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ACTA convierte a la ley Sinde-Wert en una minucia

La Unión Europea y 22 de sus estado miembros, entre ellos España, ayer firmaron en Japón el tratado ACTA. Es un acuerdo comercial que pretende combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual a nivel mundial y cuya negociación inicial se llevó en secreto.

En lo referente a la Red, ACTA significa ley y orden global en Internet, lo explicamos aquí. ACTA introduce una serie de medidas genéricas cuya aplicación concreta podría suponer la persecución penal de proveedores de Internet que estuviesen favoreciendo la piratería. Aplicada con todas las consecuencias, es una clara merma de la libertad de expresión al obligar a los proveedores la vigilancia de los contenidos y, por tanto, aplicar una censura previa. Asimismo, crearía inseguridad jurídica al permitir que los titulares de derechos a obtener información de los presuntos infractores en la Red por parte de los operadores.

Como podemos deducir, ACTA establece un marco de regulación, control y penalización que convierte a nuestra casera ley Sinde-Wert en una minucia. Lo curioso es que mientras se cocinaba un cocido con todos los ingredientes para meter en cintura a la Red como es ACTA, en España, “ardía” la Red por el consomé que nos ofrecía González-Sinde. Nuestra vanguardia revolucionaria de egos revueltos,  un vodevil tragicómico, con sus incendiarias proclamas, sus parodias y esperpénticas reuniones con algunos políticos y hasta con la mismísima Ministra, desconocían o no se pronunciaban sobre el tratado internacional. Es el nivel de nuestros ilustrados TIC que nos iluminan por el tortuoso camino de la Red.

La firma del tratado por parte de la Unión Europea debe ser ratificada por el Parlamento Europeo en junio. Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania no lo han suscrito.  Ya se están preparando movilizaciones para intentar frenar la ratificación, para empezar, puedes firma la petición al Parlamento Europeo para que no prospere esta iniciativa de ley y orden global en la Red.

No tenemos que olvidar que la Red es como el antiguo Far West: un espacio de libertad y aventura que a medida que se va poblando y articulando socialmente y económicamente se le impone ley y orden. La cuestión es: ¿Qué ley y qué orden?.

¿En qué se parece Megaupload y la caja de un banco?

Desde un punto de vista funcional Megaupload, un servicio de alojamiento de archivos de todo tipo en la Red, es similar a los servicios de las cajas privadas que ofrecen los bancos para que sus clientes “alojen” dinero en metálico, joyas y documentos de todo tipo de forma segura. Acudiendo a un razonamiento simple, algunos pensarán que simplista, prestan un servicio similar, aunque la naturaleza de sus contenidos sea distinta.

En Megaupload, los usuarios alojan contenidos digitales de todo tipo, unos como copias de salvaguarda de sus contenidos del disco duro de sus ordenadores personales, otros como un espacio para compartir en la Nube sus contenidos con otros usuarios.  Parece ser, bueno más bien es, que un número importante de contenidos alojados en sus servidores infringen las leyes vigentes sobre la propiedad intelectual y el copyright y que eran compartidos por un número significativo de usuarios. El Departamento de Estado de EEUU, junto al FBI y otras autoridades internacionales, han intervenido clausurando el servicio y deteniendo a varios de sus responsables acusados de conspiración para cometer un crimen y violación de la propiedad intelectual.

Aplicando la lógica deductiva, “Todos los perros ladran. Por lo tanto, mi perro ladra”, o la inductiva “Mi perro ladra y el perro del vecino ladra. Por lo tanto seguramente todos los perros ladran”. El FBI y otras autoridades internacionales deberían intervenir de forma contundente contra todos los bancos que ofrecen servicios de caja privada a sus clientes y, sobre todo, a los bancos situados en los paraísos fiscales. Porque en muchas de las cajas privadas y en muchas de las cuentas corrientes de los bancos en sitios como Belice, Gibraltar o Naurú… el contenido que se “guarda”, principalmente dinero, es producto de actividades delictivas muchísimo más grave que infringir los derechos de la propiedad intelectual. Estamos hablando del crimen organizado o del delito fiscal. Los bancos lo saben, en su lógica ofrecen un servicio sin cuestionar el origen del dinero depositado. Es la misma lógica que aplica Megaupload, ofrece un servicio sin cuestionar el origen de los contenidos.

¿La Justicia continuará aplicando dos vara de medir?…

ACTA. El borrador del 18 de enero de 2010

El colectivo La Quadrature du Net ha conseguido un pdf con el borrador del tratado ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) que está negociando en secreto una serie de países -Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países que se han ido incorporando como México, Australia o Corea del Sur, entre otros- y cuyo objetivo es fijar las orientaciones de una política global de lucha contra las falsificaciones de objetos físicos y las descargas consideradas ilegales en Internet.

El documento, en su versión del 18 de enero, aunque no refleja el contenido final del acuerdo que se está negociando desde hace más de 2 años, si que presenta una clarificación importante sobre los puntos de discusión y las discrepancias en las posiciones de los diferentes países divididos entre los que tienen una línea “dura” y los defensores de una versión que defina diferentes niveles de control y respuestas graduales.

Los Estados Unidos junto con el Japón,  son los que defienden una línea dura contra la falsificación y las descargas. Los norteamericanos ponen el énfasis en la responsabilidad de los proveedores de alojamiento en Internet, los proveedores de acceso o los motores de búsqueda. Asimismo, propugnan un endurecimiento de las sanciones contra las personas que desarrollan o fabrican herramientas para eludir las medidas de protección de los productos, por ejemplo: los chips para las consolas de videojuego o los programas para anular las protecciones anticopia de los DVDs.

Por otro lado, nos encontramos con una coalición más moderada formada por la Unión Europea, Canadá o Nueva Zelanda que proponen un texto más consensuado y menos impactante. La Unión Europea propone, por ejemplo, que se mantengan las excepciones de los derechos de autor en la copia privada.

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