Víctor Hugo, uno de los escritores más importante de la literatura francesa del siglo XIX y hombre comprometido con su tiempo, en su discurso de presentación del Congreso Literario Internacional del 1878, refiriéndose a la propiedad intelectual – en el contexto, propiedad literaria-, defendía el derecho de los autores para librarse de las cadenas de las viejas legislaciones monárquicas que negaban el derecho a la propiedad literaria, “¿con qué fin?, con el fin de la esclavitud. El escritor propietario es el escritor libre. Quitarle la propiedad, es quitarle su independencia…. De aquí esta falacia singular, que sería pueril si no fuese pérfido: el pensamiento pertenece a todos, por lo tanto, no puede tener propiedad, por tanto la propiedad literaria no existe. Extraña confusión, en primer lugar, de la facultad de pensar, que es general, con el pensamiento que es individual; el pensamiento, soy yo; a continuación, confusión del pensamiento, cosa abstracta, con el libro, cosa material. El pensamiento del escritor, como pensamiento, escapa a cualquier intento de retenerlo; vuela de alma en alma; tiene este don esta fuerza, -virum volitare per ora-; pero el libro es distinto del pensamiento; como libro, es apropiable, tan apropiable que es a veces apropiado. El libro, producto de la imprenta, pertenece a la industria y determina, en todas sus formas, un vasto movimiento comercial, se vende y se compra; es una propiedad, valor creado y no devengado, riqueza añadida por el escritor a la riqueza nacional y de hecho, desde todos los puntos de vista, la más indiscutible de las propiedades. Esta propiedad inviolable, los gobiernos despóticos la violan; confiscan el libro, esperando así confiscar al escritor. De ahí el sistema de las pensiones reales. Coger todo y dar un poco. Expoliación y sujeción del escritor. Le robamos y luego lo compramos. Esfuerzo inútil, el escritor escapa. Lo hacemos pobre, el queda libre….. “

Para establecer a continuación el derecho del disfrute de la obra por el dominio público:

“Señores, entremos en el principio: el respeto de la propiedad. Reconocer la propiedad literaria, pero al mismo tiempo, fundemos el dominio público. Vamos a ir más lejos. Ampliémoslo. Que la ley otorgue a todos los editores el derecho a publicar todos los libros después de la muerte de los autores, con la condición de pagar una tasa muy baja a los herederos directos, que en ningún caso excederá el cinco o diez por ciento de los ingresos netos. Este sistema muy simple, que concilia los incuestionables derechos de la propiedad del escritor con el no menos indiscutible derecho del dominio público……”

“El principio es doble, no lo debemos olvidar. El libro, como libro pertenece al autor, pero como pensamiento, pertenece –el concepto no es muy extenso- al género humano. Todas las inteligencias tienen derechos. Si uno de los dos derechos, el derecho del autor y el derecho del espíritu humano, debe ser sacrificado, lo cierto es que será el derecho del escritor, porque el interés público es nuestra única preocupación, y todos, yo lo declaro, deben pasar antes que nosotros”

Una proclama del siglo XIX que sigue vigente en el siglo XXI, porque el debate de las “descargas ilegales” en Internet, no deja de ser la punta del iceberg de una batalla política en la que los neoliberales y sus acólitos buscan, desde hace tiempo, suprimir el dominio público y hacer de la cultura un producto como cualquier otro. El desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, requiere hacer extensible la creación y las obras culturales al dominio público y, por tanto, no podemos contemplar la cultura únicamente desde un punto de vista economicista. Porque al punto de vista de la Organización Mundial del Comercio hay que anteponer la “excepción cultural” promulgada por la UNESCO.

 En mi opinión este es el verdadero debate y no la cortina de humo de las “descargas ilegales”. El verdadero debate es la búsqueda del equilibrio entre los derechos de los creadores, autores, artistas para que puedan vivir dignamente de su trabajo y el derecho del bien común, que como bien decía Víctor Hugo, es el prioritario. Lamentablemente, estamos en una época donde los propios artistas  se confunden con simples mercaderes de libros, discos, películas…., donde muchos de ellos ceden todos sus derechos a sociedades y, por tanto, son dependientes, vendiendo su alma por algunas migajas. Como en las pensiones reales de las rancias monarquías absolutistas que denunciaba Víctor Hugo.

