¡Nos morimos de hambre!

El Government Accountability Office (GAO), el Tribunal de Cuentas de los Estados Unidos, acaba de publicar un informe que cuestiona los datos económicos utilizados, desde hace años, sobre el impacto de la denominada piratería de los productos culturales.

En el informe “Observations on Efforts to Quantify the Economic Effects of Counterfeit and Pirated Goods”, el GAO pone el énfasis en el carácter simplemente especulativo de las cifras que han estado manejando gobiernos y empresas de la Industria Cultural sin ninguna base concreta. Asimismo, señala las grandes lagunas que podemos encontrar en los estudios sobre delitos y “piratería” que elabora la  propia Industria Cultural. Por ejemplo, organizaciones como la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos –RIAA- o la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos –MPAA- pretenden, generalmente, sin ninguna base económica, que un CD “pirata” equivale a una venta perdida,  una tasa de sustitución 1×1 que se demostrado que es errónea.

Asimismo, el GAO señala que el dinero que los ”piratas” no gastan en productos culturales no se pierde, sino que repercute en la economía con el consumo de otros productos y servicios y por tanto contribuyendo a generar empleo en otros sectores. En otras palabras, se produce una redistribución de la oferta y demanda como pudimos demostrar en una entrada anterior  “En la Red la información y los contenidos no son gratis” y que, por ejemplo, tomando los datos del Ministerio de Cultura Español, el gasto medio anual por hogar en concepto de cultura, pasó de los 200€ del año 2000 a los 372€ en el 2007.

El informe del GAO es realmente interesante y debería servir de ejemplo para que nuestro Ministerio de Cultura, totalmente decantado con los intereses de los grupos de presión de la Industria Cultural de nuestro país y las grandes multinacionales en detrimento de las necesidades culturales de los ciudadanos, aprenda a analizar con más objetividad los datos macroeconómicos y no quedarse con el mito de la venta “perdida” que maneja el propio sector para elaborar estudios y argumentos parciales y sesgados en una pretendida defensa de derechos de la propiedad intelectual y creatividad de los autores.

El informe del GAO, sin dar patente de corso a la “piratería” pone en evidencia las mentiras o las medias verdades que maneja, en general, la Industria Cultural mundial para la defensa de sus viejos modelos de negocios.

No es la primera vez que vemos un análisis donde se apunta aspectos positivos de la piratería en la economía, hace más de un año nos hicimos eco de otros estudios en “ La piratería tiene efectos positivos en la economía”, pero que sea el propio Tribunal de Cuentas de los Estados Unidos el que señale estos aspectos no deja de ser, en términos coloquiales, un “puntazo”.

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Las movilizaciones, articuladas en un Manifiesto, de un importante grupo de usuarios de Internet utilizando los medios sociales de comunicación para oponerse a la inclusión, a última hora, en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que pueden afectar al libre ejercicio de libertades básicas en defensa de los intereses del sector de las industrias culturales, pone en evidencia, una vez más, la capacidad de la Web 2.0 para desarrollar el ciberactivismo político, pero, al mismo tiempo, nos muestra debilidades o contradicciones en el encaje mundo real-virtual.

Como parte activa y al mismo tiempo observador, me parece interesante poder compartir mis primeras notas y reflexiones agrupadas en una serie de puntos sobre los acontecimientos relacionados con la movilización. Los puntos:

• Motivaciones para la movilización. En este punto nos encontramos con una amplia diversidad de puntos de vista y sensibilidades que cubren una amplia gama de grises que van desde el blanco de la defensa de derechos básicos como ciudadanos de un Estado, hasta el negro de la defensa de La Red como espacio al margen de los derechos y obligaciones que rigen a los mortales. Queda para el análisis sociológico la distribución de la gama de grises. A destacar también que es una movilización sin “color” político. Sobre todo si consideramos que en la cultura de este país la mayoría de las movilizaciones siempre se han articulado en la identificación con un determinado “color” político u organizaciones afines.

• Representatividad social. Desde un punto de vista cuantitativo los movilizados, es decir los que han publicado en sus blogs el manifiesto, los que se han adherido vía comentarios en foros o twitter, y las adhesiones a grupos en redes sociales a favor del manifiesto, por el momento, estaría, a ojo de buen cubero,  entre 1-2 % de los usuarios activos en Internet. En términos de población adulta –con derecho a voto- no llegaría al 0,5-0,7 % -en las últimas elecciones generales el voto en blanco y las abstenciones representaron, respectivamente, el 1,12% y el 24,68%-. De acuerdo con estos datos, la primera conclusión sería que la representatividad social es mínima y, por tanto, se podría presuponer que con un impacto en las decisiones políticas más bien débil. Pero, al mismo tiempo, en términos cualitativos, la representatividad va mucho más allá al concentrar el sector de población más activo y dinámico en la Red con capacidad de influencia en los movimientos sociales y políticos.

• Cobertura mediática. La movilización ha tenido, además de la cobertura de los medios sociales como agente de movilización, una importante cobertura mediática en los medios tradicionales de masas –prensa, radio y televisión. Una cobertura que si la comparamos con otras movilizaciones en la calle podría considerarse desmesurada atendiendo a los elementos cuantitativos. Un aspecto de gran importancia porque, es la primera vez, que estos medios tradicionales recogen de forma unánime un fenómeno que ocurre en la Red y que va mucho más allá por sus repercusiones. Una cobertura que evidencia que el efecto cualitativo de la movilización online ha sido muy superior al efecto cuantitativo. En Espacio Fílmica podemos encontrar un interesante análisis de cifras y cobertura mediática.

• Impacto en las decisiones del Gobierno y en la oposición.  Obviamente, dada la cobertura mediática –sociales y de masas- el Gobierno movió ficha de forma precipitada y contradictoria al cambiar de opinión en pocas horas. Por un lado, la Ministra convocando rápidamente a unas pocas personas representativas del mundo Internet por sus actividades o visibilidad para montar el paripé de que se estaba dialogando con el sector,  hacerse la foto y no cambiar nada. Por otro lado, al ritmo como se desarrollaban los acontecimientos, el Gobierno anunciando más tarde que se cambiaría algún detalle de la propuesta de ley –que sean los jueces quienes tengan la potestad de decidir si se cierra o no un sitio web-, un cambio que estaba cantado en el desarrollo de la Ley. Es posible que la decisión precipitada de Zapatero, contradiciendo la posición de Sinde, estuvo provocada por la cobertura mediática y la posición oportunista y contradictoria del Partido Popular que rápidamente salió a la defensa del manifiesto cuando hace poco dio su visto bueno en el parlamento europeo a una directiva que, más o menos, está alineada con la propuesta inicial del Gobierno. Muy pocas veces se ha podido ver que una movilización social pueda provocar, en un espacio de tiempo tan corto, cambios en las posiciones de un Gobierno.

• Organización del movimiento a favor del Manifiesto. Es un hecho que La Red está cambiando las formas de la actividad política y la movilización –el Ciberactivismo- y, también es un hecho que estamos en las primeras etapas y queda mucho camino por recorrer. Tenemos varios casos donde se ilustra el potencial de la Web 2.0 para la actividad política y las movilizaciones. Entre ellos, señalar que una buena parte del éxito de la campaña de Obama estuvo motivado por un uso inteligente, organizado y planificado de los recursos de La Red para movilizar seguidores o para captar donaciones; o el caso de la cobertura informativa de la revuelta en Irán de este verano realizada por los propios ciudadanos utilizando los medios sociales a pesar de la censura. En el primer caso, hubo organización, estrategia y táctica apoyándose en una cultura asentada en una tradición de redes sociales en el mundo real. En el segundo caso, en un contexto dramático y desesperado, unas personas buscando vías alternativas de comunicación en un contexto de férrea censura. En el caso del Manifiesto, observamos una iniciativa de un pequeño grupo de comunicadores y una adhesión numerosa y rápida –el efecto viral- por parte de los usuarios más activos en la Red que plantea un dilema entre Adhesión y Participación, entre visión 1.0 y una visión 2.0. Asimismo, la cuestión que nos planteamos es ¿Cuánto durará la movilización? pasado el primer pico de la movilización del pasado miércoles y jueves y su cobertura mediática, ¿tendremos nuevos picos?. ¿No se improvisaron, al margen de las loables intenciones, la convocatoria de manifestaciones “físicas” en las principales ciudades la tarde un viernes víspera de uno de los puentes más largo?,  una asistencia a dichas concentraciones que fue testimonial y puso, una vez más, en evidencia el divorcio mundo virtual-real en lo referente a movilizaciones de masas. En este punto, nos preguntamos, en el momento en que los ciudadanos, gracias a la Red, puede manifestar su descontento y aportar su opinión como individuos, ¿Es necesario la movilización en la calle si consideramos que esta forma de acción era la única vía que tenían los ciudadanos para expresar su descontento cuando no existían los medios sociales de comunicación?.

