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La Ley Sinde y los cuatro gatos fascistoides

La aprobación del reglamento de la denominada Ley Sinde o algo similar por el nuevo Ejecutivo estaba cantada. Era cuestión de días o semanas. El propio Gobierno de los Estados Unidos, en defensa de sus majors,  ya le dejo claro a Mariano Rajoy hace un par días de forma imperativa, a través de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en España (AmChamSpain), la urgencia de la aprobación inmediata del reglamento antidescarga.

Obviamente, cuando nombraron a José Ignacio Wert Ortega Ministro de Educación, Cultura y Deporte y a José María Lassalle secretario de Estado de Cultura, defensores a ultranza de la persecución de las descargas de contenidos, estaba claro que sería una de las primeras medidas de la política cultural del Partido Popular. Una medida que, en en el fondo, ha quedado diluida en el tijeretazo histórico de los recortes y las subidas de impuestos que afectan directamente a las rentas del trabajo y a la clase media.

Hasta cierto punto, me extraña la reacción de algunos de los activistas contra la Ley Sinde y su pretendido desconcierto por la aprobación del reglamento si consideramos los indicios que hemos comentado al principio. Sobre todo, los activistas con un cierto protagonismo de evangelizadores de la Red que directamente o indirectamente están promoviendo un boicot comercial a cualquier autor, productor o interprete que figure en la lista negra que han creado alguno de los promotores de #nolesvotes y #redresiste  para que las “masas virtuales” vayan incluyendo a personas físicas que en algún momento manifestaron su simpatía a la Ley Sinde o defensa del copyright. Una actitud que se puede calificar, con suavidad, como infantiloide, pero que en términos políticos es equiparable a los métodos y criterios que aplicaba el fascismo en el siglo XX apelando a  la denuncia y al linchamiento de las personas.

La estigmatización a través de listas negras descalifica a sus promotores y seguidores.  No es la vía para el encuentro entre los creadores e interpretes con los consumidores en la Red. Un debate aún ausente y que será largo en la búsqueda de una verdadera cultura sostenible y de calidad no subordinada a los grandes intereses económicos. Porque los que han propiciado la Ley Sinde, no son las personas que empiezan a figurar en la lista negra, son los intereses de la gran industria del ocio-pseudocultural cuyos principales protagonistas son los majors, es decir, los seis estudios de cine norteamericanos que dominan la industria cinematográfica global y las cuatro compañías discográficas que dominan el mercado internacional de la producción y distribución musical.

Si #redresiste persiste en alimentar la lista del boicot, al final, la exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde pasará a la historia como émula del Cid Campeador, ganando la última batalla después de su muerte política al conseguir la aprobación de “su” ley y que únicamente queden cuatro gatos exaltados en contra del reglamento con un comportamiento fascistoide.

El espíritu inquisidor, tan arraigado en nuestra cultura, no es la vía.

Imagen: Capricho nº 23: Aquellos polvos de Goya, serie Los Caprichos, 1799

Actualización: Según Confucio “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”. Los promotores de la lista negra, después de las numerosas críticas que se han manifestado en los medios sociales han abierto la lista blanca de autores y empresas que están en contra la Ley Sinde. Rectificar siempre es de sabios, lamentablemente la lista negra aún sigue vigente (3/01/2012 14:00). Persistir en el error al establecer la dualidad entre personas “buenas” y “malas” por sus opiniones con respecto a una Ley, acentúa, aún más, el carácter facistoide de la iniciativa.

El creador como ciudadano, el ciudadano como creador

Llevamos 7 años con el PSOE en el Gobierno  y el balance de su política cultural no es nada alentador, en mi opinión:

  • Han sido años en los que los nuevos talentos se mueven en los límites de la supervivencia de su arte.
  • La mercantilización ha multiplicado hasta extremos insoportables la sensación de que lo que no vende no es bueno.
  • Se ha propiciado una estandarización unidireccional y partidista de la oferta cultural de la mano del proceso de concentración que viven las industrias editoriales, cinematográficas y musicales.
  • Se excluye de los espacios para la cultura a los jóvenes creadores inquietos, a los colectivos diferentes, a las redes pluralistas de creadores.
  • No hay programación consistente, ni política de creación y formación de públicos.
  • El clientelismo y el sectarismo son los criterios que rigen la asignación de los presupuestos culturales.
  • Se muestra una absoluta pasividad ante la diversidad cultural histórica de nuestro país y la propiciada más recientemente por la inmigración de culturas distintas.

Lo lamentable es que cada uno de estos puntos del diagnóstico se corresponden, sin quitar ni poner una coma con el diagnóstico que el PSOE realizó en su Programa electoral elecciones generales 2004 sobre los años de gobierno del Partido Popular que, según los redactores del programa electoral, habían demostrado, pública y repetidamente un desprecio por la Cultura.

Uno de sus lemas programáticos fue: “El creador como ciudadano, el ciudadano como creador” y puso el énfasis en que “la  sociedad española y sus poderes públicos no se pueden permitir quedarse al margen de la revolución que las Tecnologías de la Información y la Comunicación suponen: la apuesta por la sociedad del conocimiento tiene un carácter no meramente tecnológico, sino social, cultural e incluso político en el sentido tradicional del término, referido éste a la comunidad”.

Para ello, el PSOE nos proponía “el momento de repensar modelos de gestión pública que administren con inteligencia la avalancha de información, y sean capaces de hacer que ésta se transforme en conocimiento de todos y para todos, porque permitan el acceso cualitativo a los nuevos lenguajes y actitudes”.