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Fuente: sguyvarch/Flickr

Hoy la Asamblea nacional francesa ha adoptado en segunda lectura la Ley Hadopi con 296 votos a favor y 233 en contra. La derecha francesa, salvo algunas excepciones, ha votado masivamente a favor de dicha ley que tiene como objetivo penalizar con la suspensión de la conexión de Internet en el caso de las descargas consideradas ilegales, después de un proceso de 3 avisos previos: dos correos electrónicos y una carta postal certificada.

 El resultado de la votación ha sido el siguiente: por el grupo de la Unión por un movimiento popular (derecha), han votado a favor 284, en contra 6 y 17 abstenciones; por el grupo Socialista, han votado a favor 1, en contra 190 y 6 abstenciones, por el grupo Nuevo Centro, han votado a favor 11, en contra 6 y 5 abstenciones y por el grupo Mixto, 7 en contra.

El texto tendrá que volver a pasar por el Senado y si los senadores no plantean ninguna enmienda el texto será definitivamente aceptado -si se introducen enmiendas volvería a la Asamblea para una votación definitiva-. A continuación, después de la promulgación de la ley, de aquí a final de mayo, y sus decretos de aplicación -dónde tendrán “mucho trabajo” para intentar hacerla viable- el texto se “consagrará” con la creación de la HADOPI,  es decir, la Alta autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet.

Una ley que, en opinión de sus críticos -incluido el que escribe- declara un estado de excepción y de intimidación en la Red, que será ineficaz, porque es retrograda e inaplicable por los inconvenientes técnicos que plantea la propia ley, y que no solucionará los problemas que tiene planteada la creación artística y cultural en la era digital, porque sencillamente no aborda la esencia del problema.

La cuestión que nos planteamos desde aquí es si le Gobierno español va a seguir los pasos de la derecha francesa tomando como modelo una Ley que es, por el momento, el referente de la SGAE y del anterior Ministro de Cultura. La titular actual de la cartera, la Sra. González Sinde, no se ha pronunciado sobre ella.

Fuentes: Liberatión, Le Monde

ACTUALIZACION (13/04/2009): El Senado la ha ratificado. Sarkozy ha lavado su maltrecho honor de hace una semanas cuando el proyecto de Ley fue rechazado gracias al absentismo de los parlamentarios e su grupo y algún que otro “traidor” que voto en contra. Por el momento, una “boutada du Monsieur le President”.

En Francia, el culebrón todavía continuará, por el momento sigue funcionando la democracia y los socialistas van a recurrir al Consejo Constitucional, sobre todo, poniendo énfasis en el apartado de la doble pena -el abonado que sufra la sanción deberá seguir pagando a su ISP- . Asimismo, está el tema la enmienda al paquete telecom aprobada por el Parlamento Europeo, “ninguna restricción se podrá imponer a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una decisión previa de las autoridades judiciales…” y, por tanto, las disposiciones de la Ley Hadopi quedarían sin valor ya que el derecho europeo se impone al derecho francés. Sin olvidar que las disposiciones de la Ley se tienen que desarrollar con los innumerables problemas legislativos, económicos y técnicos que conllevarán su aplicación

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Excelentísima Señora González-Sinde:

Ayer, nada más conocerse su nombramiento, la blogosfera mediática de este país (Enrique Dans, Julio Alonso, Ricardo Galli y otros) arremetió de forma virulenta contra su nombramiento. En la Red, se empezaron a crear foros y comunidades que solicitan su dimisión, por ejemplo, en menos de 24 horas un grupo de Facebook que pide que se vaya, ya cuenta con más de cuatro mil miembros. En mi opinión, aunque prematuras, todas estas reacciones tenían su base considerando su trayectoria y su posición beligerante contra el P2P y su apoyo del canon digital.

Hoy, en su toma de posesión del cargo, nos dice que cree en la Cultura “como generadora del bienestar” y que considera que “una obra de arte, un película, una novela, un cuadro… no son fruto del azar, sino del trabajo de un equipo que siempre tendrá las puertas de esta casa abiertas” y nos ha asegurado, con relación al P2P, que  su intención, “en un momento en que todos somos internautas, es que hay que tener en cuenta la opinión de todos, hay que hablar y escuchar, para así encontrar una solución que sea buena para todos“. Nos dice que llega con un “programa ilusionado“.

Hasta aquí sus primeras pinceladas programáticas sobre la política que piensa aplicar su Ministerio. Y estas primeras pinceladas me preocupan como ciudadano, porque Ud. se ha olvidado de mis derechos. En ningún momento ha dicho que las puertas de “su” casa estarán abiertas a los ciudadanos -sean internautas o no-, en ningún momento ha dicho que impulsará la Sociedad de la Información y el Conocimiento, nuestro reto del Siglo XXI, donde la Cultura, en mayúsculas, juega un papel fundamental.

Me preocupan estas primeras pinceladas, porque Ud. asume representar una de las partes, la de los “creadores” y los sectores industriales productores-comercializadores de los contenidos culturales y se olvida de lo fundamental : que la Cultura, de acuerdo con la UNESCO -Declaración de México de 1982-,  ”da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden“.  

Me preocupan sus primeras palabras, porque Ud. en sus responsabilidades anteriores y defensora de los intereses de un colectivo, atribuyó la crisis del cine español a Internet, cuando la realidad es que la crisis del cine español está en su propia estructuras.  Yo desconfío de las élites políticas y económicas que no entienden a la juventud, ni la tecnología, ni la cultura. De unas élites donde los conceptos ocio, cultura, arte, espectáculo,  negocios, cifras de ventas se emplean indiscriminadamente.

Me preocupa que tenga pensado, entre sus primeras actuaciones, aplicar en España, una ley similar a la iniciativa francesa de la Ley HADOPI, hasta el momento, el referente de la SGAE y de su antecesor en el Ministerio. Me permito un consejo, debería pedirle asesoramiento a Jacques Attali, para empezar a entender nuestro mundo. Porque como bien dice Attali, por una vez que se les podía dar algo gratuito a los jóvenes, las primeras víctimas de la crisis, se prefiere engrasar a los Majors de la música y del cine, que se han convertido, cínicamente y conscientemente, en los primeros parásitos de la cultura.

Sra. Ministra, no me voy a extender más, pero no lo dude, estaré vigilando su “programa ilusionado“, paso a paso, y ejerceré, en todo momento, la potestad que me confiere mi condición de ciudadano: mi opinión y mi voto.

Le deseo lo mejor en sus nuevas responsabilidades, tiene por delante un gran reto.

Cordialmente,

JLP

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La Asamblea nacional francesa – el equivalente al Congreso de diputados- acaba de aprobar el proyecto de Ley “Creación e Internet” o Ley Hadopi, que penaliza con la suspensión de la conexión de Internet en el caso de las descargas consideradas ilegales, después de un proceso de 3 avisos previos: dos correos electrónicos y una carta postal certificada.

La ley recoge una serie de aspectos técnicos y legales que la van a convertir en un culebrón para su implantación por su impacto. Y considerando que, por el momento, es el referente de la SGAE y del Ministerio de Cultura para España, podemos señalar algunos aspectos curiosos:

Complicará la gestión y las cuentas de los proveedores de servicios de conexión (ISP). En efecto, en el caso de que se le suspenda la conexión a un usuario, éste no tendrá que pagar la cuota de su abono durante el tiempo de suspensión. Para los usuarios con abonos tipo dúos o tríos (Internet+teléfono y televisión), en caso de corte de su conexión, los proveedores de servicios deberán suministrar el precio detallado de cada servicio y los usuarios únicamente deberán abonar los servicios no suspendidos (teléfono y acceso a las cadenas de televisión). Según última modificación, del martes día 8 de abril, los parlamentarios han decidido que  los usuarios SI que tendrán que abonar a los ISP su cuota de conexión a Internet durante el tiempo de conexión.

