, una única ventana, desde el punto de vista de un ciudadano, a una amplia oferta servicios y contenidos. La pregunta es: ¿Cómo cortar ese entrelazamiento atomizado de poderes, competencias, atribuciones, etc…, que constituye la gestión de lo público?.

Diversos autores que han estudiado la implantación de las nuevas tecnologías en el sector público, consideran que la organización y la gestión son más importantes que la tecnología. Podemos afirmar que es necesaria una visión de conjunto para definir los objetivos, precisar las prioridades, indicar cómo se reducirán los costes, incentivando la innovación y la colaboración con los agentes socios-económicos, todo en un marco de una planificación a medio y largo alcance.

Las recomendaciones para abordar proyectos de e-administración pasan por la reestructuración de los sistemas de gestión de la información y abordar aquellos ajustes organizativos necesarios acompañados con las acciones específicas de formación para el personal del sector público. Acciones que deben acompañarse de campañas concertadas de relaciones públicas antes de implantar los servicios y los contenidos en la Red, involucrando a los usuarios finales, desarrollando mapas de navegación e informando de los costes, y salvaguardando el carácter flexible del concepto de servicio universal para prever modalidades diversificadas de servicio.

Un aspecto a destacar es que, en la reducción de costes, se transfiere al ciudadano algunos costes indirectos, tales como el tiempo que tiene que pasar para acceder a los servicios y contenidos, o el tiempo para cumplimentar los formularios, o la conexión a la Red y los elementos de acceso (el ordenador personal).

También, otro aspecto a destacar, es que los beneficios son, a menudo, indirectos, la reestructuración de los servicios conduce a una mejora en la calidad contribuyendo, con el mismo coste, a un incremento de la satisfacción de los usuarios.

El desarrollo de la e-administración, tiene un impacto considerable en los usos de las nuevas tecnologías en el megasector de las tecnologías de las información y las comunicaciones si consideramos que las iniciativas financiadas por el sector público para hacer llegar la Sociedad de la Información al mayor número de ciudadanos conlleva, en muchos países, fuertes inversiones por parte de propia administración o subvenciones a terceros, tanto al consumo como a los sectores industriales.

A modo de reflexión, si partimos de la premisa de que el peso del gasto público en el PIB en los países desarrollados es muy alto, en la eurozona supone más del 47 por ciento (en España 39-40 por ciento), la  e-administración y otros servicios como modelo de negocio electrónico tendrán un impacto considerable, imposible de determinar en estos momentos, entre los propios agentes del sector público, los agentes económicos y  los ciudadanos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *