La aprobación del reglamento de la denominada Ley Sinde o algo similar por el nuevo Ejecutivo estaba cantada. Era cuestión de días o semanas. El propio Gobierno de los Estados Unidos, en defensa de sus majors,  ya le dejo claro a Mariano Rajoy hace un par días de forma imperativa, a través de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en España (AmChamSpain), la urgencia de la aprobación inmediata del reglamento antidescarga.

Obviamente, cuando nombraron a José Ignacio Wert Ortega Ministro de Educación, Cultura y Deporte y a José María Lassalle secretario de Estado de Cultura, defensores a ultranza de la persecución de las descargas de contenidos, estaba claro que sería una de las primeras medidas de la política cultural del Partido Popular. Una medida que, en en el fondo, ha quedado diluida en el tijeretazo histórico de los recortes y las subidas de impuestos que afectan directamente a las rentas del trabajo y a la clase media.

Hasta cierto punto, me extraña la reacción de algunos de los activistas contra la Ley Sinde y su pretendido desconcierto por la aprobación del reglamento si consideramos los indicios que hemos comentado al principio. Sobre todo, los activistas con un cierto protagonismo de evangelizadores de la Red que directamente o indirectamente están promoviendo un boicot comercial a cualquier autor, productor o interprete que figure en la lista negra que han creado alguno de los promotores de #nolesvotes y #redresiste  para que las “masas virtuales” vayan incluyendo a personas físicas que en algún momento manifestaron su simpatía a la Ley Sinde o defensa del copyright. Una actitud que se puede calificar, con suavidad, como infantiloide, pero que en términos políticos es equiparable a los métodos y criterios que aplicaba el fascismo en el siglo XX apelando a  la denuncia y al linchamiento de las personas.

La estigmatización a través de listas negras descalifica a sus promotores y seguidores.  No es la vía para el encuentro entre los creadores e interpretes con los consumidores en la Red. Un debate aún ausente y que será largo en la búsqueda de una verdadera cultura sostenible y de calidad no subordinada a los grandes intereses económicos. Porque los que han propiciado la Ley Sinde, no son las personas que empiezan a figurar en la lista negra, son los intereses de la gran industria del ocio-pseudocultural cuyos principales protagonistas son los majors, es decir, los seis estudios de cine norteamericanos que dominan la industria cinematográfica global y las cuatro compañías discográficas que dominan el mercado internacional de la producción y distribución musical.

Si #redresiste persiste en alimentar la lista del boicot, al final, la exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde pasará a la historia como émula del Cid Campeador, ganando la última batalla después de su muerte política al conseguir la aprobación de “su” ley y que únicamente queden cuatro gatos exaltados en contra del reglamento con un comportamiento fascistoide.

El espíritu inquisidor, tan arraigado en nuestra cultura, no es la vía.

Imagen: Capricho nº 23: Aquellos polvos de Goya, serie Los Caprichos, 1799

Actualización: Según Confucio “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”. Los promotores de la lista negra, después de las numerosas críticas que se han manifestado en los medios sociales han abierto la lista blanca de autores y empresas que están en contra la Ley Sinde. Rectificar siempre es de sabios, lamentablemente la lista negra aún sigue vigente (3/01/2012 14:00). Persistir en el error al establecer la dualidad entre personas “buenas” y “malas” por sus opiniones con respecto a una Ley, acentúa, aún más, el carácter facistoide de la iniciativa.

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Llevamos 7 años con el PSOE en el Gobierno  y el balance de su política cultural no es nada alentador, en mi opinión:

• Han sido años en los que los nuevos talentos se mueven en los límites de la supervivencia de su arte.
• La mercantilización ha multiplicado hasta extremos insoportables la sensación de que lo que no vende no es bueno.
• Se ha propiciado una estandarización unidireccional y partidista de la oferta cultural de la mano del proceso de concentración que viven las industrias editoriales, cinematográficas y musicales.
• Se excluye de los espacios para la cultura a los jóvenes creadores inquietos, a los colectivos diferentes, a las redes pluralistas de creadores.
• No hay programación consistente, ni política de creación y formación de públicos.
• El clientelismo y el sectarismo son los criterios que rigen la asignación de los presupuestos culturales.
• Se muestra una absoluta pasividad ante la diversidad cultural histórica de nuestro país y la propiciada más recientemente por la inmigración de culturas distintas.

Lo lamentable es que cada uno de estos puntos del diagnóstico se corresponden, sin quitar ni poner una coma con el diagnóstico que el PSOE realizó en su Programa electoral elecciones generales 2004 sobre los años de gobierno del Partido Popular que, según los redactores del programa electoral, habían demostrado, pública y repetidamente un desprecio por la Cultura.

Uno de sus lemas programáticos fue: “El creador como ciudadano, el ciudadano como creador” y puso el énfasis en que “la  sociedad española y sus poderes públicos no se pueden permitir quedarse al margen de la revolución que las Tecnologías de la Información y la Comunicación suponen: la apuesta por la sociedad del conocimiento tiene un carácter no meramente tecnológico, sino social, cultural e incluso político en el sentido tradicional del término, referido éste a la comunidad”.