En estas notas, podríamos concluir , en una primera aproximación, que el ciberactivismo en nuestro país está aprendiendo a dar los primeros pasos. Sus bases participativas y colaborativas son inmaduras porque todavía estamos aprendiendo a conversar y en la vanguardia de los usuarios más avanzados todavía se imponen algunos personalismos egocéntricos –forma parte de la condición humana y la cultura dominante. Pero a pesar de la inmadurez, los ciudadanos-internautas han conseguido hacerse oír y demostrar el potencial de la Red y de los medios sociales de comunicación en la movilización social y política. Aspecto que nos lleva a pensar que ya nada será igual.

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, manifiesto mi firme oposición al proyecto como ciudadano, internauta y blogger y me adhiero al Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet “de acuerdo con la siguiente declaración:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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En su toma de posesión del cargo nos dijo que cree en la Cultura “como generadora del bienestar” y que considera que “una obra de arte, un película, una novela, un cuadro… no son fruto del azar, sino del trabajo de un equipo que siempre tendrá las puertas de esta casa abiertas” y nos aseguró, con relación al P2P, que  su intención, “en un momento en que todos somos internautas, es que hay que tener en cuenta la opinión de todos, hay que hablar y escuchar, para así encontrar una solución que sea buena para todos“.

Hoy nos enteramos por los medios de comunicación que en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno y se presentó públicamente la semana pasada,  tienen previsto introducir en la disposición primera del anteproyecto la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” que conlleva la posibilidad de interrumpir Internet, previa autorización judicial, a aquellos abonados que descarguen archivos protegidos por derechos de autor. Obviamente, esta última iniciativa ni estaba recogida en el documento de hace unos días y ni se presentó públicamente cuanto tocaba.

Una iniciativa que, salvo futuras aclaraciones, transmite la sensación de falta de transparencia y de una actuación con nocturnidad y alevosía porque no ha considerado la opinión de todos, no ha hablado ni escuchado y no ha manifestado interés en encontrar una solución para todos.

Lamentablemente, en el anteproyecto para una economía sostenible, no aparece ninguna iniciativa del ámbito de su competencia para afrontar los retos que plantea la Sociedad de la Información y el Conocimiento, nuestro reto del Siglo XXI, donde la Cultura, en mayúsculas, juega un papel fundamental.

Da la impresión de que Ud. únicamente representa una de las partes. La élite de los “creadores” y los sectores industriales productores-comercializadores de los contenidos culturales y se olvida de lo fundamental : que la Cultura, de acuerdo con la UNESCO -Declaración de México de 1982-,  ”da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden“.

Yo desconfío de las élites políticas y económicas que no entienden a la juventud, ni la tecnología, ni la cultura. De unas élites donde los conceptos ocio, cultura, arte, espectáculo,  negocios, cifras de ventas se emplean indiscriminadamente. En su momento, le dije en una carta abierta publicada en este blog que debería pedirle asesoramiento a Jacques Attali, para empezar a entender nuestro mundo. Porque como bien dice Attali, por una vez que se les podía dar algo gratuito a los jóvenes, las primeras víctimas de la crisis, se prefiere engrasar a los Majors de la música y del cine, que se han convertido, cínicamente y conscientemente, en los primeros parásitos de la cultura.

Sinceramente, en vez de defender los intereses de unos pocos, debería establecer un plan de acción para desarrollar una cultura sostenible donde los creadores puedan vivir dignamente de su trabajo –nada que ver con el lucro desmesurado- y todos los ciudadanos disfrutar de los bienes culturales. Un cultura sostenible que permita desarrollar un potente sector cultural del siglo XXI alineado con las potencialidades de las nuevas tecnologías.

Transparencia, diálogo, equidad son elementos claves para desarrollar una política cultural en un país democrático. Yo espero, y creo que muchos ciudadanos esperan, por su parte y por parte del Gobierno que creen las bases de una Economía Sostenible transversal, desde el ámbito económico al cultural, ya que está en juego nuestro futuro como personas y como País.

