Me ha interesado la selección de las mejores iniciativas de servicios municipales realizada por The Atlantic Cities Matter en su revisión anual. Aunque esté centrada en las grandes aglomeraciones del entorno anglosajón, son servicios simples basados en la apertura de los datos (Open Data) y muy cercanos a los ciudadanos donde, en algunos casos, la transparencia en la gestión es el leitmotiv dominante.  En este punto destacar las iniciativas de Seattle, Washington o Chicago, en esta última, con la publicación de la relación exhaustiva de los sueldos de todos sus empleados públicos con nombres y apellidos. A continuación el ranking:

1. Seattle: Infracciones municipales. Una base de datos que permite buscar y seguir paso a paso, los expedientes de denuncias sobre infracciones urbanísticas y el medio ambiente.

2. Washington: Pago a los proveedores municipales. Acceso a los datos que permiten identificar a los proveedores del gobierno local y los importes de las transacciones.

3. Edmonton: Seguimiento de los mosquitos en la ciudad. El tema puede parecer pueril, pero los mosquitos son una molestia y en algunos casos una amenaza para la salud, sólo pensar en el mosquito tigre para los que vivimos en Cataluña, ya vale la pena. Esta base de datos, que está operativa durante la primavera y el verano, permite obtener las listas de las capturas de mosquitos y para cada captura su identificación como especie. Datos que nos permite realizar un seguimiento de la evolución de las plagas en los diferentes distritos de la ciudad.

4. Nueva York: El consumo eléctrico. A través del código postal podemos consultar el consumo de energía eléctrica de la ciudad. (datos 2010)

5. Toronto: Vías de un solo sentido. Los canadienses están en la línea de construir una “ciudad que piensa como la web”. En este sitio web se pueden conocer todas las vías de sentido único útil para los profesionales del taxi o los repartidores para planificar sus rutas.

6. Londres: La población en un día normal. Mediante la recopilación de diversos datos (empleo, demografía, escuelas,…), distrito por distrito se puede  conocer el número de personas realmente presentes en una zona de la ciudad durante un día normal según tipo de actividad . (datos 2010).

7. Chicago: Los vehículos desplazados de su estacionamiento original. Tan simple pero tan útil: una base de datos que identifica los vehículos que han sido desplazados de su estacionamiento original por la grúa y el motivo, desde la infracción por aparcamiento a los desplazamiento en la calle por obras y otros actividades de los servicios municipales.

8. Chicago: Los salarios de los empleados municipales. La transparencia llevada hasta sus últimas consecuencias. La relación de todos los empleados municipales con los nombres, apellidos, cargo, departamento y salario anual.

9. San Francisco: Los parquímetros y su ubicación. Este servicio se relacionan todos los parquímetros de la ciudad, las restricciones de estacionamiento y los tipos de ubicación.

10. Vancouver: Los semáforo. Para aquellos que deseen modelar el tráfico, una base de datos con todos los semáforos de la ciudad y su localización.

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En estos últimos años se ha ido consolidando una corriente de opinión, o toma de conciencia,  a favor de la apertura de los datos de los organismos públicos y de los datos de las investigaciones financiadas con fondos públicos.  Esta corriente de opinión, en general, busca optimizar las políticas de innovación facilitando que los datos de las Administraciones Públicas (AA.PP) y otros organismos públicos estén disponibles para su uso y reutilización con las mínimas barreras en forma de costes o “molestias” burocráticas para su acceso.

Los criterios que se están aplicando para liberar los datos públicos son diversos: desde una posición política bien definida al voluntarismo de algunos gestores públicos, pasando por el simple mimetismo de replicar las iniciativas de terceros. Sin olvidar que en la mayoría de los discursos están aliñados con la ficción de la transparencia. Sin embargo, la cuestión fundamental es que la decisión política para que los organismos públicos liberen los datos implica que éstos (a) deberán organizar la administración y preservación de los datos,  (b) para que estos sean fácilmente reconocibles y disponibles para su uso y reutilización con el mínimo de restricciones, y (c) suministrándolos gratuitamente siempre y cuando sea posible. Obviamente este enunciado de tres puntos, tiene un impacto económico por los costes que pueden conllevar a los organismos públicos y los beneficios que pueden aportar a la actividad económica y a la sociedad.  

Por lo tanto, ponderar los costes y beneficios es crítico, sobre todo en periodos de restricciones presupuestarias y recortes de servicios públicos.  Un aspecto que, en general, no se ha tenido en cuenta en el momento de decidir una política de apertura de los datos. Es por este motivo, que son necesarios estudios y análisis que contemplen los aspectos económicos y sociales (valor social independiente del valor económico) de forma rigurosa en la toma de decisiones que vaya más allá del voluntarismo o de la intuición benevolente del político de turno. En esta línea, el análisis elaborado por John Houghton, del  Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University (Melbourne),  Costs and Benefits of Data Provision: Report to the Australian National Data Service (PDF), es una nueva contribución científica, desde una perspectiva económica, a la viabilidad de la apertura de los datos realizada mediante el análisis de una serie de estudios de casos para determinar sus costes y beneficios, al mismo tiempo que se analiza la experiencia de los usuarios en el acceso y utilización de los datos y la estimación de los impactos económicos que conllevan.

