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La Ley Sinde y los cuatro gatos fascistoides

La aprobación del reglamento de la denominada Ley Sinde o algo similar por el nuevo Ejecutivo estaba cantada. Era cuestión de días o semanas. El propio Gobierno de los Estados Unidos, en defensa de sus majors,  ya le dejo claro a Mariano Rajoy hace un par días de forma imperativa, a través de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en España (AmChamSpain), la urgencia de la aprobación inmediata del reglamento antidescarga.

Obviamente, cuando nombraron a José Ignacio Wert Ortega Ministro de Educación, Cultura y Deporte y a José María Lassalle secretario de Estado de Cultura, defensores a ultranza de la persecución de las descargas de contenidos, estaba claro que sería una de las primeras medidas de la política cultural del Partido Popular. Una medida que, en en el fondo, ha quedado diluida en el tijeretazo histórico de los recortes y las subidas de impuestos que afectan directamente a las rentas del trabajo y a la clase media.

Hasta cierto punto, me extraña la reacción de algunos de los activistas contra la Ley Sinde y su pretendido desconcierto por la aprobación del reglamento si consideramos los indicios que hemos comentado al principio. Sobre todo, los activistas con un cierto protagonismo de evangelizadores de la Red que directamente o indirectamente están promoviendo un boicot comercial a cualquier autor, productor o interprete que figure en la lista negra que han creado alguno de los promotores de #nolesvotes y #redresiste  para que las “masas virtuales” vayan incluyendo a personas físicas que en algún momento manifestaron su simpatía a la Ley Sinde o defensa del copyright. Una actitud que se puede calificar, con suavidad, como infantiloide, pero que en términos políticos es equiparable a los métodos y criterios que aplicaba el fascismo en el siglo XX apelando a  la denuncia y al linchamiento de las personas.

La estigmatización a través de listas negras descalifica a sus promotores y seguidores.  No es la vía para el encuentro entre los creadores e interpretes con los consumidores en la Red. Un debate aún ausente y que será largo en la búsqueda de una verdadera cultura sostenible y de calidad no subordinada a los grandes intereses económicos. Porque los que han propiciado la Ley Sinde, no son las personas que empiezan a figurar en la lista negra, son los intereses de la gran industria del ocio-pseudocultural cuyos principales protagonistas son los majors, es decir, los seis estudios de cine norteamericanos que dominan la industria cinematográfica global y las cuatro compañías discográficas que dominan el mercado internacional de la producción y distribución musical.

Si #redresiste persiste en alimentar la lista del boicot, al final, la exministra de Cultura, Ángeles González-Sinde pasará a la historia como émula del Cid Campeador, ganando la última batalla después de su muerte política al conseguir la aprobación de “su” ley y que únicamente queden cuatro gatos exaltados en contra del reglamento con un comportamiento fascistoide.

El espíritu inquisidor, tan arraigado en nuestra cultura, no es la vía.

Imagen: Capricho nº 23: Aquellos polvos de Goya, serie Los Caprichos, 1799

Actualización: Según Confucio “El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”. Los promotores de la lista negra, después de las numerosas críticas que se han manifestado en los medios sociales han abierto la lista blanca de autores y empresas que están en contra la Ley Sinde. Rectificar siempre es de sabios, lamentablemente la lista negra aún sigue vigente (3/01/2012 14:00). Persistir en el error al establecer la dualidad entre personas “buenas” y “malas” por sus opiniones con respecto a una Ley, acentúa, aún más, el carácter facistoide de la iniciativa.

Estudio del SSRC sobre el trasfondo de la piratería digital

Los corsarios de la Industria Cultural y del Software, los que tienen patente de corso al imponer sus condiciones draconianas al mercado, no podrán detener a los piratas de las descargas o reproducciones ni con las desconexiones o la censura en Internet, ni con más poderes para la represión policial  y jurídica, según el resultado del primer estudio independiente a gran escala Media Piracy in Emerging Economies publicado por el  Social Science Research Council (SSRC) sobre la piratería de la música, el cine, los videojuegos y el software en las economías emergentes con una especial atención en Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, México y Bolivia.

Durante tres años, 35 investigadores se han centrado en dos líneas de investigación: la primera el seguimiento del crecimiento exponencial de la piratería digital como algo accesible y omnipresente en todo el mundo; y, la segunda, el crecimiento de los lobbies industriales que han presionado a los gobiernos para que aprueben leyes y repriman en nombre de la defensa de los derechos de autor. Unas medidas que, según las conclusiones del informe, han fracasado porque el problema de la piratería debe afrontarse como el fracaso de una política de acceso (precio) asequible a los bienes digitales en mercados legales.

En el estudio se destaca, entre otros, los siguientes aspectos:

Precios elevados.  Los altos precios de los bienes digitales y los bajos precios de las tecnologías digitales son los principales ingredientes del fenómeno de la piratería global. En el caso de países como Brasil, Rusia o Sudáfrica, considerando al poder adquisitivo medio de las personas, el precio de venta de un CD, DVD o una copia de MS Office es de cinco a diez veces mayor que en los Estados Unidos o en la Unión Europea. Por tanto, en estos países esta desproporción no ayuda al desarrollo de los mercados legales.

La educación contra la piratería ha fracasado. Los investigadores han constatado la gran aceptación social de la piratería en los países estudiados y el gran crecimiento de su práctica.