El P2P y las descargas por parte de los internautas –la inmensa mayoría sin ánimo de lucro- es una forma de difundir la Cultura en libertad, a pesar de que algunos siguen pensando que es un atentado a los “hipotéticos” derechos de propiedad de los autores. Para entender esto, se requiere entender la lógica de La Red y del mundo en el siglo XXI.

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Víctor Hugo, uno de los escritores más importante de la literatura francesa del siglo XIX y hombre comprometido con su tiempo, en su discurso de presentación del Congreso Literario Internacional del 1878, refiriéndose a la propiedad intelectual – en el contexto, propiedad literaria-, defendía el derecho de los autores para librarse de las cadenas de las viejas legislaciones monárquicas que negaban el derecho a la propiedad literaria, “¿con qué fin?, con el fin de la esclavitud. El escritor propietario es el escritor libre. Quitarle la propiedad, es quitarle su independencia…. De aquí esta falacia singular, que sería pueril si no fuese pérfido: el pensamiento pertenece a todos, por lo tanto, no puede tener propiedad, por tanto la propiedad literaria no existe. Extraña confusión, en primer lugar, de la facultad de pensar, que es general, con el pensamiento que es individual; el pensamiento, soy yo; a continuación, confusión del pensamiento, cosa abstracta, con el libro, cosa material. El pensamiento del escritor, como pensamiento, escapa a cualquier intento de retenerlo; vuela de alma en alma; tiene este don esta fuerza, -virum volitare per ora-; pero el libro es distinto del pensamiento; como libro, es apropiable, tan apropiable que es a veces apropiado. El libro, producto de la imprenta, pertenece a la industria y determina, en todas sus formas, un vasto movimiento comercial, se vende y se compra; es una propiedad, valor creado y no devengado, riqueza añadida por el escritor a la riqueza nacional y de hecho, desde todos los puntos de vista, la más indiscutible de las propiedades. Esta propiedad inviolable, los gobiernos despóticos la violan; confiscan el libro, esperando así confiscar al escritor. De ahí el sistema de las pensiones reales. Coger todo y dar un poco. Expoliación y sujeción del escritor. Le robamos y luego lo compramos. Esfuerzo inútil, el escritor escapa. Lo hacemos pobre, el queda libre….. “

Para establecer a continuación el derecho del disfrute de la obra por el dominio público:

“Señores, entremos en el principio: el respeto de la propiedad. Reconocer la propiedad literaria, pero al mismo tiempo, fundemos el dominio público. Vamos a ir más lejos. Ampliémoslo. Que la ley otorgue a todos los editores el derecho a publicar todos los libros después de la muerte de los autores, con la condición de pagar una tasa muy baja a los herederos directos, que en ningún caso excederá el cinco o diez por ciento de los ingresos netos. Este sistema muy simple, que concilia los incuestionables derechos de la propiedad del escritor con el no menos indiscutible derecho del dominio público……”

“El principio es doble, no lo debemos olvidar. El libro, como libro pertenece al autor, pero como pensamiento, pertenece –el concepto no es muy extenso- al género humano. Todas las inteligencias tienen derechos. Si uno de los dos derechos, el derecho del autor y el derecho del espíritu humano, debe ser sacrificado, lo cierto es que será el derecho del escritor, porque el interés público es nuestra única preocupación, y todos, yo lo declaro, deben pasar antes que nosotros”

Una proclama del siglo XIX que sigue vigente en el siglo XXI, porque el debate de las “descargas ilegales” en Internet, no deja de ser la punta del iceberg de una batalla política en la que los neoliberales y sus acólitos buscan, desde hace tiempo, suprimir el dominio público y hacer de la cultura un producto como cualquier otro. El desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, requiere hacer extensible la creación y las obras culturales al dominio público y, por tanto, no podemos contemplar la cultura únicamente desde un punto de vista economicista. Porque al punto de vista de la Organización Mundial del Comercio hay que anteponer la “excepción cultural” promulgada por la UNESCO.