Muy recomendable la lectura el estudio de Houghton porque, entre sus aportaciones, se propone un método para el análisis coste-beneficio al mismo tiempo que se detectan algunas de las lagunas y dificultades que plantea una política de apertura de datos públicos en términos económicos.

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Ayer asistí a una curiosa polémica en Twitter que caracteriza el lado bufón del concepto Política 2.0 que tienen algunos políticos dignos de la Celtiberia Show, ese museíllo de andanzas, milagros, ejemplos, decires, gracias o desgracias que tan bien recogió el periodista Luis Carandell de los celtíberos de ayer y de siempre que pululan por lo real o lo virtual de nuestra piel de toro.

@laplumilla, nick de Mercedes Benítez en Twitter, redactora de ABC de Sevilla, publicó un artículo titulado “Un consejero adicto al twitter”, donde criticaba que el Consejero de Empleo, Manolo Recio (@reciomanolo) de la Junta de Andalucía, dedica mucho tiempo a Twitter. En su crónica realiza una crítica del contenido de su actividad “tuitera”, el cual, según la periodista, siendo el consejero de la Junta que está gestionando más casos problemáticos con presuntas corrupciones en diversos frentes y responsable de empleo en una de las CC.AA. con mayor índice de paro, estaba dedicando estos últimos días la mayoría de sus mensajes en Twitter a criticar las diversas iniciativas que Dolores de Cospedal o a Esperanza Aguirre están aplicando en sus respectivas comunidades, mientras que de lo “suyo”, es decir, la Consejería y los escándalos que la atenazan no se pronuncia salvo en algún caso excepcional como cuando colgó los datos de la investigación de los ERE antes de presentarlos a la prensa. En esta crítica puso el énfasis en el número de “tuits” por día, dando a entender que estábamos delante de un político con una actividad frenética en este medio y, por tanto, el elemento que permitía justificar el calificativo de adicto en Twitter.

Obviamente, el ABC, como la inmensa mayoría de los medios de comunicación, no es un medio neutral y en la “batalla” ideológica y política actual está escorado hacia las tesis del Partido Popular y, por tanto, se dedica a darle caña a todo lo que huela a PSOE. Sin embargo, esto no quita que un número determinados de  artículos la información recogida sea veraz y, en el caso de @laplumilla, en mi opinión es así, al margen de cargar las tintas en la supuesta “adición tuitera” del consejero.

En mi faceta de “sociólogo” por formación y afición, sigo diariamente el Timeline público de Manolo Recio, como un caso de estudio de Político 2.0 en la Red desde hace casi un año. No es el único, pero es un caso que despertó mi interés cuando empezó a asomar la “patita” por Twitter (Políticos 2.0. La hora de la verdad) por diversos motivos. Entre ellos, por escribir directamente sus mensajes,  por arroparse en un grupo de asesores en los nuevos medios y, sobre todo, para observar cómo un político de izquierda con responsabilidades de gobierno aborda principios básicos asociados al meme 2.0, es decir, transparencia en su gestión y conversación con los ciudadanos.

Lamentablemente, después de observar el Timeline de @reciomanolo en estos meses, para mí es bastante decepcionante (posiblemente puse muchas expectativas en el personaje), aunque algunos lo considere un paladín del Político 2.0. En general, dedica una importante parte de su tiempo a la crítica de sus oponentes políticos rehuyendo, a la vez, de las críticas, en muchos casos justificadas, de la gestión de su Consejería. Por ejemplo, la crítica que le hace @laplumilla la comparto, porque mientras se publicaron los datos del paro del mes de agosto con un incremento en Andalucía, mientras algunas personas le preguntaban sobre los  supuestos fraudes en los contratos a discapacitados, temas de su competencia y responsabilidad directa, el consejero se dedicaba a criticar las acciones de sus oponentes políticos en otras CC.AA.

Que Recio Manolo, como ciudadano y militante de un partido critique las actuaciones de otros políticos, es totalmente legítimo, aún más, yo suscribo muchas de sus críticas. Que Recio Manolo como político con responsabilidad de gobierno y con el “sombrerito 2.0” no responda a preguntas incómodas o críticas de ciudadanos, sean de la adscripción ideológica que sean, o no responda con transparencia, no está actuando correctamente y, en vez de utilizar Twitter para conversar, se dedica a mantener monólogos en su lucha ideológica o precampaña electoral eludiendo sus responsabilidades directas.  Es lo que denunciaba @laplumilla al margen de atribuirle una adición al medio.