Introduce el “puedo prometer y prometo por mi honor, que no lo haré más”. El tiempo de sanción será de dos meses completos, sanción que se puede reducir a un mes si el usuario “infractor” se compromete moralmente a no descargar y, al mismo tiempo, abstenerse de cualquier recurso contra la sanción. Si el internauta no cumple su palabra, la sanción podrá ampliarse a un año.

El usuario tendrá la opción de autolimitarse. Si un usuario sancionado necesita Internet para su actividad profesional, la ley tiene previsto que, en ciertos casos, el internauta sancionado deberá instalar un software especial para bloquear determinados sitios y software que permite las descargas.

El espíritu G20 impregna la ley y le da un toque barroco. Se permitirá piratear a aquellos autores que residan en paraísos fiscales. Por tanto, antes de descargar, sería recomendable verificar dónde tiene fijada la residencia el autor de la obra.

Poco importará quien descargue, el titular del contrato de acceso a Internet será considerado el responsable. Por tanto, de acuerdo con la ley, los titulares del acceso deberán de contar con el correspondiente software de “seguridad” para poder, en caso descargas ilegales, demostrar su buena fe. Obviamente, la Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de la creación en Internet (HADOPI)  será quien determinará que productos son los válidos. Aspecto que plantea un tema polémico porque deja en una situación de indefensión a los usuarios de software abierto.

En fin, nace una Ley cuestionada técnicamente, diversos estudios técnicos señalan que los dispositivos para el corte de acceso de Internet no estarán operativos antes del 2011, y jurídicamente ya que es probable que el Consejo constitucional considere que la suspensión del abono a Internet, decidido por una alta autoridad administrativa independiente, y privativa de libertad, introduce una ruptura de la igualdad entre ciudadanos. Además, el derecho europeo tiende a considerar Internet como un derecho fundamental que se impone sobre el derecho francés.

ACTUALIZACIÓN (1): El texto se adoptará definitivamente el próximo jueves día 9, con el último voto de la Asamblea y el Senado. El grupo parlamentario socialista a anunciado que elevará al Consejo constitucional un recurso contra el texto invocando “la conformidad con el derecho europeo“.

ACTUALIZACION (2): Hoy, 9/04/2009, Contra todo pronóstico, la mayoría de los diputados de la Asamblea presentes en la cámara -una minoría-, a mano alzada, ha rechazo el proyecto, que previamente había sido aprobado (y endurecido) por el Senado. La ausencia de numerosos representantes y el hecho de que dos diputados de la mayoritaria UMP (el partido de Sarkozy) hayan votado en contra junto a la izquierda, ha inclinado la balanza: 15 votos a favor, frente a 21 en contra. El resultado ha sido recibido por los diputados de la izquierda puestos en pie entre aplausos.

El Gobierno puede decidir que se realice una nueva votación, aunque el texto debe entonces volver a pasar por las dos cámaras (Senado y Asamblea). El culebrón sigue…..

Fuentes: Le Monde y Le Figaro

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Faltan pocos días para que el proyecto de ley “Création et Internet” o ley Hadopi se debata en la Asamblea nacional francesa para su aprobación. Es un tema que nos afecta directamente porque la SGAE,  los intereses de una parte de la industria audiovisual y el propio Ministerio de la Cultura contemplan el proyecto de ley como un referente para aplicarlo en nuestro país.

En Francia se lamentan que la oposición a la ley, aunque activa, ha quedado restringida a los foros en la Red con muy poca repercusión en otros ámbitos de encuentro social. Una constatación de un divorcio entre el mundo virtual y real. Una constatación de la impotencia de los internautas de llevar su protesta y denuncia más allá de las fronteras de los bits.