Para ello, el PSOE nos proponía “el momento de repensar modelos de gestión pública que administren con inteligencia la avalancha de información, y sean capaces de hacer que ésta se transforme en conocimiento de todos y para todos, porque permitan el acceso cualitativo a los nuevos lenguajes y actitudes”.

Tres personas han pasado por el Ministerio: Carmen Calvo con su polémico Plan Integral para la Disminución y la Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual; César Antonio Molina que se cubrió de gloria con su famosa frase de “con los piratas (refiriéndose a los que descargan contenidos de la Red), como con los terroristas, no hay nada de qué hablar“; y González-Sinde cuya actividad se ha centrado en el desarrollo y la aprobación de su ya famosa Ley Sinde. Tres máximos responsables de la política integral de la Cultura de nuestro país cuyas actividades han estado centrada en criminalizar, por activa y por pasiva, a los ciudadanos internautas.

El único legado que nos va a dejar el PSOE es la Ley Sinde, una fractura entre una importante parte del sector profesional de la cultura y los ciudadanos que utilizan el potencial de la Red para acceder a ella.

Una Ley cuya esencia, sin entrar en el entramado de  los matices jurídicos y al margen de la justificación de que lo único que se persigue con dicha ley es poder acelerar el cierre de webs de descargas ilegales, se fundamenta en una defensa a ultranza del principio de la propiedad intelectual, los derechos de autor y la mercantilización a ultranza de la cultura. Es decir, los dos sacrosantos principios del capitalismo neoliberal: propiedad privada y la cultura para quien pueda pagársela.

Una Ley hecha a medida de los intereses de los Oligopolios del Mainstream,  es decir, productores de obras de carácter excesivamente comercial poco innovadoras o artísticas. Una Ley al servicio de los 6 estudios de cines y las 4 compañías discográficas estadounidenses que dominan el mercado internacional de la producción y distribución de del cine y la música.

Si realmente querían potenciar “el creador como ciudadano, el ciudadano como creador”, podían haberse fijado y potenciado modelos nacidos con la Red para el desarrollo de una cultura compartida, como el Creative Commons, que permiten a la gente expresarse por sí misma y tomar el control de sus propios impulsos creativos.

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El PSOE en su Programa electoral del 2004, desarrolló un storytelling lleno de promesas para un mundo mejor. Nos desgranó un mundo imaginario más justo y mejor, muchos jóvenes le dijeron a Zapatero: “no nos falles”, hoy muchos jóvenes están diciendo “no te voy a votar”. El PSOE en vez de defender la gratuidad de la cultura contra el mercado, se ha centrado a proteger las rentas actuales del sector de los medias sin que tengan la necesidad de transformarse y aportar nuevos servicios a sus clientes, protegiendo, asimismo, los privilegios de los proveedores de acceso. Como dijo Jacques Attali, en su denuncia de la Ley Hadopi en Francia, “es escandaloso porque, por una vez que se le podía dar algo gratuito a los jóvenes, las primeras víctimas de la crisis, se prefiere engrasar a los Majors de la música y del cine, que se han convertido, cínicamente y conscientemente, en los primeros parásitos de la cultura”.

“Iniciándose el siglo XXI ningún Ministerio de Cultura ha conseguido situar en el centro de sus decisiones a los ciudadanos. La Administración Pública de la cultura sigue centrada en sí misma y en el mundo que rodea directamente a las artes -artistas, obras, museos, productos, servicios, campañas, fastos a “bombo y platillo”-, pero los ciudadanos quedan fuera o son tratados sin más como consumidores, en definitiva sólo como publico”.  Esto nos contaban en el Programa electoral, han transcurrido 7 años y los ciudadanos siguen siendo tratados sin más como consumidores, en definitiva sólo como publico ¡Que gran oportunidad perdida!

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La noticia: el Gobierno y el Partido Popular llegan a un acuerdo sobre la ‘ley Sinde’ que permitirá el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor.

Esta noticia se esperaba desde hacía mucho tiempo ya que las diferencias entre las posiciones del PSOE y el PP eran mínimas a pesar de todo el ruido generado en los últimos meses. La oposición manifestada, hasta el momento, por el PP  obedecía más a una posición de desgaste del Gobierno que a un planteamiento radicalmente distinto al texto propuesto por el Gobierno. Es una Ley hecha a la medida de la Industria de la Cultura y de los intereses de las grandes empresas norteamericanas.  Además, según algunos juristas abre una posible vía para “censurar” enlaces o referencias de terceros que, bajo el amparo de los derechos de autor, se utilicen en los medios sociales.