Y como no hay Rey bufo sin sus palmeros, con la publicación del artículo surgió una cohorte de personajes descalificando, no el contenido del artículo, sino a la periodista y la atribución de “adicto tuitero”. En la primera línea de los palmeros, la corte de asesores marcando la línea de descalificación, luego, una serie de afines ideológicos que se limitaban a realizar los RT con los comentarios de la primera línea o algún que otro comentario ridiculizando a la periodista, en muchos casos sin haber leído el articulo. No deja de ser un hecho normal, las filias y fobias en la batalla ideológica se alimentan en el elogio del afín y en la descalificación del contrario. A uno de los asesores, Juanjo Ibáñez (@Bomarzo) rápidamente escribió una entrada en su blog en defensa de su jefe, utilizando como principal argumento que “Recio usa su canal para lo que estima oportuno, pues se trata de una ventana PERSONAL”. Otro periodista, en la nómina del gabinete de prensa de la Junta de Andalucía, Santiago Pérez también arremetió contra la periodista, el Community Manager de la Consejería, Alfonso Alcántara (@Yoriento), con mucha más habilidad iba reconduciendo la “conversación” con algún comentario “buen rollista” y una preselección de RTs con comentarios de otros para poner el énfasis en el papel de la periodista descalificando a los políticos que utilizan las redes sociales . En otras palabras, una brigada mediática, en nómina, al servicio de un político concreto. Es lo normal, los despachos de los cargos públicos, sean de izquierda o de derecha, están llenos de asesores mediáticos cuya objetividad mermada es consustancial con el contrato.

Para mí, este es un caso más de que las redes sociales, en manos de la clase política actual, sigue siendo un mero instrumento, un canal más, para llevar sus mensajes y eludir cualquier tema comprometido en las batallas por el poder. La cuestión clave no es ni el número de mensajes que lanzan a las redes sociales, ni el número de seguidores que consiguen para ser un Político 2.0, la cuestión es la transparencia y la “conversación” con los ciudadanos (los contenidos) y éstos, en las redes sociales como en el resto de los medios convencionales, están al servicio de  la pugna electoral, que no ideológica, que se va a acrecentar en las próximas semanas con la convocatoria de elecciones generales del 20N y, en este caso, las próximas elecciones autonómicas. Muchas cosas tienen que cambiar para que los políticos actuales hagan suyos los principios asociados al meme 2.0. Por el momento simple Mercadotecnia 1.0 en las redes sociales.

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Quiero comentar un caso en el que podemos aplicar la lapidaria expresión de “dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Por un lado tenemos a una empresa especializada en consultoría y redes sociales alineada con el modelo de Empresa 2.0 cuyo  leitmotiv es  propiciar  las buenas practicas de Gobierno Abierto (Open Government), es decir, que los temas relativos de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles en lo referente a transparencia y creación de espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana en oposición a la tendencia inherente de los gobiernos hacia el secretismo. Para ello, algunos de sus miembros son muy activos en la blogosfera y redes sociales actuando como evangelizadores de tiempo completo llevando el nuevo mensaje de transparencia y apertura a los diferentes entes públicos para que destierren sus viejas prácticas burocráticas y los secretismos en su relación con la sociedad.

Por otro lado, tenemos aun alto cargo político que, arropado con su cohorte de asesores incluido un community manager hiperactivo,  busca posicionarse como el paradigma del Político 2.0, azote de la oposición y paladín de que los ciudadanos controlen la responsabilidad social de las empresas.

Obviamente, como la blogosfera y las redes sociales en el segmento celtibérico de las AA.PP. es como un patio de colegio, todos los miembros activos se conocen y, por tanto, el combinado de contactos (blended networking) en las relaciones online y en las relaciones del mundo real está servido. No es un hecho excepcional, las TICs  propician nuevas formas de relaciones de todo tipo.

En este escenario de “networking” nos imaginamos que la empresa está en las redes con un objetivo fundamental posicionar la marca y generar negocio. Mientras que el político está para posicionar su “ideario” y posicionarse a sí mismo. La cuestión es que la empresa y el político con sus asesores se encuentran y comparten “conversación”, la empresa quiere venderle unos servicios y consigue convencer a la parte contratante que le adjudique directamente unos servicios recurriendo a la modalidad de contratación más opaca que tienen las AA.PP.: el Procedimiento Negociado sin Publicidad.  Un procedimiento legal recogido en los artículos 153 y siguientes de la LCSP, una figura que permite la contratación de servicios de empresas de una manera sencilla y en ocasiones directa para cuando el importe es inferior a 200.000 euros en los contratos de obras y 60.000 euros en el resto de contratos.  Para los que desconozcan el mecanismo de este tipo de procedimiento, el órgano de contratación debe solicitar ofertas, al menos a tres empresas capacitadas y que la adjudicación recae en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. En este caso, hace unos meses se le pidió ofertas a la empresa en cuestión, y a dos empresas sin experiencia en el tipo de servicio requerido, una “declinó” presentar oferta y la otra muy relacionada con la primera (lo indica en su sitio Web) presentó oferta pero quedó excluida por no cumplir uno de los requisitos exigidos. Al menos, realizaron el paripé de solicitar tres ofertas para cumplimentar el procedimiento.

