Ley Economía Sostenible para la Industria Cultural o Ley de Excepción

Si nos atenemos a los preámbulos del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) ésta tiene como objeto impulsar las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible en base a un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva favoreciendo el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

El sentido común me dice que la LES, de acuerdo con sus principios básicos, es una oportunidad para abordar la crisis de los modelos de negocios del siglo XX de la Industria Cultural. Unos modelos cuya cadena de valor tradicional está afectada por la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación.

¿Pero cuál es la posición de gobierno sobre la Cultura en la LES?:  Lamentablemente nula. Y causa preocupación , porque si consideramos que es un sector fuertemente subvencionado directamente e indirectamente con fondos públicos –el dinero de todos los ciudadanos- por las Administraciones Públicas –Estado Central, CC.AA, y Administraciones Locales- , el Gobierno debería desarrollar o facilitar medidas orientadas a:

  • Facilitar la reconversión de un sector y la adaptación de sus modelos de negocios para adecuarse a la Sociedad de la Información y del Conocimiento y los nuevos paradigmas tecnológicos.
  • Garantizar la difusión de los contenidos culturales y el derecho de que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos libremente por los canales disponibles: bibliotecas, centros culturales,  Internet, etc.
  • Garantizar que los creadores, artistas, autores e interpretes sean retribuidos por su actividad profesional sin menoscabo de sus derechos relativos a su autoria y propiedad intelectual.

El Gobierno, en vez de ponerse a trabajar en desarrollar medidas de este tipo, se limita a introducir una disposición final en la LES para la Defensa de la Propiedad Intelectual cuyo objetivo básico es combatir las descargas de archivos en Internet.  Por mi formación, no dispongo de los suficientes elementos jurídicos para analizar e interpretar la disposición final. Pero como ciudadano la percibo como una Ley de Excepción porque:

  • Establece una especie de “policía cultural” al margen de los organismos competentes que, no olvidemos,  ya están luchando contra los que se lucran con el trabajo de los demás.
  • Establece unos plazos de resolución de 4 días-. Una excepción si consideramos que los tiempos de resolución de casos más graves -salud, las condiciones laborales, la violencia de género, atentados contra el patrimonio personal o la vida, entre otros se requieren muchos meses o hasta años.
  • Introduce la suficiente ambigüedad en el alcance del posible “delito” en el ecosistema de la Red. Y puede dar pie a perseguir a un sitio Web que se está lucrando con contenidos ajenos, como perseguir a alguien que publica un blog y supuestamente esté atentando la “propiedad” de un tercero.

Cuando la Sra. González-Sinde declara que esta ley está hecha para cerrar 100 o 200 sitios webs de descargas nos está tomando literalmente el pelo, no se requieren estas alforjas para tan corto viaje.

Sra. González-Sinde Ud. le está haciendo un flaco favor a la Democracia y a la Cultura, porque las Leyes de Excepción acaban socavando derechos  básicos y creando monstruos difíciles de controlar.

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