Lo que es cierto es que la sociedad civil, en general, se ha mantenido al margen de las discusiones, polémicas y oposición a dicha propuesta de ley, salvo unos cientos o pocos miles, muy pocos miles no perdamos las perspectivas, de usuarios de Internet (los internautas) que través de las redes sociales han manifestado su rechazo, a veces en acaloradas discusiones y cruces de insultos con algún que otro “autor-creador”. En estos momentos, al mismo tiempo que escribo esta entrada, en Twitter con el hasgtag #leysinde, unos cientos de “internautas” manifiestan su rabia contra el acuerdo Gobierno-PP. Pasarán unos días y cuando quede ratificada en el Congreso, nadie se acordará. La oposición y movilización contra la Ley se ha centrado en un ciberactivismo de sofá sin ninguna repercusión en la calle, el único sitio que, hoy por hoy, preocupa a la clase política. Esto no es una descalificación, simplemente una constatación de una realidad.

Nos queda un grupito de internautas con una alta popularidad en los medios sociales que han hecho de esta ley su leit motiv  del ser y estar, en algunos casos en busca de  protagonismo desmesurado, al margen de la sociedad civil y por encima de sus canales de representación, que al final ha quedado reducida a un coro de grillos asíncronos y hasta patético por algunas de sus actuaciones. Esto si que es una crítica, porque la mayoría de estos aguerridos defensores de la libertad y de los derechos en Internet, nunca se han pronunciado sobre las perdidas de los derechos sociales y otras injusticias que están sufriendo millones de ciudadanos en este país, da la impresión de que no son de este mundo. En fin, revolucionarios de salón que en la mayoría de los casos defendían intereses económicos propios o de terceros.

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Desde mi ventana al mundo virtual observo y opino sobre la ley Sinde, de la misma manera que observo y opino sobre otros cientos de temas que despiertan mi interés porque me afectan como ciudadano o me hacen chirriar los dientes por la injusticia y la insolidaridad que nos rodea. Sobre la ley Sinde me he pronunciado varias veces y estoy en contra por muchos motivos, no sólo por el tema de si un “enlace es legal o no lo es”, es una ley que tiene un gran transfondo político en lo social y cultural.

Lamentablemente, desde mi ventana indiscreta observo como reducido grupo, no más de una docena, de internautas con alguna visibilidad en la red, fundamentalmente porque sus actividades e intereses económicos están centrados en este medio, tienen secuestrado lo que podría haber sido un debate de gran calado sobre libertades y derechos en Internet. La mayoría forman parte de la lista de los 25 españoles más influyentes de Internet del año 2011 elaborado por El Mundo, cada vez me preocupa más confundir popularidad con influencia, Belén Esteban es popular, Manuel Castells es influyente. Salvo alguna excepción bienintencionada, su comportamiento está más cerca de los personajes de Tom Wolfe en su novela “La Hoguera de las Vanidades” que en un grupo de ciudadanos preocupados por el interés común. Son personajes de un vodevil tragicómico, con sus incendiarias proclamas, sus parodias y esperpénticas reuniones con algunos políticos y hasta con la mismísima Ministra, sus contradicciones “la voz de los internautas pero ojo, yo únicamente me represento a mi mismo”, sus manejos bajo mano y hasta sus peleas internas. Visto desde la distancia y con perspectiva parece un festival de “egos revueltos”, bajo el síndrome del yo-yo y solamente yo.

Nos encontramos con un número significativos de personas que están contra la ley Sinde y utilizan los medios sociales para manifestar su oposición, aunque los dos intentos de plantear una manifestación física acabaron en un rotundo fracaso. Todavía, el ciberactivismo en nuestro país es de sofá y teclado, mucho ruido y pocas nueces. Lamentablemente, como los egos revueltos son los que hacen más ruido, y son populares, que no influyentes, a más de uno les podrá parecer que son la vanguardia del devenir revolucionario, pero en el fondo son una deformación grotesca del liderazgo. Mientras tanto, el poder y los grandes intereses económicos, se parten la caja de las risas que les provoca el vodevil de los egos revueltos.

La ley Sinde, las reformas económicas y la perdida de derechos, entre otros temas, están ahí, forma parte de un todo. En este país vivimos 46 millones de personas en una democracia, imperfecta pero, nos guste o no, con sus canales de representación política económica y social. El hecho de que más de la mitad tienen la condición de internauta, como otros muchos tienen la condición de conductor o televidente, no les confiere una condición especial o atributo de casta para estar por encima de los ciudadanos, si hay que reivindicar algo y luchar contra algo empecemos a transformar los canales de representación, mientras tanto, es sábado y vamos a divertirnos con los personajillos que “Alucinan, alucinan, y no paran de alucinar” o con los de La Noria, porque son populares.

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El propio Ministerio de Cultura considera como gasto en bienes y servicios culturales de los ciudadanos los servicios culturales –cine, teatro, opera, música, etc.-, los libros, las publicaciones periódicas, el equipamiento tecnológico y las comunicaciones. Es decir, una aproximación conceptual correcta ya que considera todos los aspectos, tanto en contenidos como en los medios tecnológicos, relacionados con el consumo de bienes y servicios culturales en la era digital.

