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La Junta de Andalucía, el hashtag #DiadeAndalucia y las ardillas

El hecho de que la Junta de Andalucía haya gastado unos cuantos miles de euros en comprar la promoción de un hashtag (#DiadeAndalucia) para elevarlo a la categoría de tema del día (Trending Topic) en Twitter al margen de la audiencia real, ha causado indignación en una buena parte de la comunidad tuitera. Sobre todo si consideramos que en Twitter, son los propios usuarios quienes, por su interés en algo, pueden elevar un tema a tendencia del momento. En otras palabras, la Junta ha pagado por algo que le podría haber salido gratis si consideramos que otros hashtag propuestos por los propios usuarios (#FelizDíadeAndalucía, #28F y #Eresandaluzsi) se convirtieron en tendencias.

Una indignación que es obvia considerando el panorama actual de la crisis económico-financiera que merma los ingresos públicos y que plantea ajustes radicales en los presupuestos con una repercusión directa en recortes de servicios esenciales (salud, educación, atención a la dependencia,…) que afecta a la gran mayoría de la ciudadanía. En este contexto, que una Administración pública, sea la que sea, dilapide recursos públicos demuestra la poca sensibilidad que tienen una buena parte de los políticos en la gestión de lo público. Es cierto que, en este caso, estamos hablando de una cantidad ínfima en los presupuestos generales, no se trata de la construcción de aeropuertos sin aviones, pero, aunque sea el chocolate del loro, no deja de ser una iniciativa socialmente deplorable y poco ética.

Asimismo, podemos asumir que la Junta desconoce el funcionamiento de las redes sociales, aunque tenga más de un Community Manager en las Consejerías,  y, por lo tanto, para publicitar la fiesta autonómica, decide contratar un servicio externo a través de un procedimiento de licitación negociado y sin publicidad la “mediación y cursado de publicidad institucional en la redes sociales con motivo de la celebración del día de Andalucía (28F)”, por un importe de 37.000 €. Pues bien, la empresa adjudicataria, unas alegres ardillas que se promocionan como especialistas del socialmedia, ha demostrado muy poca “expertise” en redes sociales, por lo menos en Twitter,  al gestionar la compra de la promoción de un hashtag en vez de asesorar a la Junta para realizar una campaña activa desde la propia institución con coste cero.

Siempre me quedará la duda sobre si la “expertise” de la empresa adjudicataria, en realidad, radica en el networking en los pasillos del Palacio de San Telmo o entre los ilustrados 2.0 próximos a los corrillos del poder andaluz. Ya se sabe, las ardillas son alegres, saltarinas y, si son andaluzas, salerosas.

Andalucía no es Islandia. El acuerdo PSOE-IU es un brindis al Sol

Se acaba de publicar el acuerdo de legislatura entre el PSOE e Izquierda Unida (IU) (descargar aquí). En una primera lectura es un documento que, desde un punto de vista programático, lo suscribo desde una posición política clásica de izquierda en un contexto donde las políticas económicas y sociales del neoliberalismo para superar la crisis están castigando de forma directa a los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía. Sin embargo, en una segunda lectura me plantea una serie de dudas sobre su viabilidad y la credibilidad ideológica que lo sustenta. Porque hemos de considerar la premisa de una situación socio-económica de partida que es la herencia de más de 30 años de gobierno del principal socio de la nueva coalición, y de que la deriva programática del PSOE andaluz a posiciones más de izquierda, según se desprende del acuerdo, está determinada por la necesidad de pactar con Izquierda Unida para seguir gobernando y no de una profunda renovación del partido.

