Rizomática

Las ofensivas contra las descargas de contenidos considerados ilegales, lideradas por una importante parte de la industria del sector y organismos colaterales, como la SGAE, están a la orden del día. De todos es conocido que la SGAE está intentando cerrar un acuerdo con REDTEL, la red de operadoras que engloba a Telefónica, Vodafone, Orange y ONO para implantar en España el “modelo francés” para perseguir y penalizar a los usuarios que compartan archivos con copyright en las redes de intercambio de archivos P2P.

El aludido modelo francés, hace referencia a el proyecto de ley “Creación e Internet” o ley “Hadopi”, un proyecto de ley relativo a los derechos de autor en Internet donde se propone la creación de una autoridad administrativa independiente que tendrá como misión la puesta en marcha de un sistema de respuesta gradual contra las descargas consideradas ilegales en la Red. Una ley que perseguirá la identificación, vía IP, de aquellos usuarios que utilizan las redes P2P para descargar contenidos considerados ilegales,  el envío de avisos y el corte del abono total o parcial de acceso a Internet en caso de que el “infractor” persista en su actividad. Un proyecto de Ley que la Ministra de Cultura y Comunicación del Gobierno francés quiere que se apruebe en la Asamblea nacional dentro de unas semanas. Una ley que no aporta ninguna idea para transformar o mejorar las fuentes de ingresos de los creadores en la era digital y lo único que garantiza es el monopolio de la distribución de las copias de obras por los productores y distribuidores de la gran industria.

Nuestros vecinos llevan tiempo denunciando el proyecto de ley en diferentes foros. Desde la denuncia por parte de la Comisión Nacional Informática y Libertades por atentar contra derechos básicos constitucionales o el informe “Riposte Graduée, HADOPI : Une réponse inapplicable, inefficace, dangereuse à un faux problème”, elaborado por la Quadrature du Net, un colectivo de ciudadanos franceses que informa sobre los proyectos legislativos que amenazan las libertades individuales, los derechos fundamentales y el desarrollo económico y social de la era digital.

En el informe se destacan dos aspectos fundamentales, el primero es que se considera una mala respuesta porque el texto jurídico es inaplicable y va acompañado por una ineficacia técnica crónica. Y, en segundo lugar, porque plantea un falso problema, ya que no está demostrada la relación entre la caída de ventas y las descargas. Asimismo, pone énfasis en que la propia industria de la música es la responsable de sus crisis por mantener modelos de negocios obsoletos y no afrontar los retos de la era digital.

El informe de la Quadrature du Net, es exhaustivo, bien documentado y argumentado. Un ejemplo de cómo se deberían articular las respuestas a los histriones, burdos pero peligrosos imitadores de la Santa Vehme.

El Consejo de Ministros del Gobierno francés aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley “Création et Internet” destinado a combatir la piratería en internet.

El proyecto de ley tiene como objetivo instaurar un sistema “pedagógico” para convencer a los internautas que deben abandonar la práctica de las descargas ilegales  si no quieren enfrentarse a una sanción.

Según la titular francesa de Cultura, Christine Albanel, cree poder reducir los actos de piratería entre un 70 y un 80 por ciento.

Para ello, se creará el HADOPI, una Alta autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet integrada por magistrados que tendrán por cometido garantizar la regulación de las medidas técnicas de protección e identificación de las obras protegidas.

El procedimiento que tienen previsto el HADOPI es el siguiente: una primera advertencia vía mensaje electrónico y una segunda vía carta certificada para que el abonado tenga constancia por escrito el reproche a su actitud. De persistir su empeño con las descargas ilegales, el abonado podrá verse privado de su conexión a internet durante un periodo que oscila entre tres meses y un año. Asimismo, se establecerán “listas negras” para evitar que el usuario privado de conexión pueda cambiar de proveedor.

El texto se apoya en los acuerdos firmados en el Elíseo el pasado noviembre de 2007 por 47 organizaciones y empresas del sector musical, cinematográfico, audiovisual e Internet.

Desde que se anunció la intención de desarrollar esta ley, diversos sectores han manifestado su rechazo más radical ya que ataca directamente las bases de las libertades fundamentales.

Según Jean-Baptiste Soufron, abogado especialista en derecho sobre Multimedia y Sistemas de Información, “este proyecto de ley está totalmente desfasado con las prácticas actuales de los franceses. No se ajusta ni al mercado, ni al interés de los ciudadanos y ni a los de las industrias culturales.

También,  Soufron denuncia la poca fiabilidad de los estudios económicos que acompañan el proyecto de ley para justificar el impacto de la piratería: las cuentas de Entertainment Media Research o el informe Olivennes, basado en las cifras de la FNAC. Y reclama que se utilicen los datos del Tribunal de Cuentas de Francia que demuestra los beneficios de las industrias de la cultura o que no hayan solicitado los datos de la evolución del gasto en telecomunicaciones de los franceses al Instituto Nacional de Estadística (INSEE).