De acuerdo con los propios datos del Ministerio (Véase el Anuario de Estadísticas Culturales) en el año 2004, el gasto en bienes y servicios culturales de los hogares fue de 12.630 millones de euros, el cual representó un gasto medio de 298€ por persona, distribuidos según los siguientes conceptos:

En el año 2008, último dato publicado por el Ministerio de Cultura, el gasto en bienes y servicios culturales de los hogares fue de 16.695 millones de euros, el cual representó un gasto medio de 368€ por persona, distribuidos según los siguientes conceptos:

Si comparamos los dos periodos podemos observar que en los 5 años, el consumo de bienes y servicios culturales se ha incrementado en un 32%, asimismo, podemos observar que sobre los totales, el porcentaje de consumo de servicios culturales, equipamiento tecnológico y comunicaciones  se ha incrementado, aunque han disminuido los porcentajes de las publicaciones periódicas y libros.

Asimismo, la financiación y gasto público en Cultura de los tres niveles de la Administración Pública paso de los 4.770 millones de euros del año 2004 a los 7.111 millones de euros del año 2008. Otro dato a considerar es la recaudación de derechos por entidades de gestión que en el año 2004 recaudó 404 millones de euros y en el reparto de derechos se beneficiaron 110.840 personas, mientras que en el 2008 la cifra recaudatoria alcanzó los 527 millones beneficiando, en el reparto de derechos, a 136.038 personas.

¿Con estos datos macroeconómicos, sinceramente, podemos deducir que la pretendida piratería producto de las descargas en Internet está hundiendo la Industria de la Cultura en España?, los datos muestran que el presupuesto que dedican los ciudadanos a la cultura han crecido en estos últimos años al mismo tiempo que crecía la financiación y el gasto público junto con la recaudación de las entidades de gestión.

¿Dónde está el problema? En mi opinión en dos aspectos, el primero es la de una percepción simplista del mercado por parte de algunos gestores de la Industria Cultural y algunos creadores, porque pensar que cada descarga que se produce equivale a la perdida de una venta es una falacia, por ejemplo, el hecho de que la película Avatar , del cineasta James Cameron, sea la más descargada a través de plataformas P2P y por descarga directas no ha impedido que sea la más taquillera de la historia del cine con una recaudación de 1.843 millones de dólares, no está nada mal para un film que costó 237 millones de dólares en la producción y 150 millones en la comercialización.

El segundo aspecto del problema lo encontramos en los modelos de negocios, el más preocupante por los problemas que planteará en el futuro y la viabilidad de una Industria Cultural en nuestro país, y en este punto son tan responsables las empresas como la Administración Pública. En efecto, durante estos últimos 15 años, mientras la Sociedad de la Información o la Era Digital avanzaba ocupando nuevos nichos de mercado y cuestionando otros, la mayoría de los protagonistas del sector han seguido funcionando ignorando lo que pasaba a su alrededor, y en el momento que han empezado a entrar en crisis sus únicos movimientos han sido pedir y pedir más ayudas al Gobierno para el sector o presionar para que se tomen medidas represivas contra determinados usos de la Red. No han intentado, ni por activa ni por pasiva, entender el nuevo ecosistema de producción-distribución-consumo que se estaba consolidando delante de sus narices y el peligro, en estos momentos, es que los nuevos actores de la Red, que ya se están consolidando como los grandes conglomerados mundiales en la distribución-consumo de servicios y bienes culturales, arrasen con lo poco que queda en el país. Nos referimos a empresas con modelos en la distribución-consumo como Google Editions o Amazon en el sector de la edición de libros o la plataforma de iTunes para música y cine por poner dos ejemplos.

En fin, mientras tanto, nuestros sectores de la Industria Cultural y la Ministra se entretienen en perseguir a una docena de páginas Webs con enlaces y tratar a los ciudadanos usuarios de la Red de filibusteros.

Por cierto, la crisis del cine español es una crisis estructural y de ideas porque, salvo alguna excepción honrosa, las películas españolas no suscitan el interés del espectador, me atrevería a afirmar que ni “pirateándolas”.

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La respuesta es simple y llana: por incompetente. Porque en 20 meses que lleva en el cargo, salvo su presencia en actos protocolarios e inauguraciones, no se conoce otra iniciativa destacable que la de su intento de colar por la puerta falsa la ya famosa Ley-Sinde contra las descargas “ilegales” en Internet en el proyecto de Economía Sostenible. Una Ley que acaba de ser rechazada en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Simplemente por este fracaso político ya debería ser cesada.

Durante el tiempo que lleva de Ministra no ha cumplido con la visión-misión que debe tener un Ministerio como el de Cultura que es, resumiendo, potenciar las Industrias de la Cultura del país y, sobre todo, potenciar y difundir la CULTURA, en mayúsculas, para todos los ciudadanos. Una persona que venía de la Industria del Cine y que todo apunta, vista su actuación, que asumía el cargo con unos propósitos bien definidos. No debemos olvidar que dos meses antes de su incorporación en el cargo, en los premios Goya 2009, como presidenta de la Academia del Cine, ya realizó un discurso contundente contra las descargas gratuitas afirmando que ponía en peligro la supervivencia del cine español, discurso que convirtió en acción en el momento de desembarcar en el Ministerio.