 En mi opinión este es el verdadero debate y no la cortina de humo de las “descargas ilegales”. El verdadero debate es la búsqueda del equilibrio entre los derechos de los creadores, autores, artistas para que puedan vivir dignamente de su trabajo y el derecho del bien común, que como bien decía Víctor Hugo, es el prioritario. Lamentablemente, estamos en una época donde los propios artistas  se confunden con simples mercaderes de libros, discos, películas…., donde muchos de ellos ceden todos sus derechos a sociedades y, por tanto, son dependientes, vendiendo su alma por algunas migajas. Como en las pensiones reales de las rancias monarquías absolutistas que denunciaba Víctor Hugo.

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En el debate de las descargas consideradas ilegales -pirateo según los detractores- es de agradecer análisis rigurosos que ayudan a desmontar las leyendas que se crean alrededor del fenómeno, leyendas que esconden turbios intereses de determinados sectores y que la única forma de desmontarlas es con análisis rigurosos sustentados con datos.

Es el caso de Charles Arthur, editor de tecnología del Guardian, en su artículo Are downloads really killing the music industry? Or is it something else? desmonta algunas de la falacias que el sector de la industria de la música ha difundido para justificar la crisis de su modelo de negocio tradicional.

En efecto, Arthur, para el caso de Inglaterra, analiza la serie histórica de las cifras de ventas de videojuegos y de música desde 1999, año en que inicio sus actividades Napster socavando el CD como soporte de distribución de la música, con el objetivo de observar si existe una relación coherente entre los dos sectores. En su análisis destacamos algunos aspectos interesantes:

El primero es sobre la dificultad de obtener datos estadísticos fiables de la ELSPA -European Leisure Software Publishers’ Association-  o de la BPI -British record labels-  aunque si que le fue fácil disponer de datos de la  British Video Association y de la  UK Film Council. Aspecto que pone en evidencia la falta de transparencia del sector de la industria de la música.

El segundo, el más interesante, es el resultado del análisis y las comparativas que obtiene del análisis cruzado de los datos. Por un lado, de acuerdo con el gráfico elaborado por Arthur, podemos observar un espectacular incremento de la cifra de ventas de los videojuegos, desde los 1.180 millones de libras en 1999 a los 4.030 millones de libras en el 2008. Asimismo, la cifra de ventas y de alquiler de DVDs se ha doblado en el periodo analizado: de los 1.286 millones de libras en 1999 a los 2.560 millones en el 2008.

Fuente: Charles Arthur

El tercero, son las conclusiones del análisis del cruce de datos. Si se asume que actualmente se dispone de  la misma capacidad de gasto discrecional que en el 1999, entonces está claro quien es el culpable de la crisis del sector industrial de la música: la industria del videojuego. Es un hecho que la capacidad de gasto de la mayoría de las personas es finita -obviamente no se ha duplicado o triplicado en estos últimos años-, y pensar que cada descarga es una venta que no se realiza, no es cierto, lo que se ha producido, según Arthur, un trasvase de un sector industrial a otro y las personas prefieren gastarse 40 libras en un juego que tendrá una duración de unas cuantas semanas a un CD de 10 libras con un par de canciones interesantes y 8 de rellenos que se pueden descargar fácilmente.

Indiscutiblemente, la industria de la música sale tocada, porque han aparecido nuevos productos que compiten en su mercado, el ocio, y, por lo tanto, no vale achacar el problema y generar afirmaciones falsas acerca del fenómeno de las descarga.

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Fuente: sguyvarch/Flickr

Hoy la Asamblea nacional francesa ha adoptado en segunda lectura la Ley Hadopi con 296 votos a favor y 233 en contra. La derecha francesa, salvo algunas excepciones, ha votado masivamente a favor de dicha ley que tiene como objetivo penalizar con la suspensión de la conexión de Internet en el caso de las descargas consideradas ilegales, después de un proceso de 3 avisos previos: dos correos electrónicos y una carta postal certificada.

 El resultado de la votación ha sido el siguiente: por el grupo de la Unión por un movimiento popular (derecha), han votado a favor 284, en contra 6 y 17 abstenciones; por el grupo Socialista, han votado a favor 1, en contra 190 y 6 abstenciones, por el grupo Nuevo Centro, han votado a favor 11, en contra 6 y 5 abstenciones y por el grupo Mixto, 7 en contra.