Los ejes centrales del acuerdo, 26 nuevas leyes y 250 medidas, son un plan de choque urgente contra el desempleo, un modelo más sostenible de la economía, el incremento de la participación ciudadana y la profundización de la democracia, la protección social y, por último, la profundización de la autonomía Andaluza y voz propia en la Unión Europea. Hasta aquí, las líneas programáticas que cualquier persona progresista suscribiría, no obstante una parte importante de las medidas propuestas están supeditadas a un presupuesto de ingresos y gastos (no se hace alusión) acorde con el criterio de “estabilidad presupuestaria” fijada con la reforma, en 2011, del artículo 135 de la Constitución y los objetivos de reducción del déficit que se establezcan desde el Gobierno central y la Unión Europea.

El plan de choque incluye el impulso de diversas obras públicas para reducir el desempleo entre los parados más desfavorecidos; el desarrollo de un modelo de economía sostenible donde se apoye a las pymes y autónomos y por diversos sectores estratégicos, como la industria aeroespacial, las energías renovables, la biotecnología, las nuevas tecnologías, la economía verde, o la I+D+i entre otros; o la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz que inyecte liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, todas estas medidas requerirán de la disponibilidad de recursos y capacidad de endeudamiento que, a corto y medio plazo, difícilmente se podrán disponer, aún más, se dispondrá de menos recursos si quieren preservar el modelo social de educación y sanidad de los recortes que le está marcando el Gobierno central, las iniciativas estarán lastradas por una cuestión de prioridades.

En otras palabras, poco dinero para un plan económico y social muy ambicioso. No debemos olvidar que aunque la población andaluza ha mejorado de manera notable su calidad de vida gracias a los ingentes recursos que ha ido recibiendo durante estos años de la Unión Europea y de la solidaridad interna española de otras comunidades, pero la realidad es que Andalucía no ha alterado sustancialmente su posición estructural en la economía española y continua en los veinticinco puntos por debajo del promedio de la riqueza española, exactamente la misma posición que ocupaba en 1982.  Durante 30 años, el principal socio de la coalición ha tenido la oportunidad, en tiempos de bonanza, de alterar la situación y no lo ha hecho, dudo mucho que lo puedan hacer inmersos en una crisis financiera y económica sistémica.

Posiblemente, la única vía de incrementar recursos propios pasa, tal como se propone en el documento, por el gravamen permanente sobre la riqueza que pasa por el Impuesto sobre el Patrimonio, la reforma del Impuesto de Sucesiones, una fiscalidad verde y una ley andaluza contra el fraude. Aunque se tendrá que conocer el alcance real de dichas medidas y su impacto en las arcas públicas. Asimismo, las propuestas de modernización de la Administración pública choca frontalmente con una administración donde el clientelismo político del principal partido de la coalición ha sido dominante durante décadas y una administración sobredimensionada donde 17 de cada 100 personas empleadas trabajan para la administración pública (12 en el País Vasco o menos de 10 en Cataluña).

Sobre la transparencia y la propuesta de un Estatuto para los Altos Cargos de la Administración con un código ético, el problema de partida sigue siendo la trama de los ERE y la forma como lo ha ido gestionando el PSOE durante todo este tiempo, negando comisiones de investigación. En mi opinión, un tema que se debería cerrar políticamente con la mayor transparencia creando, al día siguiente de la toma de posesión, la comisión de investigación pertinente que permita despejar cualquier duda.

Muchas son las dudas sobre la viabilidad del acuerdo y las posibles expectativas que pueda plantear en sectores de la izquierda de una Andalucía como bastión de regeneración de la vida política y modelo alternativo socioeconómico para superar la crisis actual, porque el margen de maniobra político y económico, lo reitero, es muy reducido para un plan tan ambicioso. Me gustaría poder equivocarme y la experiencia del nuevo Gobierno sea un revulsivo contra las políticas actuales que imperan en la Unión Europea. Lamentablemente, Andalucía no es Islandia, no es un país independiente y soberano para aplicar un modelo socio-económico alternativo para salir de la crisis, además está encorsetado por la moneda única y las reglas que está marcando la Unión Europea.

PD: La imagen se corresponde con la frecuencia de términos utilizados en el documento del acuerdo. La nube de palabras ha sido generada a través de aplicación web Wordle.