Es cierto que con las nuevas tecnologías y el desarrollo de la Red cuestiona y pone en crisis los modelos de negocio de la mayor parte del sector de las Industrias de la Cultura. No es nada nuevo, en la historia de la humanidad, las innovaciones tecnológicas han cuestionado y puesto en crisis los modelos de negocios de muchos sectores de actividades llevándoles o a la reconversión o a su desaparición. Por ejemplo, la Revolución Industrial acabó con la mayoría de los artesanos o el socorrido ejemplo del declive de los fabricantes de barras de hielo con la llegada de las neveras eléctricas.

Sin embargo, la Sra. González-Sinde en vez de poner a trabajar su equipo con todos los agentes del sector en el desarrollo de un plan estratégico de economía sostenible con las medidas y reconversiones necesarias para garantizar la viabilidad de la producción-distribución-consumo de bienes culturales teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, sin perder el horizonte de su función que es la defensa del derecho al acceso a la cultura de todos los ciudadanos, lo único que hace es proponer una ley represiva e infumable por su poca efectividad ya que los bits, como soporte, son etéreos y siempre encontrarán una vía para llegar a su destino. Las descargas no están hundiendo el sector, porque los ciudadanos gastan cada vez más dinero en consumo cultural, según los datos del propio Ministerio, si en el año 2000 el gasto medio por persona fue de 232 €, en el 2008 esté se situó en los 368€ (último dato publicado), el tema clave es como se reparte entre todos los sectores involucrados y por este motivo la importancia de un plan estratégico de economía sostenible para el sector que permita que los creadores y los trabajadores de la cultura puedan vivir de su trabajo. No es fácil, pero es la tarea del Ministerio y de sus gestores que tienen que estar al servicio de todos los ciudadanos y no de unos determinados intereses.

La Ministra tiene que dimitir o ser cesada, porque no está en el gobierno para defender el interés general de los ciudadanos. Como antigua miembra de un lobby del sector  cinematográfico español, en este caso la Academia del Cine, es de suponer que mantenía importantes contactos con los Majors, los 6 grandes estudios cinematográficos que dominan la industria cinematográfica global y, por tanto, no debió de hacer oídos sordos a las demandas de tan importante lobby mundial, este detalle ya plantea un posible conflicto de intereses de acuerdo con la Ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.  Sobre todo si consideramos las últimas revelaciones de Wikileaks sobre las reuniones de la Ministra junto a su homólogo de Industria, Miguel Sebastian, y otros altos cargos del gobierno del PSOE con diplomáticos estadounidenses en defensa de los intereses de su industria.

En fin, que lejos queda aquel clamor de: Zapatero!! sabemos que no nos defraudaras.

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Por haber descubierto el movimiento de la Tierra. Francisco de Goya

El Ministerio de Cultura y su titular Ángeles González-Sinde, nos va sorprendiendo, día a día, con sus iniciativas que cada vez se asemejan a una especie de Contrarreforma de la Sociedad del Conocimiento.

Ahora nos sorprende con el informe “El libro electrónico” que encargó a un grupo de supuestos “expertos” cuya conclusión es que las  licencias Creative Commons son contraproducentes para el futuro de la industria editorial en general y para los autores en particular.

“La necesidad de acompañar las actuales barreras que dificultan la copia ilegal (DRMs y licencias de acceso y uso de las obras) de modelos legales de acceso para el consumidor en los que además se respeten los límites a la Propiedad Intelectual –especialmente el derecho de copia privada y las garantías del respeto a la intimidad en el tratamiento de datos personales-. Deberían atender también a la posible pérdida de control de la obra al ser difundida de forma masiva en la red bajo licencias Creative Commons, así como a la controversia sobre su naturaleza de contratos y la obligación por Ley de que las entidades de gestión de derechos hagan efectivos los derechos de remuneración aún en el caso de que el autor decidida regalar su obra o no cobrar”

“Con estos fines, las Administraciones Públicas han desarrollado iniciativas de producción de dichos contenidos con la colaboración de la industria editorial y otros desarrolladores bajo licencia Creative Commons, que no permite su comercialización. Adicionalmente, las administraciones educativas han impulsado el papel del docente como productor de contenidos. No obstante, aunque estas iniciativas públicas se pueden mantener, se considera necesario que ahora, la industria tome el relevo.”

Venimos observando que las continuas medidas impulsadas por la Ministra siempre están dirigidas a la defensa de los intereses de la Industria Cultural y no a los intereses generales de la ciudadanía. En otras palabras, unas acciones y medidas que nada tiene que ver con la democracia y los derechos para el acceso a la Sociedad del Conocimiento.

