Del vivir por encima de nuestras posibilidades a la gran estafa

El ha vivido por encima de sus posibilidades

La famosa frasecita de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidadesse ha instalado en nuestro inconsciente a fuerza de repetición y repetición como si se tratase de un mantra. Es la frasecita que forma parte del preámbulo de la mayoría de los discursos (relatos) de políticos y tertulianos en defensa de las medidas de ajustes y recortes en el sector público. Sin embargo, la realidad es otra, una gran mayoría de los ciudadanos han vivido dentro de sus posibilidades, pagando religiosamente sus impuestos y asumiendo, algunos de ellos, deudas que podrían ser consideradas razonables en un contexto de bonanza económica con unos gobernantes les animaban y excitaban al consumo desenfrenado. Ahora bien, hubieron (hay) unos pocos que actuaron (actúan) como depredadores amasando grandes fortunas gracias a la especulación, la corrupción generalizada y las “estafas de guante blanco” propiciadas por el sistema financiero gracias a la displicencia de los organismos reguladores y de los gobiernos, tanto central como autonómicos.

Con una perspectiva histórica, es cierto que hemos vivido una fase expansiva de la economía española (un incremento medio anual del PIB del 3,5%) que se inició a partir de 1995 y finalizó a principios de 2008.  Los aspectos más relevantes de esa fuerte expansión estuvieron arropadas por la bonanza económica exterior; la bajada de los tipos y la ausencia de riesgo de tipo de cambio dentro de la zona euro que llegó a provocar la existencia de tipos de interés reales negativos; el aluvión de miles de millones de euros de los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea; el ajuste de las cuentas públicas con la privatización de grandes empresas públicas en un 100% (Seat, Campsa, Endesa, Repsol, Gas Natural, Telefónica, Argentaria…); o las medidas de la liberalización del suelo y los efectos perversos que conllevó (recalificaciones urbanísticas en manos de políticos que propició una extensa corrupción a lo ancho y largo del país). Este entorno alentó el aumento de la confianza de los inversores y un fuerte aumento del crédito que conllevó el aumento de la demanda de viviendas (nos decían que alquilar era tirar el dinero) y de bienes de consumo y posteriormente el aumento de la inversión y el empleo de las empresas favorecidos por esa mayor demanda. Esta expansión fue acompañada de la llegada masiva de emigrantes que provocó un nuevo impulso al consumo y a la inversión española, fundamentalmente a partir del año 2002, atraídos por la creciente demanda de empleo en el sector de la construcción y de los servicios básicos de bajo nivel añadido como la hostelería,  la agricultura y el servicio doméstico.

No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hemos vivido un periodo de fraudes, engaños, timos, desfalcos, trampas y farsa que han beneficiado a unos pocos. La clase política gobernante en todo este periodo lo ha permitido (activamente y pasivamente). El grado de irresponsabilidad de los responsables de la gestión del bien común (el de los ciudadanos) sería inaceptable en cualquier país con tradición democrática.

Es obvio que una gran mayoría de los ciudadanos confiaban en unas perspectivas de crecimiento y mejoras en su calidad de vida si tenemos en cuenta los mensajes que les llegaban desde los responsables políticos y económicos. Por ejemplo, el relato autocomplaciente de que España superaría la renta per cápita de Alemania en 2010 (enero 2007) o que el sistema financiero español es el más sólido del mundo (septiembre 2008); o, el efecto del deslumbre de grandes obras públicas (AVE, Aeropuertos, …) y otros equipamientos realizadas por el Estado, los gobiernos de CC.AA. y los Ayuntamientos con criterios basados en el clientelismo político y los delirios de grandezas de algunos responsables políticos, y no con criterios de transformación de nuestro entorno económico. El resultado: miles de millones de euros enterrados en una economía especulativa y no productiva.

No se les puede pedir a los ciudadanos que sean expertos en economía y finanza. La gran mayoría confiaba en las instituciones, se les decía que el país iba bien y se les invitaba a consumir y consumir. Cuando se empezó a evidenciar que todo el entramado económico sobre el que se había sustentado el crecimiento se estaba desmoronando,  aún nos decían que no,  que la crisis no iba con nosotros porque era un problema exterior.

