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La LAECSP: derechos de los ciudadanos y obligaciones para las Administraciones Públicas

La aplicación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) o 11/2007 está planteando importantes retos a las Administraciones Públicas del Estado español. Es una norma básica para impulsar la administración electrónica (eAdministración), no es un modelo específico de eAdministración. Lo más interesante, en mi opinión es que, al margen de los principios generales, régimen jurídico, preceptos y criterios, se establecen derechos concretos de los ciudadanos que, obviamente significa demanda y,  por tanto, implica que las AA.PP. deberán desarrollar una amplia oferta de servicios a través de la Red.

Considerando lo engorroso que puede ser la lectura de un texto legal, en este caso, la 11/2007 en el Boletín Oficial del Estado, he realizado un pequeño mapa conceptual con la herramienta CmapTools que nos permite disponer, de una forma rápida, de una visión global del alcance de la LAECSP.

La LAECSP es una ley de consenso. En su elaboración han participado todas las administraciones, ciudadanos en los espacios de participación del 060.es, partidos políticos, organizaciones empresariales y otras asociaciones.

Es una ley de las más avanzadas del mundo, sólo dos países tienen una norma con un contenido que van en esta línea. Es una ley que garantiza el reconocimiento de nuevos derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones.

 En general, permite que los ciudadanos pasen a tomar el mando en sus relaciones con la administración y obliga a éstas de hacer estos derechos efectivos a partir del 2009.

La LAECSP establece, en cierta medida, una hoja de ruta para consolidar los diferentes niveles para consolidar una eAdministración y la disponibilidad de servicios con hitos concretos hasta alcanzar la interoperabilidad entre las administraciones.

Es una gran oportunidad para que las AA.PP. puedan abordar los cambios organizativos que permitan desarrollar nuevos modelos de relación con los ciudadanos, desarrollar nuevas formas de trabajo para los empleados públicos y mejorar en la eficiencia y disponibilidad de recursos.

Hacia la e-Administración en España

Con la aprobación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley para el  acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas,  España se situará a la altura de los países más avanzados en esta materia. Actualmente sólo hay cinco países con una ley que garantiza estos derechos: Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e Italia.

Entre otras cosas, la nueva norma garantizará, a partir del 1 de enero de 2010:

  • Acceder a los servicios públicos a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro medio electrónico que pueda aparecer en el futuro.
  • Poder consultar el estado de tramitación de los procedimientos que se tengan en marcha.
  • No tener que presentar papeles que ya estén en poder de las administraciones.
  • Conceder la misma validez jurídica a las comunicaciones electrónicas que a las que se realizan en papel.
  • Realizar un trámite o recibir información a través de Internet o un teléfono tendrá la misma validez que de la forma tradicional.
  • Asegurar todas las garantías de calidad, seguridad y confidencialidad.
  • Poder utilizar los idiomas cooficiales para comunicarse con las Administraciones.

Véase: Proyecto LAECSP

El texto, además, ha incorporado a última hora una enmienda para que el acceso electrónico pueda hacerse a través de un software libre. Se crea también la figura del Defensor del usuario electrónico, que canalizará las reclamaciones.

Aunque la ley obliga a todas las administraciones, sólo compromete a la central, las comunidades y ayuntamientos, responsables en la gestión de muchas de las competencias relacionadas con los trámites administrativos de los ciudadanos,  tendrán que prestar los servicios electrónicos a partir de enero siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. Aspecto que, a nuestro entender y por las experiencias pasadas, planteará problemas de interconexión administrativa y establecerá diferentes velocidades del desarrollo de la Ley.