Ignoro cuales son los conocimientos en historia de la Sra. Gónzalez-Sinde, pero debo recordarle que en la época en la que los libros eran difundidos a través de las copias manuscritas de monjes y frailes dedicados exclusivamente al rezo y a la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y nobles, Johannes Gutenberg, un herrero alemán, inventó la imprenta de tipos móviles en Europa y contribuyó a que la información y el conocimiento dejase de ser un privilegio de una reducida minoría y sentó las bases para lo que seria toda una revolución tecnológica que cambiaria para siempre el paradigma cultural que regia en la  Europa del siglo XV y XVI cuestionando, a la vez, el poder dominante en aquella época. Uno de los efectos fue la reforma protestante con nuevas ideas de cómo debía ser la iglesia, de cómo esta se tenía que relacionarse con sus fieles y de la necesidad de suprimir privilegios exagerados. Aún más, el sociólogo y economista Max Weber, defendió la tesis de que la reforma protestante llevaba en la sangre el espíritu del capitalismo en su celebre obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”.

Obviamente, el movimiento de la Reforma propiciado gracias a tecnologías como la imprenta provocó una fuerte resistencia del poder absolutista y la Iglesia Católica puso en marcha una Contrarreforma –Inquisición incluida- para mantener sus privilegios. Una reacción a la Modernidad que costó sangre, sudor y lagrimas, pero como dijo una de sus victimas, Galileo, “Eppur si muove” –y sin embargo se mueve-.

Hoy, en la senda de la Sociedad del Conocimiento, González-Sinde, haciendo honor a su profesión de guionista, está escribiendo, junto a las fuerzas y poderes de la reacción, su guión de la contrarreforma, poniendo todas las trabas posibles en defensa de intereses que se remontan a otra época, a otros modelos de relación y producción.

El Creative Commons es una herramienta de difusión del conocimiento en la Red y en la Sociedad, ponerle freno, intentar anularla es ir contra el progreso y la democracia, pero, como nos va demostrando la historia, al final la verdad y el sentido común se va imponiendo, aunque sea con un coste elevado.

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La condición humana. Jacob Porat, 2003

Cuando uno toma una cierta distancia de la Red y la observa con una mirada crítica y autocrítica –por ser miembro activo en ella- al margen de las facilidades tecnológicas que facilitan la comunicación y la interacción y las facilidades para establecer relaciones líquidas en los términos expresados por Bauman – fugaces, etéreas, intensas y sin compromisos-, podemos observar que la mayoría de los aspectos relacionados con la condición humana se mantienen inalterables. En otras palabras, los que están en la Red, los que son miembros activos, no son tan diferentes de los que no están y ni han desarrollado, en mayor grado, los valores asociados a la Web 2.0 como participación, colaboración, transparencia, etc…. En definitiva, son valores que se tienen o se adquieren con Web 2.0 o sin Web 2.0, estando en Internet o fuera de Internet.

En la crónica de los acontecimientos relacionados con el Manifiesto contra la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, podemos observar que se pone en evidencia la condición humana de muchos de sus actores. No debemos olvidar el hecho de que el ser humano, no es un ser constituido de una vez y para siempre, es un ser que cambia su propia condición gracias a las condiciones que encuentra y en las cuales se acomoda en busca de su bienestar con sus compromisos éticos-morales, sus intereses económicos o la propia administración de su ego.

Con el Manifiesto pudimos observar uno de los primeros movimientos de ciberactivismo en nuestro país por su importante difusión en la Red y su cubertura mediática. Un Manifiesto que fue elaborado por un reducido grupo de periodistas, blogueros mediáticos y empresarios con negocios en la Red y difundido viralmente.  Un reducido grupo que actuó con una mentalidad tipo Bolchevique 1.0 en vez de una mentalidad Líderes 2.0.

Hemos podido observar, hasta el momento, que en la gestión del movimiento se atribuyen una representatividad ambigua -rayando una cierta esquizofrenia  del límite y sus matices-: acuden cuando los poderes los llaman como “supuestos” representantes de la “masa”, pero ante cualquier crítica de ésta dicen y afirman que “no nos hemos sentado como representantes de nadie”, eso sí, si alguien les convocan a una nueva reunión como “representantes” del Manifiesto acuden raudo y veloz.

Y en parte tienen razón, porque se representan así mismos. Cada uno defendiendo su bienestar humano. Unos defendiendo sus negocios particulares contra cualquier intento de regulación –el proyecto de Ley puede afectar a la industria de los enlaces-, otros aprovechando el movimiento como proyección personal y cultivo de su más agudo egocentrismo- creen que todos buscan o deben buscar lo que él busca-  y, los menos, actuando de acuerdo con sus propias convicciones ético-morales.  Salvando las distancias, igual que en la Revolución Francesa, cuyo lema fue “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, pero los líderes pertenecían a la emergente clase burguesa que buscaba su supremacía contra el antiguo régimen para la defensa de sus intereses corporativistas.

Hoy una parte de la red española está alterada y confundida. Una parte de la “masa” se siente traicionada –sus “supuestos” líderes les han fallado- otra parte piden más guerra, algunos piensan que es una conspiración del gobierno  y el resto pasando.

