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Operación Palace o la ilusión de la verdad del 23F

manipulacion_elrotoAyer, tuvimos la oportunidad de ver un excelente documental de ficción o falso documental (mockumentary) en la cadena de televisión privada La Sexta bajo el título de Operación Palace, dirigido por Jordi Évole. En el documental se recreaba la idea de que 23F fue un golpe de Estado de ficción ideado y pactado por los políticos de la época con el beneplácito del Rey y de los militares para salvar una democracia débil y consolidar la institución monárquica. Eso sí, Tejero quedaba como el  tonto de la película. Obviamente, el tema no dejó indiferente a nadie.

Desde un punto de vista de la producción, nos encontramos con un buen guión de ficción que junto con la habilidad de Évole y su equipo de conseguir la complicidad de un buen plantel de periodistas y políticos de la época, consiguió engañar a muchos espectadores crédulos. Entre ellos unos cuantos profesionales de la política o de la comunicación, tal como se evidenció en el flujo de tuis que se generó tal como iba desarrollándose la proyección de la farsa histórica-política. Como escribió Pepe Oneto en Twitter (@oneto-p) a las 22:50:  ”La principal repercusión de #OperaciónPalace es que ha sido el acontecimiento que ha provocado más tuits borrados al conocer el final”.

El primer aspecto a señalar, importante, es que cada vez más estamos inmersos en la era de la comunicación líquida (parafraseando al autor de la Modernidad Líquida, Zygmunt Bauman) o la tendencia, generalizada, a reaccionar ante una frase, declaración, imagen o párrafo sin reflexión ni contextualización; y la necesidad imperiosa de ser el primero en opinar o difundir una presunta información sin ningún contraste que permita garantizar su veracidad.  En definitiva, una forma acrítica de la percepción de la realidad y su análisis. Sin olvidar, la falta de vergüenza, por parte de aquellos que dieron crédito a un relato, lo comentaron y, posteriormente, al descubrir el engaño, su reacción fue borrar inmediatamente lo que habían publicado en las redes sociales. Lo más correcto, lo más honesto intelectualmente, hubiese sido reconocer que habían sucumbido a la trampa del relato y felicitar al autor.

El segundo aspecto tiene que ver con la acusación de manipulación de la audiencia. En mi opinión, no existió manipulación si partimos de la premisa de que como un buen relato, al final, se desvela la trama, en este caso, la falsedad o parodia de algo que no ocurrió, pero que, en nuestro imaginario, podía haber ocurrido. Se podrá invocar que el falso documental se proyectó dentro de la parrilla horaria de un programa dedicado a realizar periodismo critico y veraz (Salvados) y, por lo tanto, podía inducir a confusión o engaño a los espectadores. En mi caso personal, los primeros minutos me provocaron sorpresa e interés, era una invitación a una gran relevación. Sin embargo, al poco tiempo, reflexionando sobre tal como se iba explicando la trama y los guiños a la inverosimilitud percibí que era pura ficción y como tal, me relajé y me dedique a disfrutarlo. En todo caso, agradecer a Évole su invitación a reflexionar sobre la veracidad de las noticias, informaciones o relatos que aparecen en los medios de comunicación. La legión de periodistas o pseudoperiodistas que están arremetiendo contra Évole, deberían dedicar sus energías a denunciar y desmontar las constantes manipulaciones que recibimos constantemente desde el poder político y económico.

El tercer aspecto y último, es que, como se deja entrever en el falso documental, todavía no tenemos un relato veraz de lo realmente ocurrió en la génesis, desarrollo y desenlace del golpe militar del 23 de febrero. Hay muchos documentos clasificados y muchos silencios institucionales que invitan a otorgarle una credibilidad a otros relatos más cercano a una presunta “verdad”.

No debemos de olvidar que, en la sociedad del espectáculo, nuestra memoria es frágil. Al fin y al cabo, las famosas imágenes televisivas de la entrada de Tejero en el congreso no se vieron, en realidad, hasta el día siguiente. Sin embargo, muchas de las personas que vivieron aquellos momentos, hoy, están convencidos que las vieron en directo a las 18:23 de aquella tarde. Una forma de alteración del imaginario colectivo.

¿Para cuándo los guiones verdaderos de los relatos del 23F y de la modélica Transición que nos vendieron?