Pongo foco en este caso, porque a pesar de que las diferentes AA.PP. suelen recurrir a este tipo de procedimiento con demasiada frecuencia en prácticas más cercanas a los favoritismos, el clientelismo y el intercambios de favores que a los aspectos estrictamente profesionales. No es nada ético que una serie de personajes muy activos en las redes sociales impartiendo lecciones sobre efectividad y transparencia en las AA.PP., en la práctica siguen utilizando los cambalaches y malas prácticas en sus relaciones tanto por la parte contratante como para la parte contratada.  Aún más, cuando alguna persona ha cuestionado en las redes sociales este caso directamente a los implicados, la respuesta ha sido el más absoluto silencio. En este punto decir que este político es un activo “conversador” en las redes sociales sobre los humano y lo divino, pero nunca sobre los temas cruciales que le plantean los ciudadanos sobre su área de responsabilidad.

Lo de menos son los nombres de los implicados, las hemerotecas están llenos de casos similares. Lo importante es tomar conciencia de que las redes sociales están llenas de charlatanes y evangelizadores de todo tipo a los que se les puede aplicar el dicho que encabezaba esta entrada. Porque al final se impone la diáfana realidad de buscarse la vida con todos sus claroscuros, al margen de toda la retórica edulcorante para promocionarse. Son las contradicciones del tan cacareado 2.0, sobre todo cuando los actores mezclan intereses privados con los públicos.

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El Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, publicó ayer los datos de la investigación realizada por funcionarios de su departamento sobre las irregularidades en los ERE  en su página personal de Facebook y en su blog personal unos minutos antes de atender a los medios de comunicación tradicionales. Obviamente, la oposición del Gobierno Andaluz arremetió contra esta iniciativa calificándola de actitud adolescente (procedimiento de un “quinceañero”) o de una actitud friki.

No voy a entrar en los aspectos de la crítica del principal partido de la oposición en los usos de la Red, están aprendiendo y “piano, piano se arriva lontano”. Su crítica obedece más a la actitud del perro de presa cegado por sus propios casos de corrupción que no quiere soltar una posible pieza que potencialmente les aportaría réditos electorales.

Creo que es importante que los político con responsabilidades de gobierno utilicen los medios sociales como vía directa de comunicación con los ciudadanos y en pro de la transparencia en la gestión pública.  En este caso Manuel Recio lleva un cierto tiempo apostando por los medios sociales como vía para impulsar un acercamiento de la Administración hacia los ciudadanos. Aún más, de los políticos que sigo en Twitter, es uno de los pocos que dedica una parte de su tiempo a dialogar en dicho medio. En otras palabras, una gota en el inmenso océano de los medios sociales.

Sin embargo, al margen del grado de simpatía y afinidad que pueda tener por las actuaciones de Recio en un turbio asunto heredado como los fraudes en los ERE, no debemos olvidar los aspectos realmente importantes en cualquier iniciativa de Gobierno Abierto y su implicación con los medios sociales.

El hecho de que los miembros de un gobierno (políticos, funcionarios,..) sean más o menos activos en la Red no implica que se asumen las premisas de Gobierno Abierto. Estas premisas pasan, principalmente, por la transparencia en los contenidos que se transmiten y como se transmiten. Y, en mi opinión los resultados de la investigación interna sobre las presuntas irregularidades publicados por el Consejero en su página personal de Facebook, más que un ejercicio de transparencia es un acto a la defensiva aportando unos datos con el objetivo de minimizar un problema tal como podemos observar en el texto aportado.

Sencillamente, no se minimiza el problema diciendo que el 96,94% de los expedientes de los ERE analizados no presentan ninguna  irregularidad y que únicamente el 1,20 % de los expedientes que fueron aprobados son de personas, 72 para no jugar con porcentajes, que nunca han trabajado en las empresas por las que están cobrando una póliza.   Además de otros 111 trabajadores que presentan discordancias administrativas.  El hecho real es que hay 72 personas de 24 empresas que han defraudado por el momento, 9 millones de euros. Es decir hay un problema importante a pesar de que, según el propio Recio, existe su compromiso de que se  va a intentar recuperar hasta el último céntimo. La cuestión clave no son las magnitudes de las cifras son los hechos. Hace poco dimitió el Ministro de Asuntos Exteriores del Japón por recibir una simple donación de 450 euros, que fue considerada irregular. No dimitió por una cantidad ridícula dimitió por el hecho. Un gran matiz.

Hay un problema porque existe una trama que ha estado defraudando a la Hacienda Pública, la de los andaluces y la del resto de españoles que contribuimos con nuestra corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial. Una trama donde ya es obvio que han participado las personas que se benefician de los ERE y han participado las empresas que los presentaron, todos ellos identificados por la investigación interna promovida por Recio. Pero falta la tercera pata, la de los funcionarios y altos cargos de la propia Junta que gestionaron y aprobaron los expedientes. Y de esta tercera pata no hay rastro en el contenido publicado por Recio.