En este panorama que no invita al optimismo, surge una voz dura, acusadora en defensa de las libertades, heredera del espíritu  del J’Accuse…! de Emile Zola  Es la voz de Jacques Attali, que acaba de publicar en su  blog el manifiesto: “Une loi scandaleuse et ridicule “.

Attali, se pregunta: ¿Cómo es que en la Francia del 2009 se pueda presentar y hacer votar en el Parlamento con los votos de la derecha y una parte de la izquierda, una ley así de indigna? Y la única respuesta que encuentra es que esta iniciativa de ley es un signo más de un país donde las élites políticas y económicas no entienden a la juventud, ni la tecnología, ni la cultura. De un país donde los conceptos ocio, cultura, arte, espectáculo,  negocios, cifras de ventas se emplean indiscriminadamente.

El manifiesto de Attali, no es la voz de un hacker, un geek. Jacques Attali, es Doctor en Ciencias Económicas, ha sido asesor de Presidentes (Miterrand, Sarkozy), fundador y primer presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, responsable del lanzamiento del programa europeo de investigación Eureka, fundador de varias ONGs, escritor de más de 30 libros de economía, matemáticas historia, ensayo, memorias, novela, y obras de teatro.

Attali considera escandaloso el proyecto de ley porque abre una vía de vigilancia general de todas las actividades y acciones de los internautas; porque su objetivo es  proteger las rentas actuales del sector de los medias sin que tengan la necesidad de transformarse y aportar nuevos servicios a sus clientes, protegiendo, asimismo, los privilegios de los proveedores de acceso.

Es escandaloso porque, por una vez que se le podía dar algo gratuito a los jóvenes, las primeras víctimas de la crisis, se prefiere engrasar a los Majors de la música y del cine, que se han convertido, cínicamente y conscientemente, en los primeros parásitos de la cultura. Y, denuncia, en especial, el papel de la izquierda que, en vez de defender la gratuidad contra el mercado, se presta a una tal hipocresía.

Y nos recuerda que a finales del siglo XVIII, las leyes sobre los derechos de autor fueron escritas para proteger los creadores contra los mercaderes y esa fue la razón de ser de las primeras sociedades de autores. Hoy se pretenden utilizarlas para proteger los mercaderes contra los creadores. Peor aún, se pretende transformar a los artistas en la vanguardia de una policía de Internet oscureciendo la democracia.

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Hace unos días nos hacíamos eco del acuerdo de la SGAE y REDTEL contra las descargas de contenidos a través de las redes P2P. Acuerdo que persigue copiar el modelo francés del proyecto de ley “Création et Internet” o ley HADOPI.

La ley HADOPI está generando un importante debate social que va más allá de una  oposición de supuestos “anarquistas de la Red”. La sección francesa de la Internet Society (ISOC) ha publicado un estudio prospectivo Loi Création et Internet « Le boomerang législatif » Janvier 2009 – Avril 2010  que intenta anticipar algunas de las consecuencias del proyecto de ley.  Consecuencias que se podrían extrapolar a nuestro país en el supuesto que se adopte el modelo francés.

Según la sección francesa de la ISOC, lejos de provocar un cambio de actitud sobre los derechos de los autores y la distribución, el proyecto de ley no está adaptado a la complejidad de la tecnología digital y, por tanto, va a generar muchas tensiones y problemas de aplicación. Algunas de las posibles consecuencias en determinados ámbitos:

• En el cambio de actitudes: el conflicto directo entre los titulares de derechos y al público se va a acentuar y va a generar una tensión improductiva sin efectos  de tipo “educativo” en el respeto de los derechos de autor.
• En las prácticas: los internautas “piratas” van a continuar las descargas de contenidos utilizando otros opciones técnicas (P2P sin tracker, repositorios de archivos, servidores de pago,…). Los intercambios “mano a mano” se potenciarán, provocando un “coming-out” de sus autores y una mayor aceptación social.
• En el mercado: Un reforzamiento del monopolio de iTunes y los inconvenientes que esta situación plantea para los productores. Asimismo, la generación de ingresos para las obras utilizarán diversas formas: publicidad/streaming, P2P legal, etc. Los productores independientes continuarán su evolución hacia ofertas directas fuertemente renumeradas.
• En los efectos colaterales: La Red dejará de ser neutra, con numerosas repercusiones: desequilibrio entre compañías productoras y entre operadores, freno al desarrollo de servicios innovadores. Los puntos de acceso no personales (HotSpots públicos, cibercafés,..) serán cerrados o restringidos a una lista blanca, en particular, las redes WiMax en las zonas rurales.
• En la política: La Red podría evolucionar desde su estado actual de neutra y universal hacia una intranet con una propuesta de un operador-productor. Además, esta ruptura provocará una politización involuntaria de la Red que puede llevar a que algunos extremistas puedan sabotear las infraestructuras. La “piratería” actual, como acto ilegal espontáneo podría devenir un acto político de rebelión contra los grandes de la industria del ocio y la cultura y anti-Sarkozy.

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Las ofensivas contra las descargas de contenidos considerados ilegales, lideradas por una importante parte de la industria del sector y organismos colaterales, como la SGAE, están a la orden del día. De todos es conocido que la SGAE está intentando cerrar un acuerdo con REDTEL, la red de operadoras que engloba a Telefónica, Vodafone, Orange y ONO para implantar en España el “modelo francés” para perseguir y penalizar a los usuarios que compartan archivos con copyright en las redes de intercambio de archivos P2P.

El aludido modelo francés, hace referencia a el proyecto de ley “Creación e Internet” o ley “Hadopi”, un proyecto de ley relativo a los derechos de autor en Internet donde se propone la creación de una autoridad administrativa independiente que tendrá como misión la puesta en marcha de un sistema de respuesta gradual contra las descargas consideradas ilegales en la Red. Una ley que perseguirá la identificación, vía IP, de aquellos usuarios que utilizan las redes P2P para descargar contenidos considerados ilegales,  el envío de avisos y el corte del abono total o parcial de acceso a Internet en caso de que el “infractor” persista en su actividad. Un proyecto de Ley que la Ministra de Cultura y Comunicación del Gobierno francés quiere que se apruebe en la Asamblea nacional dentro de unas semanas. Una ley que no aporta ninguna idea para transformar o mejorar las fuentes de ingresos de los creadores en la era digital y lo único que garantiza es el monopolio de la distribución de las copias de obras por los productores y distribuidores de la gran industria.

Nuestros vecinos llevan tiempo denunciando el proyecto de ley en diferentes foros. Desde la denuncia por parte de la Comisión Nacional Informática y Libertades por atentar contra derechos básicos constitucionales o el informe “Riposte Graduée, HADOPI : Une réponse inapplicable, inefficace, dangereuse à un faux problème”, elaborado por la Quadrature du Net, un colectivo de ciudadanos franceses que informa sobre los proyectos legislativos que amenazan las libertades individuales, los derechos fundamentales y el desarrollo económico y social de la era digital.

En el informe se destacan dos aspectos fundamentales, el primero es que se considera una mala respuesta porque el texto jurídico es inaplicable y va acompañado por una ineficacia técnica crónica. Y, en segundo lugar, porque plantea un falso problema, ya que no está demostrada la relación entre la caída de ventas y las descargas. Asimismo, pone énfasis en que la propia industria de la música es la responsable de sus crisis por mantener modelos de negocios obsoletos y no afrontar los retos de la era digital.

El informe de la Quadrature du Net, es exhaustivo, bien documentado y argumentado. Un ejemplo de cómo se deberían articular las respuestas a los histriones, burdos pero peligrosos imitadores de la Santa Vehme.

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La presidente de la Academia de Cine, Ángeles González-Sinde, en su discurso de apertura de la XXIII edición de la entrega de los Premios Goya denunció la situación de crisis por la que atraviesa el cine español y la relacionó directamente con la proliferación de las descargas de películas por Internet.