Las cuentas del Rey en una sociedad en crisis

El Rey en su discurso de la última Nochebuena: “Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos

El año 2011, fue el primer año en que se hizo público el presupuesto de la Casa Real. Según dicho presupuesto la cantidad global asignada para el ejercicio 2011, fue de 8.434.280 euros, de los cuales 140.519 euros corresponden a la asignación del Rey de España a los que hay que sumar 152.233 en concepto de gastos de representación. Asimismo, el Rey como el resto de la familia real están sujetos al pago de todos los impuestos, entre ellos, el IRPF. Es decir, aplicando las cuentas de la vieja, a la asignación personal del Rey hay que descontarle el 49% según el tramo correspondiente al ejercicio 2011-2012 (asumimos que el contribuyente no está desgravando por vivienda o planes de pensiones). Es decir, la asignación neta es de unos 72 mil euros. Si tenemos en cuenta que el Rey no tiene gastos personales por vivienda, manutención, vestimenta y otros gastos comunes que ya deben estar incluidos en los gastos de representación y en diferentes partidas de la Casa Real y otros organismos del Estado, por tanto, el Rey dispone de 72 mil euros para gastárselos en lo que considere oportuno sin tener que dar cuentas a nadie.

Sin embargo,  en el reciente viaje privado a Botsuana para participar en una cacería de elefantes (lo hemos conocido gracias al accidente que ha sufrido), de acuerdo con las informaciones que van apareciendo, el coste del paquete básico de Rann Safaris para este tipo de actividad es de unos 45 mil euros, es decir, el 62% de los ingresos netos de su majestad el Rey. Además, tendríamos que sumar otros gastos como los desplazamientos y alojamiento, tanto del del Rey y de su séquito de seguridad, una cantidad difícil de evaluar (en la cacería del 2006 del oso presuntamente emborrachado con vodka en Rusia, la prensa local filtró que Juan Carlos se desplazó en un avión de la Fuerza Aérea con un séquito de 29 personas). Es decir, es de suponer que los 45 mil euros es una minucia del coste total de los días de asueto de su graciosa majestad, que se podría estimar en unos cientos de miles de euros, practicando el innoble “deporte” de dar muerte a un elefante (una gran contradicción para alguien que es Presidente de Honor de WWF/Adena, una asociación de defensa de la naturaleza).

La cuestión clave es conocer, si el Jefe del Estado ha pagado de su bolsillo (sea por  su asignación o patrimonio personal), TODOS los gastos que se derivan de su reciente actividad privada o estos han ido a cargo de las diferentes partidas del presupuesto de la Casa Real y de otros organismos del Estado. Porque en este segundo supuesto, nos encontraríamos con una turbia actuación agravada por el contexto actual de crisis económica donde se le están obligando a los ciudadanos (¿tenemos que hablar de súbditos?) a soportar recortes y ajustes en una economía en recesión que condena a un número significativo a sufrir penurias, llegando algunos casos a la más absoluta miseria. En este supuesto, la actuación del Jefe del Estado sería deleznable considerando sus ámbitos de responsabilidad en una sociedad democrática.

Lamentable que en el anteproyecto de la futura Ley de Transparencia la Casa Real esté exenta de rendir cuentas, y tengamos que soportar la opacidad de una institución que para algunos ciudadanos la consideramos trasnochada por unos privilegios que no casan con una sociedad moderna y democrática. Porque las cuentas del Rey son muy opacas, tan opacas que no se conoce su fortuna personal y como la ha ido obteniendo (estimada en unos 1.800 millones según la revista Forbes y Eurobusiness), además el Estado está aportando cientos de millones que no figuran en el presupuesto de la Casa Real: el Patrimonio Nacional en el mantenimiento de palacios y otras posesiones; el Ministerio de Administraciones Públicas aportando asesores y funcionarios de élite; el Ministerio de Economía manteniendo un abultado parque móvil de vehículos de alta gama; y los Ministerios de Defensa o Asuntos Exteriores haciéndose cargo de todos sus viajes.

Sin olvidar, los regalos que recibe por “suscripción empresarial” como el caso del yate Fortuna (estimado en 16 millones de euros) y otras aportaciones o prebendas generosas que no se pueden investigar porque está blindado por el artículo 56 de la Constitución que establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

En fin, la asignación conocida que pagamos los ciudadanos al Jefe de Estado, deberá cubrirle únicamente los aperitivos, el resto opaco, muy opaco.  Lamentablemente sufrió una caída con consecuencias para su salud, sin embargo, afortunadamente, destapó a la opinión pública, en el aniversario de la II República,  sus actividades privadas. Twitter, cada vez más, es un barómetro en tiempo real de la opinión de una parte de la ciudadanía, sobre todo del sector más joven, y el 14 de abril el Time Line fue un continuo flujo agridulce (humor e indignación) de mensajes denunciando la actitud del Jefe del Estado. Indignación por las contradicciones de alguien que, en tono paternalista, afirma que el paro juvenil no le deja dormir y, al mismo tiempo, se dedica a cazar elefantes presuntamente a cargo de las contribuciones de todos los ciudadanos cuando el país se encuentra en una situación de emergencia. Pues eso, muy poca ejemplaridad por parte del Jefe del Estado.