En mi vida profesional he dedicado más de 20 años a analizar, como consultor externo, circuitos de trámites de expedientes de todo tipo para su informatización en los tres niveles de las AA.PP. y si hay algo que caracteriza un procedimiento para tramitar un expediente es el rigor y control, algunas veces discutible, en sus distintas fases hasta su aprobación o denegación, quedando registrada toda la documentación aportada, pruebas, informes y las personas que van interviniendo durante todo el proceso. Por tanto, es de suponer que se cometieron algunas irregularidades internas al permitir la aprobación de los expedientes de los ERE.

La transparencia no es decir que únicamente se ha detectado un 1,20 % de fraudes o que únicamente se ha defraudado el 1.39 % de 647 millones de euros. Es un dato,  pero la transparencia es decir que mecanismos administrativos han fallado y por qué han fallado asumiendo las responsabilidades políticas si procede. Esto es lo que hay que contar a la sociedad, sea en las redes sociales o en los medios de comunicación tradicionales si la apuesta real es por un Gobierno Abierto, caiga quien caiga.

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Hace casi dos años, la Administración estadounidense puso en marcha el proyecto data.gov con el objetivo abrir los datos públicos y ponerlos a disposición de la sociedad para que la iniciativa privada pueda desarrollar servicios que aporten valor a la ciudadanía y fomentar la transparencia de las Administraciones Públicas (AA.PP.) facilitando así las iniciativas de análisis y evaluación de la gestión pública.

En este periodo hemos visto como las iniciativas se han multiplicado en varios países en los distintos niveles de sus AA.PP. o en organismos supranacionales como las Naciones Unidas (UNData Api Project), la OCDE (OECEiLibray) o el Banco Mundial (Data Catalog).

En el World Map of Open Government Data Initiatives (vía NicolasKaiser-Bril) puedes ver con detalle el mapa de las iniciativas Open Data y los enlaces a los sitios Web. También se puede consultar la Open Data @ CTIC que también incluye un mapa y sus enlaces a sitios Web.

Que las AA.PP. ponga a disposición del gran público sus datos, la inmensa mayoría series estadísticas, de una forma accesible al público no deja de ser una aportación positiva al desarrollo de la Sociedad de la Información. Sin embargo, en mi opinión, por el momento la transparencia como banderín de la iniciativa brilla por su ausencia.

En efecto, el argumento de que el crecimiento de los conjuntos de datos disponible dará lugar a una mayor transparencia es alimentar una ficción. Porque la mayoría de los conjuntos de datos que se están liberando en la Red ya estaban liberados al público en otros soportes como los anuarios estadísticos que publicaban los diferentes organismos públicos o centros de investigación, y, sobre todo, no debemos olvidar que las AA.PP. de acuerdo con las directrices políticas de sus gobiernos  siguen manteniendo la potestad de decidir lo que es público y lo que se mantiene bajo siete llaves.

Así mismo, hay formas de alimentar la ficción de la transparencia. Por ejemplo, las administraciones nos pueden aportar el presupuesto anual agregado en sus diferentes artículos, es un detalle y no deja de ser un información interesante para conocer grosso modo dónde van nuestros impuestos. Es decir, podemos saber a nivel macro que parte del gasto se destinará a remunerar al personal o que parte se dedicará a inversiones (hasta aquí la transparencia). Pero si queremos conocer a nivel micro las distintas partidas presupuestadas y la ejecución de dicho presupuesto (aquí empieza la ficción) lo vamos a tener difícil, pero que muy difícil.

Al margen de los catálogos de datos puestos a disposición del público y la posibilidad de poder solicitar que se liberen nuevos conjuntos de datos, la realidad es que un ciudadano, un investigador o un periodista que solicita datos concretos a las AA.PP. sin incurrir en aspectos como la privacidad, la seguridad o la propiedad, lo más probable es que se enfrente casi siempre a un rechazo inicial.

Aún mas, la apertura de datos públicos no está pensada en y para los ciudadanos, esta pensada para el sector empresarial.  Se “pide” a las administraciones generar catálogos de datos, de preferencia en un formato “entendible” por las máquinas. Un esfuerzo y, por consiguiente un coste a cargo de los contribuyentes, donde el ciudadano no suele ser el principal beneficiario porque no todo el mundo es capaz de leer o interpretar una tabla o un gráfico en Excel y menos una base de datos organizada en formato RDF semántica.  Por tanto, el principal destinatario es el sector privado que desarrollará aplicaciones con un valor añadido comercial gracias al marshup y el cruce de diferentes conjunto de datos públicos, los cuales, en algunos casos, generarán otros nuevos conjuntos de datos que ya no serán públicos.

En otras palabras, transparencia la que considere oportuna la Administración, beneficiario principal: las empresas que podrán “innovar” y desarrollar sus modelos de negocio gracias a los datos públicos.  ¿El ciudadano?…

Mientras tanto, cada nueva iniciativa de datos abiertos irá precedida de una declaración programática del tipo:  “Con el Open Data X persigue aumentar la transparencia, al permitir el acceso a su información, haciendo un ejercicio continuado de rendir cuentas, universalizar el acceso a los datos permitiendo un uso social y su reutilización, para crear, por ejemplo, servicios basados en información pública por parte del sector privado (complementando los servicios que ofrece X) y, promocionar el tejido económico y la innovación, ofreciendo datos de calidad, la materia prima de la sociedad de la información” con sustituir X por el nombre oficial de tu organización ya tienes la plantilla programática.