Escena de sexo, mentiras y cintas de vídeo

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Si nos atenemos a los preámbulos del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) ésta tiene como objeto impulsar las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible en base a un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva favoreciendo el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

El sentido común me dice que la LES, de acuerdo con sus principios básicos, es una oportunidad para abordar la crisis de los modelos de negocios del siglo XX de la Industria Cultural. Unos modelos cuya cadena de valor tradicional está afectada por la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación.

¿Pero cuál es la posición de gobierno sobre la Cultura en la LES?:  Lamentablemente nula. Y causa preocupación , porque si consideramos que es un sector fuertemente subvencionado directamente e indirectamente con fondos públicos –el dinero de todos los ciudadanos- por las Administraciones Públicas –Estado Central, CC.AA, y Administraciones Locales- , el Gobierno debería desarrollar o facilitar medidas orientadas a:

• Facilitar la reconversión de un sector y la adaptación de sus modelos de negocios para adecuarse a la Sociedad de la Información y del Conocimiento y los nuevos paradigmas tecnológicos.
• Garantizar la difusión de los contenidos culturales y el derecho de que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos libremente por los canales disponibles: bibliotecas, centros culturales,  Internet, etc.
• Garantizar que los creadores, artistas, autores e interpretes sean retribuidos por su actividad profesional sin menoscabo de sus derechos relativos a su autoria y propiedad intelectual.

El Gobierno, en vez de ponerse a trabajar en desarrollar medidas de este tipo, se limita a introducir una disposición final en la LES para la Defensa de la Propiedad Intelectual cuyo objetivo básico es combatir las descargas de archivos en Internet.  Por mi formación, no dispongo de los suficientes elementos jurídicos para analizar e interpretar la disposición final. Pero como ciudadano la percibo como una Ley de Excepción porque:

• Establece una especie de “policía cultural” al margen de los organismos competentes que, no olvidemos,  ya están luchando contra los que se lucran con el trabajo de los demás.
• Establece unos plazos de resolución de 4 días-. Una excepción si consideramos que los tiempos de resolución de casos más graves -salud, las condiciones laborales, la violencia de género, atentados contra el patrimonio personal o la vida, entre otros se requieren muchos meses o hasta años.
• Introduce la suficiente ambigüedad en el alcance del posible “delito” en el ecosistema de la Red. Y puede dar pie a perseguir a un sitio Web que se está lucrando con contenidos ajenos, como perseguir a alguien que publica un blog y supuestamente esté atentando la “propiedad” de un tercero.

Cuando la Sra. González-Sinde declara que esta ley está hecha para cerrar 100 o 200 sitios webs de descargas nos está tomando literalmente el pelo, no se requieren estas alforjas para tan corto viaje.

Sra. González-Sinde Ud. le está haciendo un flaco favor a la Democracia y a la Cultura, porque las Leyes de Excepción acaban socavando derechos  básicos y creando monstruos difíciles de controlar.

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Las movilizaciones, articuladas en un Manifiesto, de un importante grupo de usuarios de Internet utilizando los medios sociales de comunicación para oponerse a la inclusión, a última hora, en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que pueden afectar al libre ejercicio de libertades básicas en defensa de los intereses del sector de las industrias culturales, pone en evidencia, una vez más, la capacidad de la Web 2.0 para desarrollar el ciberactivismo político, pero, al mismo tiempo, nos muestra debilidades o contradicciones en el encaje mundo real-virtual.

Como parte activa y al mismo tiempo observador, me parece interesante poder compartir mis primeras notas y reflexiones agrupadas en una serie de puntos sobre los acontecimientos relacionados con la movilización. Los puntos:

• Motivaciones para la movilización. En este punto nos encontramos con una amplia diversidad de puntos de vista y sensibilidades que cubren una amplia gama de grises que van desde el blanco de la defensa de derechos básicos como ciudadanos de un Estado, hasta el negro de la defensa de La Red como espacio al margen de los derechos y obligaciones que rigen a los mortales. Queda para el análisis sociológico la distribución de la gama de grises. A destacar también que es una movilización sin “color” político. Sobre todo si consideramos que en la cultura de este país la mayoría de las movilizaciones siempre se han articulado en la identificación con un determinado “color” político u organizaciones afines.

• Representatividad social. Desde un punto de vista cuantitativo los movilizados, es decir los que han publicado en sus blogs el manifiesto, los que se han adherido vía comentarios en foros o twitter, y las adhesiones a grupos en redes sociales a favor del manifiesto, por el momento, estaría, a ojo de buen cubero,  entre 1-2 % de los usuarios activos en Internet. En términos de población adulta –con derecho a voto- no llegaría al 0,5-0,7 % -en las últimas elecciones generales el voto en blanco y las abstenciones representaron, respectivamente, el 1,12% y el 24,68%-. De acuerdo con estos datos, la primera conclusión sería que la representatividad social es mínima y, por tanto, se podría presuponer que con un impacto en las decisiones políticas más bien débil. Pero, al mismo tiempo, en términos cualitativos, la representatividad va mucho más allá al concentrar el sector de población más activo y dinámico en la Red con capacidad de influencia en los movimientos sociales y políticos.