 

Andalucía: Cara y Cruz de un Gobierno Abierto con ERE

El Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, publicó ayer los datos de la investigación realizada por funcionarios de su departamento sobre las irregularidades en los ERE  en su página personal de Facebook y en su blog personal unos minutos antes de atender a los medios de comunicación tradicionales. Obviamente, la oposición del Gobierno Andaluz arremetió contra esta iniciativa calificándola de actitud adolescente (procedimiento de un “quinceañero”) o de una actitud friki.

No voy a entrar en los aspectos de la crítica del principal partido de la oposición en los usos de la Red, están aprendiendo y “piano, piano se arriva lontano”. Su crítica obedece más a la actitud del perro de presa cegado por sus propios casos de corrupción que no quiere soltar una posible pieza que potencialmente les aportaría réditos electorales.

Creo que es importante que los político con responsabilidades de gobierno utilicen los medios sociales como vía directa de comunicación con los ciudadanos y en pro de la transparencia en la gestión pública.  En este caso Manuel Recio lleva un cierto tiempo apostando por los medios sociales como vía para impulsar un acercamiento de la Administración hacia los ciudadanos. Aún más, de los políticos que sigo en Twitter, es uno de los pocos que dedica una parte de su tiempo a dialogar en dicho medio. En otras palabras, una gota en el inmenso océano de los medios sociales.

Sin embargo, al margen del grado de simpatía y afinidad que pueda tener por las actuaciones de Recio en un turbio asunto heredado como los fraudes en los ERE, no debemos olvidar los aspectos realmente importantes en cualquier iniciativa de Gobierno Abierto y su implicación con los medios sociales.

El hecho de que los miembros de un gobierno (políticos, funcionarios,..) sean más o menos activos en la Red no implica que se asumen las premisas de Gobierno Abierto. Estas premisas pasan, principalmente, por la transparencia en los contenidos que se transmiten y como se transmiten. Y, en mi opinión los resultados de la investigación interna sobre las presuntas irregularidades publicados por el Consejero en su página personal de Facebook, más que un ejercicio de transparencia es un acto a la defensiva aportando unos datos con el objetivo de minimizar un problema tal como podemos observar en el texto aportado.

Sencillamente, no se minimiza el problema diciendo que el 96,94% de los expedientes de los ERE analizados no presentan ninguna  irregularidad y que únicamente el 1,20 % de los expedientes que fueron aprobados son de personas, 72 para no jugar con porcentajes, que nunca han trabajado en las empresas por las que están cobrando una póliza.   Además de otros 111 trabajadores que presentan discordancias administrativas.  El hecho real es que hay 72 personas de 24 empresas que han defraudado por el momento, 9 millones de euros. Es decir hay un problema importante a pesar de que, según el propio Recio, existe su compromiso de que se  va a intentar recuperar hasta el último céntimo. La cuestión clave no son las magnitudes de las cifras son los hechos. Hace poco dimitió el Ministro de Asuntos Exteriores del Japón por recibir una simple donación de 450 euros, que fue considerada irregular. No dimitió por una cantidad ridícula dimitió por el hecho. Un gran matiz.

Hay un problema porque existe una trama que ha estado defraudando a la Hacienda Pública, la de los andaluces y la del resto de españoles que contribuimos con nuestra corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial. Una trama donde ya es obvio que han participado las personas que se benefician de los ERE y han participado las empresas que los presentaron, todos ellos identificados por la investigación interna promovida por Recio. Pero falta la tercera pata, la de los funcionarios y altos cargos de la propia Junta que gestionaron y aprobaron los expedientes. Y de esta tercera pata no hay rastro en el contenido publicado por Recio.

En mi vida profesional he dedicado más de 20 años a analizar, como consultor externo, circuitos de trámites de expedientes de todo tipo para su informatización en los tres niveles de las AA.PP. y si hay algo que caracteriza un procedimiento para tramitar un expediente es el rigor y control, algunas veces discutible, en sus distintas fases hasta su aprobación o denegación, quedando registrada toda la documentación aportada, pruebas, informes y las personas que van interviniendo durante todo el proceso. Por tanto, es de suponer que se cometieron algunas irregularidades internas al permitir la aprobación de los expedientes de los ERE.

La transparencia no es decir que únicamente se ha detectado un 1,20 % de fraudes o que únicamente se ha defraudado el 1.39 % de 647 millones de euros. Es un dato,  pero la transparencia es decir que mecanismos administrativos han fallado y por qué han fallado asumiendo las responsabilidades políticas si procede. Esto es lo que hay que contar a la sociedad, sea en las redes sociales o en los medios de comunicación tradicionales si la apuesta real es por un Gobierno Abierto, caiga quien caiga.