 Analizar la crisis del cine español, requiere empezar por analizar las cifras macro del sector. El primer dato que se debe considerar es que cine español, es un cine altamente subvencionado con unos presupuestos que cubren las diferentes partidas, desde el desarrollo de guiones hasta la amortización de largometrajes. El presupuesto de ayudas del Ministerio de Cultura para el 2007 fue de cerca de 66 millones de euros, de los cuales se ejecutaron más de 61 millones. A esta cifra tenemos que añadir otras ayudas directas de las Comunidades autónomas, Televisiones públicas y otros organismos públicos. Unas ayudas que en su totalidad igualan o superan la recaudación en taquilla (86,7 millones de euros en el 2007).  Es decir un cine claramente deficitario y subvencionado con los dineros de los contribuyentes.  

El cine español está lleno de muchas sombras y pocas luces. Si tomamos dos ejemplos recientes, podemos observar el fiasco de “Sangre de Mayo” dirigida por José Luis Garci con una subvención directa de 15 millones de euros de la Comunidad de Madrid y una recaudación de unos 730 mil euros que se contrasta con el éxito de “REC” de Jaume Balagueró y Paco Plaza que consiguió recaudar más de 7,7 millones de euros con un presupuesto de 1,5 millones. Y en este punto, hablando de descargas desde Internet, por su público objetivo, me imagino que la película REC se ha descargado en una proporción muy superior a la película de Garci, por tanto, podríamos afirmar que la  baja recaudación de una película no está motivada por las descargas de Internet.

Y si analizamos la taquilla, observamos que, en el 2007 únicamente el 13,5% de toda la recaudación se correspondió con la exhibición de largometrajes de producción española, un 22% del total de largometrajes. Y este bajo porcentaje de taquilla no es nuevo, es una constante desde los últimos 10 años, con pequeños picos de un incremento del 5% en algunos años por el efecto de determinadas películas que superaron el listón de los 10 millones de euros de recaudación:  La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003), Días de futbol (2003), Mar Adentro (2004), Torrente 3 (2005), El reino de los cielos (2005), Alatriste (2006) y Volver (2006).

Es cierto que se descargan muchas películas, pero me pregunto: ¿Cuántas son de producción española?, podemos afirmar que proporcionalmente al éxito de taquilla, pero el fondo de la crisis de la industria del cine español es que, salvo excepciones, las películas españolas no suscitan el interés del espectador. Y, en este punto, la Academia del Cine, el Ministerio de Cultura y otros organismos colaterales, en vez de buscar chivos expiatorios, deberían empezar a analizar y aflorar aquellos aspectos que inciden realmente en la crisis y no vale decir que la culpa la tiene la competencia desleal de Hollywood.

Fuentes: El cine y el video en datos y cifras

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Según un informe de la consultora TNO (en holandés) para el Gobierno, el hecho de compartir archivos en la Red, las denominadas descargas ilegales, tiene un efecto muy positivo, a corto y largo plazo en el mercado holandés.

El informe describe el impacto de la era digital en los modelos de negocio de las industrias culturales (música, cine y videojuego)  y concluye que aunque las descargas ilegales es una causa de perdidas directas para dichas industrias, tiene un efecto muy positivo, a corto y largo plazo, en el mercado holandés aportando, indirectamente, cerca de 100 millones de euros para la economía del país.

En la argumentación, señala que el hecho de compartir y descargar archivos permite a los internautas acceder a una amplia oferta cultural y, por tanto, descubrir nuevos contenidos antes de comprarlos. La mayoría de los encuestados afirmaron que nunca comprarían contenidos sin descargarlos y probarlos previamente. Asimismo, en el informe se señala que el hecho de que algunas personas descarguen contenidos gratis, no conlleva que se consuma menos bienes culturales que aquellos que afirman no hacerlo. Además, para determinados contenidos, como los videojuegos, los que mayores compradores son los que suelen descargar este tipo de contenidos.