El texto tendrá que volver a pasar por el Senado y si los senadores no plantean ninguna enmienda el texto será definitivamente aceptado -si se introducen enmiendas volvería a la Asamblea para una votación definitiva-. A continuación, después de la promulgación de la ley, de aquí a final de mayo, y sus decretos de aplicación -dónde tendrán “mucho trabajo” para intentar hacerla viable- el texto se “consagrará” con la creación de la HADOPI,  es decir, la Alta autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet.

Una ley que, en opinión de sus críticos -incluido el que escribe- declara un estado de excepción y de intimidación en la Red, que será ineficaz, porque es retrograda e inaplicable por los inconvenientes técnicos que plantea la propia ley, y que no solucionará los problemas que tiene planteada la creación artística y cultural en la era digital, porque sencillamente no aborda la esencia del problema.

La cuestión que nos planteamos desde aquí es si le Gobierno español va a seguir los pasos de la derecha francesa tomando como modelo una Ley que es, por el momento, el referente de la SGAE y del anterior Ministro de Cultura. La titular actual de la cartera, la Sra. González Sinde, no se ha pronunciado sobre ella.

Fuentes: Liberatión, Le Monde

ACTUALIZACION (13/04/2009): El Senado la ha ratificado. Sarkozy ha lavado su maltrecho honor de hace una semanas cuando el proyecto de Ley fue rechazado gracias al absentismo de los parlamentarios e su grupo y algún que otro “traidor” que voto en contra. Por el momento, una “boutada du Monsieur le President”.

En Francia, el culebrón todavía continuará, por el momento sigue funcionando la democracia y los socialistas van a recurrir al Consejo Constitucional, sobre todo, poniendo énfasis en el apartado de la doble pena -el abonado que sufra la sanción deberá seguir pagando a su ISP- . Asimismo, está el tema la enmienda al paquete telecom aprobada por el Parlamento Europeo, “ninguna restricción se podrá imponer a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una decisión previa de las autoridades judiciales…” y, por tanto, las disposiciones de la Ley Hadopi quedarían sin valor ya que el derecho europeo se impone al derecho francés. Sin olvidar que las disposiciones de la Ley se tienen que desarrollar con los innumerables problemas legislativos, económicos y técnicos que conllevarán su aplicación

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Excelentísima Señora González-Sinde:

Ayer, nada más conocerse su nombramiento, la blogosfera mediática de este país (Enrique Dans, Julio Alonso, Ricardo Galli y otros) arremetió de forma virulenta contra su nombramiento. En la Red, se empezaron a crear foros y comunidades que solicitan su dimisión, por ejemplo, en menos de 24 horas un grupo de Facebook que pide que se vaya, ya cuenta con más de cuatro mil miembros. En mi opinión, aunque prematuras, todas estas reacciones tenían su base considerando su trayectoria y su posición beligerante contra el P2P y su apoyo del canon digital.

Hoy, en su toma de posesión del cargo, nos dice que cree en la Cultura “como generadora del bienestar” y que considera que “una obra de arte, un película, una novela, un cuadro… no son fruto del azar, sino del trabajo de un equipo que siempre tendrá las puertas de esta casa abiertas” y nos ha asegurado, con relación al P2P, que  su intención, “en un momento en que todos somos internautas, es que hay que tener en cuenta la opinión de todos, hay que hablar y escuchar, para así encontrar una solución que sea buena para todos“. Nos dice que llega con un “programa ilusionado“.

Hasta aquí sus primeras pinceladas programáticas sobre la política que piensa aplicar su Ministerio. Y estas primeras pinceladas me preocupan como ciudadano, porque Ud. se ha olvidado de mis derechos. En ningún momento ha dicho que las puertas de “su” casa estarán abiertas a los ciudadanos -sean internautas o no-, en ningún momento ha dicho que impulsará la Sociedad de la Información y el Conocimiento, nuestro reto del Siglo XXI, donde la Cultura, en mayúsculas, juega un papel fundamental.

Me preocupan estas primeras pinceladas, porque Ud. asume representar una de las partes, la de los “creadores” y los sectores industriales productores-comercializadores de los contenidos culturales y se olvida de lo fundamental : que la Cultura, de acuerdo con la UNESCO -Declaración de México de 1982-,  ”da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden“.  

