Rizomática

Al margen del falso debate generado por las descalificaciones y el oportunismo electoral de Duran i Lleida contra los jornaleros que se benefician del PER, siglas del antiguo Plan de Empleo Rural, seguimos sin entrar en el fondo de la cuestión de un subsidio injusto, perverso y anacrónico para el desarrollo económico de las regiones del Sur.

El PER es un subsidio donde la prestación media recibida es de 426 euros mensuales (80% del salario mínimo) durante seis meses y se requiere acreditar un mínimo de 35 de peonadas  o jornales, aunque el año pasado se redujo de manera excepcional a 20 por los efectos climáticos en el campo. En agosto de este año lo cobraron 151.536 personas (60% mujeres), de las que 131.991 eran de Andalucía. A simple vista, ya podemos observar el carácter injusto si consideramos que cualquier trabajador normal tiene que haber cotizado año y medio para tener derecho a esos seis meses de subsidio.

Asimismo, tiene un carácter perverso por diversos aspectos. Sin datos oficiales, son numerosos los testimonios sobre aspectos como: el abandono de trabajos temporales una vez cubierto el mínimo de peonadas; la picaresca en conseguir que algún empresario firme peonadas como si se hubiesen efectuado; y el hecho de que un número considerable de los receptores de dichos subsidios estén, a la vez, trabajando en la economía sumergida.  No se justifica que provincias como Huelva o Almería no encuentren mano de obra autóctona para recoger la fresa o trabajar en los invernaderos.  Es decir, resulta paradójico que la región española que presenta el problema más agudo de desempleo agrario sea, al mismo tiempo, la que registra el mayor volumen de trabajadores inmigrantes en dicho sector, por tanto, todo hace pensar que el PER ha contribuido a generar una cultura de la dependencia; de modo que casi tres décadas de altos niveles de desempleo han conducido a que los trabajadores agrarios locales se hayan acostumbrado a un sistema que sin sacarles del círculo de la pobreza, les permite tener un cierto acceso al consumo.

El PER fue instaurado en 1984 por el Gobierno Socialista de Felipe González como una prestación por desempleo para los afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social de Andalucía y Extremadura, comunidades que en la época tenían una alta dependencia de la actividad agraria (75% de jornaleros de todo el Estado) y elevadas tasas de paro en las zonas rurales. Una época de crisis económica (la crisis del 82) donde el paro en Andalucía rondaba el 30%, en un contexto de desindustrialización local en el nuevo contexto de reorganización del espacio industrial en los procesos de globalización de los años 80.  En este contexto, con una cierta perspectiva histórica, se podría considerar que fue una medida para paliar los efectos de la crisis en los sectores de la población más desfavorecidos.  Sin embargo, este subsidio se ha mantenido durante estos últimos 27 años a pesar de los ciclos económicos con un alto crecimiento de empleo. En otras palabras, es un subsidio anacrónico por su carácter permanente al margen de los cambios sociales y económicos que se han ido produciendo durante todos estos años.  En este punto es cuando surgen los aspectos políticos que van mucho más allá de las condiciones socioeconómicas. Para empezar las reiteradas denuncias del carácter clientelar que tiene para el partido político que ha gobernado la comunidad desde siempre, al mismo tiempo que el principal partido de la oposición no lo cuestiona directamente por el coste electoral que le supondría. Asimismo, los argumentos en su defensa basándose en aspectos como que el PER es un modelo de desarrollo que mantiene la cohesión de los territorios del interior al evitar el despoblamiento y la conservación medioambiental, es en cierta medida una falacia, porque esconde una realidad  profunda que no se quiere afrontar.

En Andalucía, los problemas de desempleo, subempleo y pobreza, fruto de una desigual distribución de la tierra, es un problema que se lleva arrastrando desde hace cinco siglos y, a pesar de la transición y la democracia, la situación no ha mejorado. La Reforma Agraria practicada en Andalucía en la década de los ochenta por el Gobierno Autónomo terminó en un completo fracaso, no contribuyendo en absoluto a una mejor distribución de la tierra. Hoy, aunque la estructura agraria andaluza no es uniforme, las estructuras latifundistas  (más de 200 has.), características de una amplia zona de la comunidad permanecen constantes desde hace décadas, más del 50% de la superficie total agraria, concentrándose estas más en la Andalucía Occidental que en la Oriental donde el minifundio tiene un peso importante.  Asimismo, se verifica que cuanto mayor es la concentración de las explotaciones en determinadas comarcas, mayor resulta su depresión socioeconómica, acompañada por la monopolización de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) por las grandes familias de la aristocracia andaluza como la duquesa de Alba, los Mora Figueroa, Sainz de la Maza, Solís Martínez Campos y Parias Merry.  En este contexto, se entiende que el PER es, en definitiva, la compra de una paz social ante la incapacidad de abordar unas reformas que modernice y transforme, de una vez, las estructuras agrarias de dicha región.

A continuación os dejo un excelente vídeo donde se explica la realidad de una de las zonas agrícolas más rica de la comunidad, donde miles de personas emigrantes viven y trabajan en situación irregular alimentando la economía sumergida, para ellos no hay PER. Mientras tanto,  los gobernantes bien pensantes mirando para Cuenca… o, mejor dicho, para Cataluña, desgarrándose las vestiduras por las declaraciones de un político que por sus palabras se descalifica así mismo.

Situación trabajadores sin papeles Almería