Existe una  corriente de internautas que opinan que la Red, por su naturaleza, tiene que estar libre de cualquier control. A modo de ejemplo, uno de los blogueros más mediático de la blogosfera hispana, afirmaba hace unos días que: implantar en la red un “organismo de control” gubernamental que pretende supervisar a dónde se puede acceder y a dónde no, algo completamente inaceptable y contrario a la naturaleza de la red.

Posición que despierta mis simpatías y que me gustaría que fuese así, pero, al mismo tiempo, me parece ingenua, porque históricamente podemos observar que en la organización social y económica se van estableciendo, a medida que evolucionan las relaciones entre todos los intervinientes, sean personas físicas o jurídicas, los modos de regulación y control institucional que van estableciendo las normas jurídicas abstractas o de principios generales, y las concretas, es decir, las legislaciones o regulaciones de diferentes tipos de actividades.

Los poderes, dentro de su lógica, no van a permitir que una infraestructura y espacio clave en la actividad económica, social, cultural y política como la Red escape a los controles que consideren oportunos de acuerdo con el margen que les permita el “grado de democracia” imperante en cada momento. De la misma manera que las ordenanzas municipales regulan los usos de la vía pública en las ciudades y determinan lo que está permitido y lo que no lo está –la lista es inmensa- con las correspondientes  penalizaciones, los gobiernos están, cada vez más, intentando establecer mecanismos regulatorios y de control de la Red. Obviamente, buscan cualquier argumento para justificar las medidas desde combatir actividades claramente delictivas, hasta la defensa de intereses económicos de determinados sectores.

Lamentablemente, de la misma manera que la frontera del viejo oeste –el Far West-, donde lo viejo y lo nuevo, lo conocido y desconocido se encontraban en un espacio de libertad y confrontación permanente, se fue diluyendo con el avance de la “civilización” con sus mecanismos de regulación y control, la Red acabará siendo regulada y controlada –ya lo está en determinadas regiones geográficas o en determinadas actividades –  por organismos gubernamentales y supragubernamentales. Porque la Red ya forma parte del entramado económico, social y político de los poderes y cualquier conquista de espacios de libertad en la Red va acompañado de las conquistas previas de espacios de libertad en la sociedad.

Aunque por el momento, el hecho de la complejidad de la Red como espacio global y virtualizado que se superpone sobre los espacios físicos regionales o nacionales con normativas legales que se han ido sedimentando durante siglos, plantea una importante dificultad para  dotarse de los instrumentos y los consensos necesarios de tipo político, económico y social, que permitan establecer un marco jurídico homogéneo de regulación y control, esto no implica que los poderes de los distintos países no estén buscando dichos consensos.

Para finalizar, no debemos olvidar que técnicamente, con más o menos dificultad, es posible filtrar cualquier información de las personas que utilizan un proveedor de servicios de conexión a la Red,  sean sujetos o no de una orden judicial de intervención de las comunicaciones; el buen uso que se quiera hacer de una herramienta de control con un potencial de ser utilizada de forma abusiva de forma intencionada o no intencionada y, sobre todo la necesidad crítica de considerar, sobre todo, los derechos constitucionales y de la privacidad de los ciudadanos. Aspecto que demostró la alegación contra  “Carnivore” del abogado Tom Perrine, que se ocupaba de asuntos de seguridad en el San Diego Supercomputer Center y defensor de la privacidad en las comunicaciones, que se presentó en el subcomité de la Constitución de los Estados Unidos el 24 de julio de 2000. En dicha alegación, la cuestión clave que se planteaba con la iniciativa de “Carnivore” es que el potencial de la Red permite que, con un coste ínfimo, se puedan realizar tareas de intervención masiva de las comunicaciones vía Internet de un conjunto de ciudadanos, por el hecho de compartir un proveedor de servicios,  aprovechando una única orden judicial individual, mientras que en las tradicionales escuchas telefónicas, por su complejidad, estas tenían limitadas su alcance individuo a individuo.

Pues eso, no seamos ingenuos. No seamos como los viejos vaqueros de una frontera que fue abolida por la “civilización”. La cuestión no es la libertad de los bits –puede ser un medio-, la cuestión sigue siendo la lucha permanente por afianzar los derechos universales como seres humanos y como ciudadanos.