Cambiar la ley es fácil. Cambiar la práctica es difícil. Los lobbies han conseguido que las leyes se modifiquen rápidamente para criminalizar la piratería, pero hasta el momento su aplicación efectiva por los gobiernos ha tenido poco éxito al tener que conciliar, en sistemas judiciales desbordados, su aplicación masiva y los consiguientes procesos judiciales.

La represión no ha funcionado. Tras una década de persecución policial y legal, ésta no ha tenido ningún impacto en la oferta/demanda de productos pirateados.

Las mafias no pueden competir con lo gratis. No se han podido establecer vínculos sistemáticos entre la piratería de bienes digitales y el crimen organizado en los países estudiados. Hoy en día, las mafias y la industria legal se enfrentan al mismo dilema: cómo competir con lo gratis.

El estudio (440 páginas) está bajo licencia Consumer’s Dilemma (interesante modelo): para los residentes de los países ricos, para un uso no comercial, su coste es de 8 dólares, mientras que para los residentes en los países pobres y emergentes es gratuito. Si se quiere realizar un uso comercial, el coste es de 2.000 dólares.

El gasto en consumo cultural y las falacias de la piratería

El propio Ministerio de Cultura considera como gasto en bienes y servicios culturales de los ciudadanos los servicios culturales –cine, teatro, opera, música, etc.-, los libros, las publicaciones periódicas, el equipamiento tecnológico y las comunicaciones. Es decir, una aproximación conceptual correcta ya que considera todos los aspectos, tanto en contenidos como en los medios tecnológicos, relacionados con el consumo de bienes y servicios culturales en la era digital.

De acuerdo con los propios datos del Ministerio (Véase el Anuario de Estadísticas Culturales) en el año 2004, el gasto en bienes y servicios culturales de los hogares fue de 12.630 millones de euros, el cual representó un gasto medio de 298€ por persona, distribuidos según los siguientes conceptos:

En el año 2008, último dato publicado por el Ministerio de Cultura, el gasto en bienes y servicios culturales de los hogares fue de 16.695 millones de euros, el cual representó un gasto medio de 368€ por persona, distribuidos según los siguientes conceptos:

Si comparamos los dos periodos podemos observar que en los 5 años, el consumo de bienes y servicios culturales se ha incrementado en un 32%, asimismo, podemos observar que sobre los totales, el porcentaje de consumo de servicios culturales, equipamiento tecnológico y comunicaciones  se ha incrementado, aunque han disminuido los porcentajes de las publicaciones periódicas y libros.

Asimismo, la financiación y gasto público en Cultura de los tres niveles de la Administración Pública paso de los 4.770 millones de euros del año 2004 a los 7.111 millones de euros del año 2008. Otro dato a considerar es la recaudación de derechos por entidades de gestión que en el año 2004 recaudó 404 millones de euros y en el reparto de derechos se beneficiaron 110.840 personas, mientras que en el 2008 la cifra recaudatoria alcanzó los 527 millones beneficiando, en el reparto de derechos, a 136.038 personas.

¿Con estos datos macroeconómicos, sinceramente, podemos deducir que la pretendida piratería producto de las descargas en Internet está hundiendo la Industria de la Cultura en España?, los datos muestran que el presupuesto que dedican los ciudadanos a la cultura han crecido en estos últimos años al mismo tiempo que crecía la financiación y el gasto público junto con la recaudación de las entidades de gestión.

¿Dónde está el problema? En mi opinión en dos aspectos, el primero es la de una percepción simplista del mercado por parte de algunos gestores de la Industria Cultural y algunos creadores, porque pensar que cada descarga que se produce equivale a la perdida de una venta es una falacia, por ejemplo, el hecho de que la película Avatar , del cineasta James Cameron, sea la más descargada a través de plataformas P2P y por descarga directas no ha impedido que sea la más taquillera de la historia del cine con una recaudación de 1.843 millones de dólares, no está nada mal para un film que costó 237 millones de dólares en la producción y 150 millones en la comercialización.

El segundo aspecto del problema lo encontramos en los modelos de negocios, el más preocupante por los problemas que planteará en el futuro y la viabilidad de una Industria Cultural en nuestro país, y en este punto son tan responsables las empresas como la Administración Pública. En efecto, durante estos últimos 15 años, mientras la Sociedad de la Información o la Era Digital avanzaba ocupando nuevos nichos de mercado y cuestionando otros, la mayoría de los protagonistas del sector han seguido funcionando ignorando lo que pasaba a su alrededor, y en el momento que han empezado a entrar en crisis sus únicos movimientos han sido pedir y pedir más ayudas al Gobierno para el sector o presionar para que se tomen medidas represivas contra determinados usos de la Red. No han intentado, ni por activa ni por pasiva, entender el nuevo ecosistema de producción-distribución-consumo que se estaba consolidando delante de sus narices y el peligro, en estos momentos, es que los nuevos actores de la Red, que ya se están consolidando como los grandes conglomerados mundiales en la distribución-consumo de servicios y bienes culturales, arrasen con lo poco que queda en el país. Nos referimos a empresas con modelos en la distribución-consumo como Google Editions o Amazon en el sector de la edición de libros o la plataforma de iTunes para música y cine por poner dos ejemplos.

En fin, mientras tanto, nuestros sectores de la Industria Cultural y la Ministra se entretienen en perseguir a una docena de páginas Webs con enlaces y tratar a los ciudadanos usuarios de la Red de filibusteros.

Por cierto, la crisis del cine español es una crisis estructural y de ideas porque, salvo alguna excepción honrosa, las películas españolas no suscitan el interés del espectador, me atrevería a afirmar que ni “pirateándolas”.

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