• Cobertura mediática. La movilización ha tenido, además de la cobertura de los medios sociales como agente de movilización, una importante cobertura mediática en los medios tradicionales de masas –prensa, radio y televisión. Una cobertura que si la comparamos con otras movilizaciones en la calle podría considerarse desmesurada atendiendo a los elementos cuantitativos. Un aspecto de gran importancia porque, es la primera vez, que estos medios tradicionales recogen de forma unánime un fenómeno que ocurre en la Red y que va mucho más allá por sus repercusiones. Una cobertura que evidencia que el efecto cualitativo de la movilización online ha sido muy superior al efecto cuantitativo. En Espacio Fílmica podemos encontrar un interesante análisis de cifras y cobertura mediática.

• Impacto en las decisiones del Gobierno y en la oposición.  Obviamente, dada la cobertura mediática –sociales y de masas- el Gobierno movió ficha de forma precipitada y contradictoria al cambiar de opinión en pocas horas. Por un lado, la Ministra convocando rápidamente a unas pocas personas representativas del mundo Internet por sus actividades o visibilidad para montar el paripé de que se estaba dialogando con el sector,  hacerse la foto y no cambiar nada. Por otro lado, al ritmo como se desarrollaban los acontecimientos, el Gobierno anunciando más tarde que se cambiaría algún detalle de la propuesta de ley –que sean los jueces quienes tengan la potestad de decidir si se cierra o no un sitio web-, un cambio que estaba cantado en el desarrollo de la Ley. Es posible que la decisión precipitada de Zapatero, contradiciendo la posición de Sinde, estuvo provocada por la cobertura mediática y la posición oportunista y contradictoria del Partido Popular que rápidamente salió a la defensa del manifiesto cuando hace poco dio su visto bueno en el parlamento europeo a una directiva que, más o menos, está alineada con la propuesta inicial del Gobierno. Muy pocas veces se ha podido ver que una movilización social pueda provocar, en un espacio de tiempo tan corto, cambios en las posiciones de un Gobierno.

• Organización del movimiento a favor del Manifiesto. Es un hecho que La Red está cambiando las formas de la actividad política y la movilización –el Ciberactivismo- y, también es un hecho que estamos en las primeras etapas y queda mucho camino por recorrer. Tenemos varios casos donde se ilustra el potencial de la Web 2.0 para la actividad política y las movilizaciones. Entre ellos, señalar que una buena parte del éxito de la campaña de Obama estuvo motivado por un uso inteligente, organizado y planificado de los recursos de La Red para movilizar seguidores o para captar donaciones; o el caso de la cobertura informativa de la revuelta en Irán de este verano realizada por los propios ciudadanos utilizando los medios sociales a pesar de la censura. En el primer caso, hubo organización, estrategia y táctica apoyándose en una cultura asentada en una tradición de redes sociales en el mundo real. En el segundo caso, en un contexto dramático y desesperado, unas personas buscando vías alternativas de comunicación en un contexto de férrea censura. En el caso del Manifiesto, observamos una iniciativa de un pequeño grupo de comunicadores y una adhesión numerosa y rápida –el efecto viral- por parte de los usuarios más activos en la Red que plantea un dilema entre Adhesión y Participación, entre visión 1.0 y una visión 2.0. Asimismo, la cuestión que nos planteamos es ¿Cuánto durará la movilización? pasado el primer pico de la movilización del pasado miércoles y jueves y su cobertura mediática, ¿tendremos nuevos picos?. ¿No se improvisaron, al margen de las loables intenciones, la convocatoria de manifestaciones “físicas” en las principales ciudades la tarde un viernes víspera de uno de los puentes más largo?,  una asistencia a dichas concentraciones que fue testimonial y puso, una vez más, en evidencia el divorcio mundo virtual-real en lo referente a movilizaciones de masas. En este punto, nos preguntamos, en el momento en que los ciudadanos, gracias a la Red, puede manifestar su descontento y aportar su opinión como individuos, ¿Es necesario la movilización en la calle si consideramos que esta forma de acción era la única vía que tenían los ciudadanos para expresar su descontento cuando no existían los medios sociales de comunicación?.

En estas notas, podríamos concluir , en una primera aproximación, que el ciberactivismo en nuestro país está aprendiendo a dar los primeros pasos. Sus bases participativas y colaborativas son inmaduras porque todavía estamos aprendiendo a conversar y en la vanguardia de los usuarios más avanzados todavía se imponen algunos personalismos egocéntricos –forma parte de la condición humana y la cultura dominante. Pero a pesar de la inmadurez, los ciudadanos-internautas han conseguido hacerse oír y demostrar el potencial de la Red y de los medios sociales de comunicación en la movilización social y política. Aspecto que nos lleva a pensar que ya nada será igual.

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