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Con la etiqueta de “Social Confirming” el Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, lanzó en diciembre de 2010 una campaña de marketing político dirigida a impulsar iniciativas ciudadanas destinadas al control, por parte de los Ciudadanos, de la responsabilidad social de las Empresas, por medio de sus microacciones. No es nada nuevo, es un tema que ya está presente en la Red, la única aportación de Recio es canalizarla institucionalmente.

Hoy estamos asistiendo a un nuevo espectáculo de presunta corrupción que afecta a Andalucía. Se trata de una  “trama” que, según las investigaciones policiales, afecta a la Consejería de Empleo en temas relacionados con la supuesta utilización fraudulenta de expedientes de regulación de empleo sufragados por la Junta de Andalucía en los que se incluían personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. La hemeroteca sobre el tema empieza a ser abundante: El País o el ABC entre otros medios.

Todo apunta que es un tema que estará candente en los medios de comunicación por razones muy obvias: este nuevo caso de presunta corrupción lo utilizará la oposición política como munición contra el Gobierno autonómico buscando el rédito político y como cortina de humo de sus propios casos. Debajo de las alfombras hay mucha suciedad y es un elemento habitual de la contienda política que se desarrolla en las cloacas del poder y que alimenta el desencanto de los ciudadanos. Aún más, es un tema preocupante en una de las comunidades que ronda el 30% de desempleo y que afecta directamente e indirectamente a todos los ciudadanos del país que, del norte al sur y del este al oeste, están sufriendo ajustes tras ajustes a base de reformas para calmar a los “Mercados”.

Parafraseando la respuesta de Marcelo a Horacio en el drama de Hamlet: “Something’s rotten in Andalucia“, “algo huele a podrido en Andalucía” y Manuel Recio debería manifestarse sobre este tema en las redes sociales. Porque, aunque no tenga ninguna implicación personal en la presunta trama, si que tiene una responsabilidad política ya que el cargo implica asumir los “cadáveres exquisitos” que sus antecesores, presuntamente, sepultaron en la Consejería.

Recio es un político con responsabilidades de gobierno que se dedica con profusión al ecosistema 2.0, posiblemente el que más, rodeado y asesorado por un equipo de profesionales con influencia en las redes sociales y que mantiene una intensa actividad en Twitter, Facebook y Blog personal. Por tanto, debe asumir que la Política 2.0 implica estar en las redes a las duras y a las maduras. No vale estar en las redes para explicar únicamente las cosas que se hacen bien rodeado de una cohorte de aduladores, porque si uno quiere liderar el “social confirming”, por coherencia, tiene que empezar por su propia casa.

No es la primera vez que le dedico una entrada a Manuel Recio en este blog. Hace unos meses escribí una entrada titulada Políticos 2.0. La hora de la verdad, y planteaba la importancia y el reto que tenían los políticos en las redes sociales para demostrar que su presencia en dichas redes no es oportunista, sino una oportunidad y que, por tanto, debían afronta con transparencia el mantenimiento de su reputación en el ecosistema 2.0 y  en el 1.0, porque ambos son expresión de una misma cosa.

Espero que, con este nuevo caso, reaccione y salte a la arena 2.0. No será porque le falta asesores.

Actualización: Esta tarde Manuel Recio ha publicado una entrada en su blog donde manifiesta con claridad y contundencia su posición y la posición del Gobierno de la Junta de Andalucía. Es un post con un compromiso claro y concreto con un plan de acción de 5 puntos. Si criticaba su falta de reacción en el ecosistema 2.0, hoy ha realizado una demostración de su saber y estar en la Política 2.0.

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Este verano me hice eco en “Inteligencia colectiva para reducir el déficit público” de la iniciativa del nuevo gobierno Británico de solicitar a los empleados públicos su opinión y recabar ideas acerca de cómo recortar el gasto y reducir el déficit público. La premisa de partida del Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, era que los trabajadores de las AA.PP. están en la primera línea de los servicios y de su gestión, y, por tanto, saben dónde las cosas funcionan bien y en dónde se derrocha, al mismo tiempo, que tienen ideas de cómo se podrían replantear las cosas para lograr mejores servicios con menos gasto. Para ello, desde el Ministerio de Economía y Finanza pusieron en marcha una plataforma, Spending Challenge, para recoger las propuestas en todos los ámbitos del Estado, desde las fuerzas armadas hasta de empleados de empresas privadas que trabajan para el sector público.

El resultado de la campaña, en mi opinión, ha sido excelente, se recibieron más de 100.000 ideas o sugerencias, entre ellos más de 63.000 del sector público. Además, los responsables de diferentes Ministerios  recorrieron el país para recoger ideas y opiniones de primera mano. Al mismo tiempo que los responsables políticos del Tesoro mantenían reuniones con expertos en determinadas áreas como: Salud, Vivienda y Educación.