Tres personas han pasado por el Ministerio: Carmen Calvo con su polémico Plan Integral para la Disminución y la Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual; César Antonio Molina que se cubrió de gloria con su famosa frase de “con los piratas (refiriéndose a los que descargan contenidos de la Red), como con los terroristas, no hay nada de qué hablar“; y González-Sinde cuya actividad se ha centrado en el desarrollo y la aprobación de su ya famosa Ley Sinde. Tres máximos responsables de la política integral de la Cultura de nuestro país cuyas actividades han estado centrada en criminalizar, por activa y por pasiva, a los ciudadanos internautas.

El único legado que nos va a dejar el PSOE es la Ley Sinde, una fractura entre una importante parte del sector profesional de la cultura y los ciudadanos que utilizan el potencial de la Red para acceder a ella.

Una Ley cuya esencia, sin entrar en el entramado de  los matices jurídicos y al margen de la justificación de que lo único que se persigue con dicha ley es poder acelerar el cierre de webs de descargas ilegales, se fundamenta en una defensa a ultranza del principio de la propiedad intelectual, los derechos de autor y la mercantilización a ultranza de la cultura. Es decir, los dos sacrosantos principios del capitalismo neoliberal: propiedad privada y la cultura para quien pueda pagársela.

Una Ley hecha a medida de los intereses de los Oligopolios del Mainstream,  es decir, productores de obras de carácter excesivamente comercial poco innovadoras o artísticas. Una Ley al servicio de los 6 estudios de cines y las 4 compañías discográficas estadounidenses que dominan el mercado internacional de la producción y distribución de del cine y la música.

Si realmente querían potenciar “el creador como ciudadano, el ciudadano como creador”, podían haberse fijado y potenciado modelos nacidos con la Red para el desarrollo de una cultura compartida, como el Creative Commons, que permiten a la gente expresarse por sí misma y tomar el control de sus propios impulsos creativos.

El PSOE en su Programa electoral del 2004, desarrolló un storytelling lleno de promesas para un mundo mejor. Nos desgranó un mundo imaginario más justo y mejor, muchos jóvenes le dijeron a Zapatero: “no nos falles”, hoy muchos jóvenes están diciendo “no te voy a votar”. El PSOE en vez de defender la gratuidad de la cultura contra el mercado, se ha centrado a proteger las rentas actuales del sector de los medias sin que tengan la necesidad de transformarse y aportar nuevos servicios a sus clientes, protegiendo, asimismo, los privilegios de los proveedores de acceso. Como dijo Jacques Attali, en su denuncia de la Ley Hadopi en Francia, “es escandaloso porque, por una vez que se le podía dar algo gratuito a los jóvenes, las primeras víctimas de la crisis, se prefiere engrasar a los Majors de la música y del cine, que se han convertido, cínicamente y conscientemente, en los primeros parásitos de la cultura”.

Iniciándose el siglo XXI ningún Ministerio de Cultura ha conseguido situar en el centro de sus decisiones a los ciudadanos. La Administración Pública de la cultura sigue centrada en sí misma y en el mundo que rodea directamente a las artes -artistas, obras, museos, productos, servicios, campañas, fastos a “bombo y platillo”-, pero los ciudadanos quedan fuera o son tratados sin más como consumidores, en definitiva sólo como publico”.  Esto nos contaban en el Programa electoral, han transcurrido 7 años y los ciudadanos siguen siendo tratados sin más como consumidores, en definitiva sólo como publico ¡Que gran oportunidad perdida!

Ley Sinde con Fumata Bianca. Paisaje después de la batalla

La noticia: el Gobierno y el Partido Popular llegan a un acuerdo sobre la ‘ley Sinde’ que permitirá el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor.

Esta noticia se esperaba desde hacía mucho tiempo ya que las diferencias entre las posiciones del PSOE y el PP eran mínimas a pesar de todo el ruido generado en los últimos meses. La oposición manifestada, hasta el momento, por el PP  obedecía más a una posición de desgaste del Gobierno que a un planteamiento radicalmente distinto al texto propuesto por el Gobierno. Es una Ley hecha a la medida de la Industria de la Cultura y de los intereses de las grandes empresas norteamericanas.  Además, según algunos juristas abre una posible vía para “censurar” enlaces o referencias de terceros que, bajo el amparo de los derechos de autor, se utilicen en los medios sociales.

Lo que es cierto es que la sociedad civil, en general, se ha mantenido al margen de las discusiones, polémicas y oposición a dicha propuesta de ley, salvo unos cientos o pocos miles, muy pocos miles no perdamos las perspectivas, de usuarios de Internet (los internautas) que través de las redes sociales han manifestado su rechazo, a veces en acaloradas discusiones y cruces de insultos con algún que otro “autor-creador”. En estos momentos, al mismo tiempo que escribo esta entrada, en Twitter con el hasgtag #leysinde, unos cientos de “internautas” manifiestan su rabia contra el acuerdo Gobierno-PP. Pasarán unos días y cuando quede ratificada en el Congreso, nadie se acordará. La oposición y movilización contra la Ley se ha centrado en un ciberactivismo de sofá sin ninguna repercusión en la calle, el único sitio que, hoy por hoy, preocupa a la clase política. Esto no es una descalificación, simplemente una constatación de una realidad.

Nos queda un grupito de internautas con una alta popularidad en los medios sociales que han hecho de esta ley su leit motiv  del ser y estar, en algunos casos en busca de  protagonismo desmesurado, al margen de la sociedad civil y por encima de sus canales de representación, que al final ha quedado reducida a un coro de grillos asíncronos y hasta patético por algunas de sus actuaciones. Esto si que es una crítica, porque la mayoría de estos aguerridos defensores de la libertad y de los derechos en Internet, nunca se han pronunciado sobre las perdidas de los derechos sociales y otras injusticias que están sufriendo millones de ciudadanos en este país, da la impresión de que no son de este mundo. En fin, revolucionarios de salón que en la mayoría de los casos defendían intereses económicos propios o de terceros.