Por un lado, observamos que, hasta el momento y a lo largo de la historia, en la organización social y económica, a medida que evolucionan las relaciones entre todos los intervinientes –personas físicas y jurídicas- se han ido estableciendo formas de regulación institucional que establecen las normas jurídicas abstractas o de principios generales, y las concretas, es decir, las legislaciones o regulaciones de los diferentes tipos de actividades. Unas normas que, en general, favorecen o defienden los intereses de quien detenta el poder económico y político.

Por otro lado, también observamos que el paradigma de la Red, su desarrollo, y la penetración social y económica de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), plantea el efecto de aldea global generado por el entramado de redes y la proliferación de nodos en todo el planeta, lo cual, permite la difusión y el acceso inmediato de cualquier información, y la realización de transacciones económicas sin tener en cuenta las fronteras de los Estados y dominando un territorio que es infinitamente superior al sometido a los poderes de aquellos.

Es decir, nos encontramos ante la “primera y más elemental evidencia que se presenta nada más aproximarse al problema del gobierno de la gran red es la insuficiencia de los poderes de los Estados, confinados en los espacios limitados, para abordar el control de lo que ocurre en las infovías mundializadas. Estamos ante un aspecto de la globalización” tal como afirmaba Santiago Muñoz Machado, en el año 2000, en su libro “La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet”.

Al margen de que los Estados por su cuenta van lanzando iniciativas para regular o controlar la Red en su ámbito territorial, se observa que van surgiendo iniciativas más globales para  establecer formas de regulación institucional específicas para la Red y en consonancia con las normas ya existentes. Es el caso del Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral en respuesta al “incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright o patentes pirateadas en el mercado global” incluyendo la distribución en Internet y las TICs.

Las negociaciones de ACTA se llevan a cabo de forma secreta, acaba de finalizar la séptima ronda en México y el objetivo es cerrar un acuerdo dentro de este año. En ACTA participan Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países que se han ido incorporando como México, Australia o Corea del Sur, entre otros.

Según la Quadrature du Net, ACTA persigue imponer un acuerdo “voluntario” entre los proveedores de acceso a Internet y los titulares de los derechos –léase Industria Cultural- para combatir de forma extrajudicial los atentados contra los derechos de autor mediante una respuesta gradual y el filtrado o una eliminación automática de los contenidos.

La Red como el antiguo Far West: un espacio de libertad y aventura que a medida que se va poblando y articulando socialmente y económicamente se le impone ley y orden.