En el artículo de ECRANS, fuente de esta entrada, también se hace referencia a un estudio del Gobierno canadiense de finales del 2007: “The Impact of Music Downloads and P2P File-Sharing on the Purchase of Music: A Study for Industry Canada ” donde se demostraba que aquellos que descargaban ilegalmente archivos musicales son los que compraban más discos compactos, un ratio de 0,44 CD por cada 12 canciones descargadas.

De acuerdo con estas noticias, podemos observar que, en contraposición, las conclusiones de los informes que se realizan por cuenta del sector audiovisual siguen siendo alarmistas en el sentido de que se consideran las descargas “ilegales” como un fenómeno importante que puede poner en peligro la industria del cine y el audiovisual.

Nos parece interesante que desde los poderes públicos responsables de la cultura de algunos países empiecen a realizar estudios, con una visión más objetiva, en los que se demuestra que las descargas no son tan negativas como los mensajes que nos quiere vehicular el sector industrial cultural de la producción, la distribución y sus acólitos (léase SGAE).

Por el momento, en España, las iniciativas por parte de los responsables de los asuntos culturales del país, se han alineado con el sector industrial criminalizando el hecho de las descargas caseras con campañas contra la piratería, poniéndolas, en muchos casos, en un plano de igualdad con las ventas de copias ilegales en el “top manta”. Obviamente, algunos podrán decir que este país es diferente, y considerando la picaresca de sus pobladores, el que descarga no se gasta ningún euro en bienes culturales. Pues bien, para romper con el tópico o confirmarlo, el Ministerio del ramo podría emular a sus homólogos holandés o canadiense y realizar un estudio objetivo e independiente de los intereses de determinados sectores.

Fuente: ECRANS-Le piratage et ses effets positifs sur l’économie

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Lamentablemente, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a tenor del cúmulo de noticias de sus actividades, en vez de dedicar sus energías a desarrollar nuevos modelos de negocio acordes con el siglo XXI y una Sociedad de la Información y el Conocimiento, apuesta por modelos que están más cerca de la Santa Vehme, una cofradía que en la Alemania del siglo XIV, contaba con miles de afiliados denominados Wissenden (“los que saben”), que habían jurado defender los 10 Mandamientos y eliminar todas las herejías, herejes, traidores y siervos del diablo. Las noticias que nos están llegando durante este mes avalan estos comportamientos sectarios y dogmáticos.

La SGAE cobrará por los derechos de autor de la música que se interpretó en ‘La Marató’ de TV3. Pues sí, la SGAE se embolsará alrededor de 45.000 euros en conceptos de los “derechos” de los artistas, que han participado de forma altruista y han cedido sus derechos en los discos editados por la cadena autonómica para recaudar fondos en el evento organizado por la cadena pública de televisión catalana para la financiación de la investigación sobre las enfermedades mentales.

La SGAE cobra a las casetas de Feria hasta por las sevillanas del XIX. Se paga un canon por emitir música, aunque ésta sea popular. La Sociedad se ha querellado con decenas de casetas.

Multan gravemente a la SGAE por filmar una boda sin permiso. Al parecer, la SGAE encargó a un detective que obtuviese pruebas de que en una boda en Sevilla se estaban utilizando canciones sujetas al canon y que el establecimiento no había pagado por ellas. El caso es que el detective grabó la boda a escondidas, violando así la intimidad del matrimonio y los asistentes al convite.

Tengo la impresión que la mayoría de los ciudadanos no cuestiona el derecho de que cualquier creador, artista, escritor, inventor, etc… pueda vivir de su trabajo y se organicen para proteger y administrar sus derechos de autor. También es cierto que los nuevos medios digitales y la Red están revolucionando las formas de distribución, promoción y comercialización de cualquier contenido susceptible de ser digitalizado y, por tanto, requiere un replanteamiento de los modelos de negocio tradicionales de comercialización de los trabajos de cualquier autor o editor. En este contexto, los autores deberían replantearse la visión-misión actual de la SGAE.

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