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Un nuevo lobby. La Asociación Española de Economía Digital

El megasector de las industrias españolas relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), el comercio electrónico, el marketing online y otras actividades en la Red tienen previsto constituirse en una asociación empresarial, bajo el paraguas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para poder incidir en las políticas económicas y legislativas del gobierno.

Según informa ElPaís, la nueva Asociación Española de Economía Digital (AESEDI) nace a partir de la actual Federación Española de la Economía Digital (FECEMD), pero, a diferencia de ésta, quiere integrar no sólo a las firmas de Internet, sino a todas aquellas que quieran integrar la Red en su modelo de negocio.

Esta iniciativa es una buena noticia si consideramos que la estructura económica española requiere una importante transformación que permita pasar de un modelo donde el “ladrillo” y la combinación “sol, paella y sangría” -dos de los pilares fundamentales del crecimiento económico- están en crisis y, por tanto, se requiere potenciar sectores relacionados con las nuevas tecnologías y las aplicaciones de éstas.

Tampoco  es nada nuevo que un sector empresarial intente establecer su asociación y actuar como grupo de presión. Una de las características del sistema económico dominante es la existencia de grupos de presión –lobbies- empresariales organizados en asociaciones como el caso de las constructoras (SEOPAN), las eléctricas (UNESA), la banca (AEB) o el sector farmacéutico (Farmaindustria), entre otras. De la misma manera que nos encontramos con las asociaciones y organizaciones de ciudadanos que también actúan como grupos de presión –sindicatos, organizaciones de consumidores, ecologistas, etc.- para la defensa de sus derechos.

En sus primeros pasos, la AESEDI, tiene planteado presentar un decálogo de medidas al Gobierno con el fin de impulsar la economía digital: la armonización del IVA en las transacciones digitales; cofinanciación al 50% por parte del Estado de proyectos emprendedores para Internet; la posibilidad que las empresas que financian proyectos de start-up, puedan desgravarse beneficios fiscales en sus cuentas por las inversiones fallidas; cambio en la fiscalidad de las stock options para atraer socios es implicarles en el capital de la empresa; o que la Agencia de Protección de Datos rebaje las multas por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, entre otras.

Ahora queda pendientes que los usuarios de la Red pongan en marcha una organización potente que permita la defensa de sus intereses como consumidores y como ciudadanos y evitar verse atrapados, como está pasando en estos momentos con la Disposición Final Primera del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, entre los intereses de la Coalición de Creadores y los intereses de la Industria de los “enlaces” –esas empresas que viven de los enlaces o se benefician de ellos-  que sin estar organizados en un lobby, cada vez son más evidentes por la actividad febril de algunos de sus interpuestos portavoces convertidos en paladines de los derechos civiles y democráticos de los usuarios de la Red.