De todas las propuestas han preseleccionado más de 1.800, algunas de ellas ya las han incluido en los presupuestos para el 2011 como: centralizar la compra de bienes de uso común y servicios, con lo que esperan un ahorro de más de 400 millones de libras por año; reducir los gastos de viajes para reuniones a través del uso de la videoconferencia o la audioconferencia y la eliminación de viajar en primera clase, el ahorro previsto se estima en 100 millones de libras por año; o la de empezar a considerar el software abierto como una opción para todo el Gobierno y, por tanto, analizar los costes y establecer un plan de acción y una estrategía para empezar a impulsar esta opción a partir de este año.

Lo interesante es que las propuestas seleccionadas permetirán ahorrar miles de millones de libras con una gestión más eficiente de los recursos, al mismo tiempo que se empodera y motiva a los empleados públicos.

Además, en un ejercicio de transparencia, tienen previsto publicar todas las propuestas que se recibieron en su definición original en el repositorio de datos abiertos en data.gov.uk.

Según el propio Gobierno, este es un proyecto con continuidad y los diferentes Departamentos están revisando y evaluando las propuesta recibidas con el objetivo de identificar aquellas que mejoren la eficiencia de la Administración. Una lección inteligente de política al servicio de los ciudadanos y utlización de los empleados públicos como agentes del cambio.

Para más información sobre la relación de las más de 1.800 propuestas preseleccionadas se puede consultar: Summary of policy proposals submitted by the public sector (Excel 336KB).

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Mafalda by Quino

Términos como Gobierno 2.0, eGobierno, eDemocracia, Gobierno Abierto, etc, son conceptos poco concretos que se manejan en el ecosistema 2.0 para recrear el imaginario de que la democracia directa es consustancial con la Red. En otras palabras, que la Red propicia que los ciudadanos  puedan ejercer el derecho a la participación y en la toma de decisiones sin intermediación.

Que los representantes de los ciudadanos –cargos electos- y los miembros de los gobiernos de los diferentes niveles de gestión adquieran presencia en la Red a través de los blogs y redes sociales con la horizontalidad y cercanía virtual que las caracteriza, nos hace pensar que vivimos  en una democracia menos discriminatoria porque el hecho de que podamos enviar un mensaje vía Twitter, o un correo electrónico, o fijar una nota en el muro de un sujeto político en Facebook nos crea la ilusión de que, gracias a la Red, la vida política es o será más democrática y, por tanto, extendiendo las herramientas participativas e inyectando nuevas normas de democracia directa en la democracia indirecta conseguiremos un mundo mejor.

Desafortunadamente para nosotros, esto no está  sucediendo. Porque nuestro modelo de democracia representativa sigue manifestando todos sus defectos y debilidades, eso si de forma renovada, en la era de los medios sociales y sitios participativos.

El que algunos políticos, expresen una opinión o anuncien una decisión en su blog personal o en Twitter o que, en algún caso, respondan a un comentario, puede transmitir la sensación de cercanía a los ciudadanos, de transparencia, pero no deja de ser una forma más de comunicación unidireccional como las utilizadas en los medios tradicionales. Las formas de gobernar, de relacionarse con los ciudadanos o los grados de libertad para expresarse al margen de la disciplina del partido siguen siendo las mismas que antes de Internet. Hoy por hoy, la política 2.0 es la simulación, la búsqueda constante de la pequeña frase que en algún momento concreto sea capaza de polarizar las reacciones de los usuarios de las redes sociales.

Nuestro mundo político más cercano se asienta en las estructuras monolíticas y altamente jerarquizadas de los partidos políticos dominantes, sean de izquierda o de derechas. Las primarias como componente de democratización del proceso de selección de los candidatos aspirantes a la élite política permiten hacer más transparentes y, en consecuencia, más próximos a los ciudadanos a los partidos políticos, pero todavía son raras las experiencias sobre todo por los peligros de fragmentación, luchas internas y posibles escisiones. Asimismo, para todos estos partidos, la consulta a los ciudadanos se reduce a la rutinaria convocatoria cuatrienal en la cual, en un par de semanas, nos intentarán explicar de forma atropellada que son la mejor opción para nuestro bien común para los próximos años. Son las dos únicas semanas en las que los ciudadanos disponemos del poder electoral.

Observamos que las estructuras monolíticas y altamente jerarquizadas colisiona con las estructuras en red por ser abiertas y horizontales, por tanto,  sin cambios profundos en las estructuras del poder político, difícilmente veremos nuevas formas de comportamiento en la Web 2.0. Hoy por hoy, todo queda reducido a algunas acciones individuales y algún que otro tímido intento de abrir la participación a los ciudadanos que ha quedado reducido al buenrollismo como fin o a una simple parodia participativa sin efectos concretos.