Me preocupan sus primeras palabras, porque Ud. en sus responsabilidades anteriores y defensora de los intereses de un colectivo, atribuyó la crisis del cine español a Internet, cuando la realidad es que la crisis del cine español está en su propia estructuras.  Yo desconfío de las élites políticas y económicas que no entienden a la juventud, ni la tecnología, ni la cultura. De unas élites donde los conceptos ocio, cultura, arte, espectáculo,  negocios, cifras de ventas se emplean indiscriminadamente.

Me preocupa que tenga pensado, entre sus primeras actuaciones, aplicar en España, una ley similar a la iniciativa francesa de la Ley HADOPI, hasta el momento, el referente de la SGAE y de su antecesor en el Ministerio. Me permito un consejo, debería pedirle asesoramiento a Jacques Attali, para empezar a entender nuestro mundo. Porque como bien dice Attali, por una vez que se les podía dar algo gratuito a los jóvenes, las primeras víctimas de la crisis, se prefiere engrasar a los Majors de la música y del cine, que se han convertido, cínicamente y conscientemente, en los primeros parásitos de la cultura.

Sra. Ministra, no me voy a extender más, pero no lo dude, estaré vigilando su “programa ilusionado“, paso a paso, y ejerceré, en todo momento, la potestad que me confiere mi condición de ciudadano: mi opinión y mi voto.

Le deseo lo mejor en sus nuevas responsabilidades, tiene por delante un gran reto.

Cordialmente,

JLP

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La Asamblea nacional francesa – el equivalente al Congreso de diputados- acaba de aprobar el proyecto de Ley “Creación e Internet” o Ley Hadopi, que penaliza con la suspensión de la conexión de Internet en el caso de las descargas consideradas ilegales, después de un proceso de 3 avisos previos: dos correos electrónicos y una carta postal certificada.

La ley recoge una serie de aspectos técnicos y legales que la van a convertir en un culebrón para su implantación por su impacto. Y considerando que, por el momento, es el referente de la SGAE y del Ministerio de Cultura para España, podemos señalar algunos aspectos curiosos:

Complicará la gestión y las cuentas de los proveedores de servicios de conexión (ISP). En efecto, en el caso de que se le suspenda la conexión a un usuario, éste no tendrá que pagar la cuota de su abono durante el tiempo de suspensión. Para los usuarios con abonos tipo dúos o tríos (Internet+teléfono y televisión), en caso de corte de su conexión, los proveedores de servicios deberán suministrar el precio detallado de cada servicio y los usuarios únicamente deberán abonar los servicios no suspendidos (teléfono y acceso a las cadenas de televisión). Según última modificación, del martes día 8 de abril, los parlamentarios han decidido que  los usuarios SI que tendrán que abonar a los ISP su cuota de conexión a Internet durante el tiempo de conexión.

Introduce el “puedo prometer y prometo por mi honor, que no lo haré más”. El tiempo de sanción será de dos meses completos, sanción que se puede reducir a un mes si el usuario “infractor” se compromete moralmente a no descargar y, al mismo tiempo, abstenerse de cualquier recurso contra la sanción. Si el internauta no cumple su palabra, la sanción podrá ampliarse a un año.

El usuario tendrá la opción de autolimitarse. Si un usuario sancionado necesita Internet para su actividad profesional, la ley tiene previsto que, en ciertos casos, el internauta sancionado deberá instalar un software especial para bloquear determinados sitios y software que permite las descargas.

El espíritu G20 impregna la ley y le da un toque barroco. Se permitirá piratear a aquellos autores que residan en paraísos fiscales. Por tanto, antes de descargar, sería recomendable verificar dónde tiene fijada la residencia el autor de la obra.

Poco importará quien descargue, el titular del contrato de acceso a Internet será considerado el responsable. Por tanto, de acuerdo con la ley, los titulares del acceso deberán de contar con el correspondiente software de “seguridad” para poder, en caso descargas ilegales, demostrar su buena fe. Obviamente, la Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de la creación en Internet (HADOPI)  será quien determinará que productos son los válidos. Aspecto que plantea un tema polémico porque deja en una situación de indefensión a los usuarios de software abierto.

En fin, nace una Ley cuestionada técnicamente, diversos estudios técnicos señalan que los dispositivos para el corte de acceso de Internet no estarán operativos antes del 2011, y jurídicamente ya que es probable que el Consejo constitucional considere que la suspensión del abono a Internet, decidido por una alta autoridad administrativa independiente, y privativa de libertad, introduce una ruptura de la igualdad entre ciudadanos. Además, el derecho europeo tiende a considerar Internet como un derecho fundamental que se impone sobre el derecho francés.