Los falsos ganadores de las elecciones andaluzas

Si nos atenemos a las declaraciones de los dirigentes de los principales partidos políticos, en las elecciones del 25 de marzo, han ganado todos (es la típica canción de las noches electorales). El Partido Popular ha conseguido una victoria histórica en número de escaños pero con nulas posibilidades para formar gobierno,  el Partido Socialista ha podido frenar su particular debacle y tiene muchas posibilidades para continuar gobernando si cuenta con el apoyo de Izquierda Unida, el único partido que ha conseguido obtener un saldo positivo de votos con relación a los comicios anteriores, tanto generales como autonómicos,  con el consiguiente incremento de escaños que le convierte en la llave decisoria para la formación del gobierno de la Comunidad.

Es cierto que en política, al final, gana quien puede formar gobierno y controla el poder aunque sea con geometría variable. Desde la izquierda se dice que Despeñaperros se ha convertido en el bastión que ha frenado la marea azul, que Andalucía es el inicio de la recuperación de la izquierda y el clamor popular contra las medidas del Gobierno Central. Cada cual interpreta los números de los resultados según su convinencia y según su discurso. Sin embargo, los números nos dicen otras cosas.

Si miramos que ha pasado con la izquierda, vemos que en su conjunto han perdido casi 535 mil votos con relación a los comicios autonómicos del 2008 y únicamente ha conseguido incrementar en unos 10 mil votos los resultados de las últimas generales. Por tanto, se puede interpretar que no ha habido una reacción ciudadana desde la izquierda significativa a los recortes y reformas del Gobierno Central.  En esta perdida de votos de la izquierda, el PSOE perdió casi 650 mil votos, mientras que IU incrementó su número en casi 120 mil votos (efecto del traspaso en el segmento del voto de la izquierda).  No nos engañemos, una parte importante de los votos que ha perdido la izquierda están en los 650 mil nuevos ciudadanos que han optado por la abstención. El Partido Popular tampoco debe dejarse llevar por la euforia, porque ha perdido casi 163 mil votos con relación a los comicios autonómicos del 2008, sin embargo la reacción ciudadana desde el centro (podemos deducir que es corresponde con sector de la clase media, muy castigada por la crisis económica) contra las políticas del Gobierno Central si ha sido significativa al retirarle casi 415 mil ciudadanos la confianza que le otorgó en las elecciones generales. En términos relativos, ha ganado las elecciones, pero en términos absolutos ha perdido en su promesa de cambio.

La realidad es que la abstención es la verdadera ganadora de estas elecciones con un 37,77 % de ciudadanos (2.352.973) que manifiestan su desafección, tanto activa como pasiva, con la política (un incremento del 10,4 % con relación a los comicios del 2008).

El reto que tiene Andalucía es muy importante, porque como señalaba Enric Juliana: “gracias a la fortísima inyección de recursos provenientes de Europa y de la solidaridad interna española (casi imposibles de cuantificar, puesto que las balanzas fiscales son tabú en España), la población andaluza ha mejorado de manera notable su calidad de vida, sin modificar su posición estructural en la economía española”. En efecto, en 1982, Andalucía se hallaba veinticinco puntos por debajo del promedio de la riqueza española, exactamente la misma posición que ocupaba al finalizar el año 2010. Hoy los recursos que puedan llegar desde Europa o del Estado, van a ser escasos para mantener el ritmo de gasto de una comunidad con una tasa de paro abrumadora del 30%. Difícil tarea para el próximo Gobierno, sean de izquierda, derecha o de geometría variable, obligado a marcar el paso de los recortes y reformas impuestas por el Gobierno Central y la Unión Europea. Sin olvidar otros déficits como los graves casos de corrupción (el entramado de los ERE) y el clientelismo político en una sociedad donde 17 de cada 100 personas empleadas trabajan para la administración pública (12 en el País Vasco o menos de 10 en Cataluña).