Es cierto que la Web 2.0 abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan expresarse y, puntualmente, crear una corriente de opinión que puede llegar directamente al político. O una minoría de individuos pueden crear un lobby con el objetivo de presionar en la toma de decisiones de los gobiernos.  También es cierto que, por las propias características del medio, se abren nuevas posibilidades de activismo ciudadano que potencialmente podrán transformar el escenario político cuando los propios ciudadanos descubran que su poder electoral no es cuatrienal, sino 7 días x 24 horas, pero su efectividad no se puede limitar al ciberactivismo delante de una pantalla, sino va acompañado de un activismo social real. Por el momento, en nuestro caso, mucho ruido en la Red y pocas nueces en la arena social y política.

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Hace una semana finalizó la campaña institucional ‘Lo vas a lograr’ promovida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y planteada como una iniciativa de Open Government –Gobierno abierto- cuyo objetivo fue el recoger las quejas y propuestas de los jóvenes andaluces con el fin de contribuir a la elaboración del plan de empleo joven –Plan Motiva-.  Ahora, es el momento de las valoraciones y, por lo tanto, nos podemos quedar en la superficie de pretendidos éxitos o intentar profundizar algo más en el efecto real de la campaña.

Según el Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, la campaña ha sido un éxito y no ha habido ningún interlocutor que, según él, no le hayan reconocido que las cifras obtenidas avalan dicho éxito. Según las cifras,  durante los 18 días de la campaña, 3.111 jóvenes han aportado quejas y propuestas y el sitio web ha recibido unas 28.000 visitas. ¿Es mucho o es poco?, depende de los objetivos, si el público objetivo era el más del medio millón de jóvenes andaluces parados, pues eso, únicamente han participado el 0,6 %, ¿Cuál fue el objetivo que se había propuesto la Consejería para medir el grado de éxito? ¿1.000, 2.000, 3.000, 4.000,……?.

No importa, la cuestión del éxito o fracaso de la participación ciudadana en una iniciativa de gobierno abierto no es una cuestión cuantitativa –aunque tenga su importancia-, es una cuestión cualitativa, estamos hablando de motivación o de desistimiento de la ciudadanía por lo público, por la política, etc.  Y en este punto, observamos que en la pasada primavera una simple convocatoria utilizando las redes sociales para un macrobotellón reunió más de 6.000 jóvenes en Sevilla o más de 12.000 en Granada en la misma fecha. En otras palabras, un macrobotellón tiene una capacidad de convocatoria de un 600% superior a una convocatoria en el que supuestamente tu gobierno te está pidiendo por primera vez tu opinión para sacarte del pozo del paro, y este si que es un indicador de la motivación o el desistimiento de los jóvenes y, por tanto, a tenor de estos datos el desistimiento podría considerarse más bien alto. ¿Políticamente el Consejero lo considera un éxito?, tengo mis dudas.

Pero también observamos que las cartas ya estaban marcadas al inicio de la partida. La campaña “lo vas a lograr” finalizó el viernes día 5 y el martes día 9 el Consejero presentó el Plan Motiva para el 2011, dirigido a 150.000 jóvenes y dotado con 381 millones de euros. Un Plan de gobierno que ha requerido 7 meses de elaboración y negociación con los agentes sociales tal como informó el propio Consejero. Dudo mucho que en el Plan Motiva se hayan recogido, planificado y dotado económicamente las partidas correspondientes a las propuestas de los jóvenes en un tiempo record de 3 días contando festivos. En todo caso, el ejercicio que ha estado realizando el Consejero, en sus intervenciones, es casar algunas de las propuestas de los jóvenes con las iniciativas ya previstas a priori. En otras palabras, el Plan Motiva ya estaba cerrado y cocinado antes del inicio de la campaña de participación y todo apunta que todo el proceso ha sido únicamente un paripé, una simulación, de una iniciativa de gobierno abierto.

Que la Consejería se ha montado en el mundillo 2.0 y participa en blogs y redes sociales, es un hecho empezando por el propio Consejero que se lo ha tomado muy en serio creando la plaza del Community Manager del SAE.  Aún más, como ciudadano opino que es importante que la política y la administración pública se contamine del meme 2.0 y sea más abierta, sin embargo, el concepto de gobierno abierto va mucho allá que  la mera presencia en las redes sociales entreteniendo al personal, gobierno abierto es transparencia e impulso de la participación real de los ciudadanos en el gestión pública.

En el inicio de la campaña, desde este blog criticamos la iniciativa porque, desde la perspectiva de las responsabilidades políticas y de gobierno, y asumiendo una política de Open Government, observamos que había mucha trampa y cartón en una propuesta planteada en términos de buenrollismo, finalizada ésta la valoración sigue siendo la misma. Andalucía vive el drama del desempleo de forma crónica y el gobierno tiene un gran reto y no lo tiene nada fácil, lo único que puedo hacer desde aquí es desearles mis mejores deseos para que el Plan Motiva sea un éxito, sin paripé, y un alto porcentaje de los 150 mil jóvenes puedan salir del pozo del paro durante el año 2011.

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