ACTUALIZACIÓN (1): El texto se adoptará definitivamente el próximo jueves día 9, con el último voto de la Asamblea y el Senado. El grupo parlamentario socialista a anunciado que elevará al Consejo constitucional un recurso contra el texto invocando “la conformidad con el derecho europeo“.

ACTUALIZACION (2): Hoy, 9/04/2009, Contra todo pronóstico, la mayoría de los diputados de la Asamblea presentes en la cámara -una minoría-, a mano alzada, ha rechazo el proyecto, que previamente había sido aprobado (y endurecido) por el Senado. La ausencia de numerosos representantes y el hecho de que dos diputados de la mayoritaria UMP (el partido de Sarkozy) hayan votado en contra junto a la izquierda, ha inclinado la balanza: 15 votos a favor, frente a 21 en contra. El resultado ha sido recibido por los diputados de la izquierda puestos en pie entre aplausos.

El Gobierno puede decidir que se realice una nueva votación, aunque el texto debe entonces volver a pasar por las dos cámaras (Senado y Asamblea). El culebrón sigue…..

Fuentes: Le Monde y Le Figaro

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Faltan pocos días para que el proyecto de ley “Création et Internet” o ley Hadopi se debata en la Asamblea nacional francesa para su aprobación. Es un tema que nos afecta directamente porque la SGAE,  los intereses de una parte de la industria audiovisual y el propio Ministerio de la Cultura contemplan el proyecto de ley como un referente para aplicarlo en nuestro país.

En Francia se lamentan que la oposición a la ley, aunque activa, ha quedado restringida a los foros en la Red con muy poca repercusión en otros ámbitos de encuentro social. Una constatación de un divorcio entre el mundo virtual y real. Una constatación de la impotencia de los internautas de llevar su protesta y denuncia más allá de las fronteras de los bits.

En este panorama que no invita al optimismo, surge una voz dura, acusadora en defensa de las libertades, heredera del espíritu  del J’Accuse…! de Emile Zola  Es la voz de Jacques Attali, que acaba de publicar en su  blog el manifiesto: “Une loi scandaleuse et ridicule “.

Attali, se pregunta: ¿Cómo es que en la Francia del 2009 se pueda presentar y hacer votar en el Parlamento con los votos de la derecha y una parte de la izquierda, una ley así de indigna? Y la única respuesta que encuentra es que esta iniciativa de ley es un signo más de un país donde las élites políticas y económicas no entienden a la juventud, ni la tecnología, ni la cultura. De un país donde los conceptos ocio, cultura, arte, espectáculo,  negocios, cifras de ventas se emplean indiscriminadamente.

El manifiesto de Attali, no es la voz de un hacker, un geek. Jacques Attali, es Doctor en Ciencias Económicas, ha sido asesor de Presidentes (Miterrand, Sarkozy), fundador y primer presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, responsable del lanzamiento del programa europeo de investigación Eureka, fundador de varias ONGs, escritor de más de 30 libros de economía, matemáticas historia, ensayo, memorias, novela, y obras de teatro.

Attali considera escandaloso el proyecto de ley porque abre una vía de vigilancia general de todas las actividades y acciones de los internautas; porque su objetivo es  proteger las rentas actuales del sector de los medias sin que tengan la necesidad de transformarse y aportar nuevos servicios a sus clientes, protegiendo, asimismo, los privilegios de los proveedores de acceso.

Es escandaloso porque, por una vez que se le podía dar algo gratuito a los jóvenes, las primeras víctimas de la crisis, se prefiere engrasar a los Majors de la música y del cine, que se han convertido, cínicamente y conscientemente, en los primeros parásitos de la cultura. Y, denuncia, en especial, el papel de la izquierda que, en vez de defender la gratuidad contra el mercado, se presta a una tal hipocresía.

Y nos recuerda que a finales del siglo XVIII, las leyes sobre los derechos de autor fueron escritas para proteger los creadores contra los mercaderes y esa fue la razón de ser de las primeras sociedades de autores. Hoy se pretenden utilizarlas para proteger los mercaderes contra los creadores. Peor aún, se pretende transformar a los artistas en la vanguardia de una policía de Internet oscureciendo la democracia.

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