No se les puede pedir a los ciudadanos “responsabilidad” cuando un número importante de ellos fueron literalmente engañados por los empleados de las oficinas de las entidades financieras (la perversión de los incentivos y las comisiones). La gran mayoría se acercaban a dichas oficinas confiados y los empleados les ofrecían hipotecas por el 100% para la compra de una vivienda, con “sólidos” argumentos les decían que no había problemas para concederles el préstamo hipotecario. En algunos casos hasta les ofrecían hasta el 120% para financiar otras compras (un nuevo coche, amueblar la  vivienda, etc.). Unos de los colectivos más afectados fueron los emigrantes (¿Se aprovecharon de su desconocimiento?). Obviamente, todo legal, aunque se estaba armando una bomba de relojería que explotaría en algún momento (ya nos ha explotado).

Lo peor, es que algunas entidades financieras no se limitaron a “engañar”, literalmente estafaron con productos financieros. Como el caso de las participaciones preferentes, un producto financiero complejo,  con cientos de miles afectados, pensionistas y pequeños ahorradores, que fueron estafados con un producto indebidamente “comercializado” con cláusulas abusivas por falta de información suficiente.

Algunos afirmarán que existe la responsabilidad individual de los ciudadano, el cuál es libre en su toma de decisiones, tanto en temas económicos como en la elección de sus representantes políticos. Es cierto, somos “libres” pero sometidos a una estructura ideológica del sistema con todos los instrumentos que permiten la influencia (manipulación) sobre la opinión pública. Tenemos unas estructuras políticas (los partidos políticos) con un sistema de financiación que es uno de los agujeros negros de nuestro sistema democrático por su falta de transparencia y que propicia la corrupción (Filesa, Gürtel, Millet,…) o el sometimiento directo al sistema financiero al depender de los créditos con unos tipos de interés bajísimos, inalcanzable para cualquier ciudadano, o las facilidades en la renegociación de las condiciones que ha conducido a algunas condonaciones de sus deudas. Obviamente este trato de favor siempre ha ido acompañado de importantes contrapartidas al sector financiero, llegando al indulto de banqueros condenados o a la amnistía fiscal encubierta a dirigentes de grandes instituciones y sus familiares. La clase política no actúa con libertad, esta sometida a los intereses de las grandes corporaciones (refugio para muchos cuando cesan sus actividades públicas o para sus familiares más directos) y del propio sistema financiero que los financia.

Desde el poder, hoy se nos está diciendo que como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y debemos aceptar los ajustes, recortes y reformas para equilibrar el déficit público. Son recortes dirigidos a la gran mayoría de la ciudadanía, los que no han vivido por encima de sus posibilidades, y se traduce en menos sanidad, menos educación y menos servicios sociales. Son recortes de los salarios de funcionarios y empleados públicos para reducir las partidas de gasto de los presupuestos. Son reformas que merman derechos laborales y precarizan el empleo en busca de un incremento de la productividad y competitividad centrada únicamente en los costes de los recursos humanos.

Nadie sabe cuanto hay que recortar o ajustar, cada semana aparece un nuevo pufo: deudas no contabilizadas o previsiones erróneas en ingresos en el sector público. Asimismo, se está procediendo al rescate del sector financiero con los recursos públicos en detrimento de los derechos y prestaciones de los ciudadanos. En estos momentos, Bankia es el paradigma de nuestra crisis financiera particular. La de una entidad que declaró unos beneficios de 383 millones hace 3 meses, ha pasado a reconocer que en realidad sufrió perdidas de 4.306 millones antes de impuestos. La de una entidad que recibió cerca de 4.500 millones de dinero público para sanear sus cuentas y hoy, necesita una inyección de 19.000 millones adicionales.  Obviamente, el Gobierno ya ha manifestado que no va pedir responsabilidades a los gestores de Bankia, y dudo que la oposición (PSOE, IU, Sindicatos,..) vaya a presentar una batalla frontal porque, junto al Partido Popular y representantes empresariales, han formado parte del consejo político de dicha institución. Se cumple la máxima: socializar pérdidas y privatizar beneficios. Obviamente, con gobiernos y bancos que mienten y ocultan sus pufos, la credibilidad en el exterior es nula. La “marca” España está bajo mínimos.

No, no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades hemos sido víctimas de una gran estafa donde los trileros de guante blanco han actuado con total impunidad con la complicidad de los políticos-ganchos que nos hacían creer que era fácil ganar en el juego que nos ofrecían. Nuestra crisis va más allá de una crisis económica, es la crisis entre representantes y representados.