El chivo expiatorio
Con la crisis económica-financiera que nos azota, el empleado público, es decir todo aquel trabajador por cuenta ajena que está al servicio de la Administración Pública, sea funcionario, laboral o eventual, se está convirtiendo en una especie de chivo expiatorio que debería pedir perdón por trabajar y estar al servicio de los ciudadanos.
Se les recorta el sueldo en nombre de la “solidaridad” con los trabajadores del sector privado, con el argumento de que como tienen la plaza asegurada por vida, se pueden estrechar el cinturón. Es un argumento tan repetido, últimamente, por los políticos y otros estamentos de los poderes económicos, que está calando en la ciudadanía la visión de que los empleados públicos son una especie de casta privilegiada. Obviamente, un privilegio que únicamente se les podría atribuir al funcionario de carrera con plaza en “propiedad”, porque el resto, un número significativo, tiene el estatuto de cualquier trabajador.
Ahora, desde la CEOE, la organización de la gran patronal, se dice que sobran funcionarios y empleados públicos que “no hacen bien su labor” o que, debido a las transferencias de competencias, “se han quedado sin trabajo y no tienen nada que hacer“.
En cierta medida, se está elaborando un discurso fácil y demagógico sobre un colectivo profesional cuya inmensa mayoría realiza bien su labor de acuerdo con los márgenes de maniobra que disponen. Algo fácil de visualizar en muchos de los servicios finalista que nos afectan directamente como la sanidad, la educación, la seguridad, la asistencia social, el auxilio en emergencias, y un largo etcétera. Otra cuestión son las políticas y la gestión de estos servicios públicos finales que están secuestradas en manos de los intereses y el cortoplacismo de los partidos políticos con responsabilidad de gobierno en el Estado, las Comunidades Autonómicas o los Entes locales.
Es cierto que hay un número significativo de empleados públicos que están en las AA.PP. en base a las “cuotas” del clientelismo político o el “enchufismo” de parientes y amiguitos del alma. En general, la mayoría de éstos, están ubicados en las estructuras burocráticas de control al servicio de los departamentos y negociados junto con una cohorte de cargos de confianza y asesores, o en las “empresas” públicas de dudosa finalidad para garantizar puestos de trabajos para los allegados. No olvidemos, por ejemplo, que quien decide las estrategias y aplica los criterios en la persecución del fraude fiscal, no son los Inspectores de Hacienda a pesar de sus denuncias, son los responsables políticos y cargos de confianza del organismo. No son los empleados públicos quienes deciden la adjudicaciones de concursos públicos donde, en determinados casos, abundan las pautas fraudulentas. No son los empleados públicos los que se sentaron con el “yernísimo” Undargarín para sus presuntos tejemanejes corruptos bajo el eufemismo de actividades profesionales a cargo del erario público.
La CEOE, debería empezar por barrer en su casa antes de preocuparse por los problemas del sector público. Empezando por su estructura con un entramado de más 5.000 agrupaciones de base repartidas por todo el territorio con sus miles de asesores, abogados, personal administrativo y profesores dedicados a tareas burocráticas financiadas, en una importante parte, por las subvenciones públicas. Además, si realmente miran por los interés común, deberían denunciar y perseguir al 80% de las empresas del Ibex-35 que están presente en paraísos fiscales evadiendo una parte sustancial del impuesto de sociedades. Asimismo, deberían concentrarse para cambiar un modelo empresarial cortoplacista y, en muchos casos especulativo, por un modelo competitivo basado en las nuevas tecnología, en lugar de recurrir a la depauperación de las condiciones y costes laborales de los trabajadores.
El sector público gestionado con criterios de eficiencia, tanto social como económica, sin la rémora del clientelismo político, para un determinado número de servicios, siempre será más económico y eficiente que el sector privado. Por ejemplo, una de las joyas de la corona de los servicios públicos es nuestro sistema sanitario, un modelo de referencia mundial, tanto por su cobertura asistencial, como por sus referencias punteras en muchas de las áreas asistenciales. No es fruto de la casualidad que entre los días 23 y 25 de Noviembre de 2011, se realizasen 94 trasplantes de órganos en 72 horas, gracias a 39 donantes. Un récord mundial de intervenciones de extracción y trasplante de órganos en un país. Y no es la primera vez. Un modelo español de donación y trasplantes de órganos que es copiado en todas partes del mundo donde convergen el sistema de donación, la calidad técnica de los profesionales, una legislación pionera, y un sistema de coordinación de las intervenciones público y equitativo. Algo que un modelo de sanidad privada, basada en criterios como el margen económico o los beneficios, nunca podrá superarlo. Por motivos como éste, debemos reivindicar al empleado público, el sector público, y exigir a la clase política que no utilice las AA.PP. como reducto para su clientelismo político.
¿Sobran empleados públicos o carecemos de una economía competitiva y una fiscalidad más justa? Más bien lo segundo, países como Dinamarca, Suecia o Finlandia, el porcentaje de funcionarios sobre la población activa es del 26%, 22% y el 19% respectivamente. En España, sin embargo, el número de empleados públicos es del 13%.
Sí, hay que echar a toda esta rémora corrupta y parasitaria del clientelismo político que mancilla al empleado público y ponen en peligro nuestro estado del bienestar. Pero por favor, no toquéis ni invalidéis al empleado público, al profesional, que trabaja por el bien común de todos los ciudadanos.
Imagen: The Scapegoat (‘El chivo expiatorio’), obra del pintor inglés William Holman Hunt (1854).
